
El ministerio Público Fiscal de Río Negro imputó a un nuevo acusado por el homicidio de Julián Dobra de la Canal, ocurrido el 17 de abril pasado en la ciudad de General Roca. Se trata del octavo imputado en el asesinato del hombre de 32.
El sospechoso tiene 18 años y fue arrestado el viernes tras un operativo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía de Río Negro. La detención se produjo luego de avanzar con los cruces de llamadas y el análisis de escuchas telefónicas. Pasado el mediodía comenzó la audiencia de imputación.
Según comunicó el MPF, el octavo imputado formaba parte del grupo que “organizó el encuentro con la víctima detrás de la defensa aluvional” de Roca, donde, según la acusación, engañaron a Dobra de la Canal para concretar la reunión y luego lo agredieron con golpes y un arma de fuego, causándole heridas que resultaron fatales.
El hecho se habría desarrollado entre las 19:48 y las 20:23, en el marco de un plan trazado por una sexta persona, de acuerdo con la fiscalía.
De acuerdo con la acusación, el joven participó en la ejecución del plan, en el apoderamiento del auto de la víctima y en el ingreso a su domicilio, donde habrían sustraído una bicicleta y una consola de juegos utilizando la llave original.

Según el diario Río Negro, los investigadores habrían detectado comunicaciones que relacionan al joven con algunos de los imputados ya formalizados en el expediente. Más de 40 celulares fueron analizados, incluyendo el de la víctima.
La calificación legal atribuida es la de coautor de los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, y hurto calificado por el uso de llave verdadera sustraída, ambos agravados por la participación de menores de edad.
Durante la audiencia realizada el viernes, la Fiscalía presentó los elementos probatorios recolectados para fundar la formulación de cargos, como actas, documentos, cotejos biológicos, rastros hallados en la escena, registros de cámaras 911, informes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, entrevistas, resultados de allanamientos y peritajes de teléfonos secuestrados.
La defensa oficial del imputado se opuso a los cargos y solicitó medidas de resguardo para las víctimas ante el temor manifestado, mientras que la fiscalía pidió la prisión preventiva del nuevo imputado, por el mismo el plazo establecido para los otros miembros del grupo.
Entre los acusados hay cuatro menores de edad. Además, uno de los adultos continúa bajo arresto domiciliario, controlado mediante una tobillera electrónica.
El juez de Garantías, Julio Martínez Vivot, definió el jueves como “compleja” a la causa y extendió el plazo de investigación hasta mayo de 2026. Con ello, la prisión preventiva de los mayores de edad y las medidas de coerción impuestas a los adolescentes implicados.
La defensa solicitó, en cambio, la colocación de una tobillera electrónica, argumentando que no existían elementos suficientes para justificar la privación de la libertad. No obstante, el magistrado tuvo por formulados los cargos e impuso la prisión preventiva. “Instó a que las medidas de prueba pendientes se produzcan con la mayor celeridad posible”, informó el MPF.
El caso
La víctima fue vista por última vez la tarde del 16 de abril, cuando salió de su departamento en la calle General Paz al 2200. Abandonó el complejo en su automóvil Suzuki Fun, pero nunca regresó. Los familiares denunciaron su desaparición y, tras intensos días de búsqueda, un grupo de vecinos encontró el cuerpo el 30 de abril, en un sector descampado de bardas.
La autopsia preliminar estableció que el joven recibió dos disparos en la cabeza efectuados con un revólver calibre .22. Los peritos estimaron que el asesinato ocurrió entre dos y tres días después de su desaparición.
Luego del hallazgo del cuerpo, la fiscal jefa Belén Calarco y el fiscal Marcelo Ramos imputaron a Julio César Salgado, Leandro Navarro y Walter Méndez, además de dos adolescentes, como presuntos responsables de un homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y la participación de menores. Posteriormente, el juez Martínez Vivot concedió la excarcelación de Salgado.
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