Imputaron y les dictaron prisión preventiva a los detenidos por los 364 kilos de cocaína hallados tras la caída de la avioneta en Salta

Este viernes imputaron y les dictaron prisión preventiva a los cinco hombres detenidos por el contrabando de 364 kilos de cocaína hallados en una avioneta accidentada en una zona rural de Rosario de la Frontera, provincia de Salta.

La medida, dispuesta por la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, se produjo a pedido de la Unidad Fiscal Salta en una causa que volvió a exponer la magnitud de las operaciones del narcotráfico trasnacional en el norte argentino.

El episodio se inició el martes pasado, cuando vecinos de Rosario de la Frontera advirtieron vuelos irregulares de una avioneta que finalmente se precipitó sobre un campo, colisionando contra un automóvil y una arboleda antes de incendiarse. Al arribar al lugar, personal de Gendarmería Nacional encontró la aeronave dañada, un auto Volkswagen Gol Trend totalmente calcinado y tres bolsones dentro de la cabina de vuelo, donde se contabilizaron 136 kilos de cocaína. La escena activó una investigación que, en menos de 24 horas, permitió dar con el resto de los involucrados y recuperar otros 228 kilos de la droga, escondidos en bolsos y enterrados a 70 kilómetros del accidente.

La avioneta, procedente de Bolivia, operaba de manera irregular y era piloteada por Juan Pablo Quinteros Peredo y Henry Álvaro Mercado Cuajera. En tierra, un segundo equipo esperó la llegada de la droga: Julián Darío Mansilla, Jonathan Alejandro Gómez y Jorge Alberto Cuellar son los señalados como cómplices. Según los fiscales Eduardo Villalba, Mariana Gamba Cremaschi y la auxiliar Florencia Altamirano, los cinco conformaban una organización narcocriminal estructurada, con roles definidos para ingresar y distribuir estupefacientes internacionalmente.

Los movimientos sospechosos posteriores al accidente fueron determinantes para acelerar las detenciones. Mansilla se presentó en una comisaría de Antillas y radicó una denuncia por robo de su auto, aunque la policía ya lo había vinculado a la organización tras hallar documentación suya junto a la aeronave. Gómez fue interceptado poco después en un control en El Durazno. Durante los interrogatorios surgió la pista de que una parte del cargamento se encontraba oculta en un campo, información vital que derivó en el hallazgo de los 228 kilos de cocaína enterrados.

Mientras tanto, los dos pilotos, con lesiones visibles, intentaron pasar inadvertidos en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera, pero llamaron la atención al intentar comprar bebidas energizantes pagando en dólares. El personal del comercio, alertado por la rareza de la transacción y el contexto, dio aviso a la policía y se concretó la detención. Por último, Cuellar fue arrestado en la casa de una conocida en Antillas, completando el cuadro de detenciones y dejando a toda la presunta estructura bajo control judicial.

La audiencia de formalización —realizada con presencia de numerosos periodistas por el alto impacto del caso— fue encabezada por los fiscales del Ministerio Público Federal, quienes sostuvieron la imputación por contrabando de importación de estupefacientes, agravado por el número de intervinientes y el uso de una aeronave. A los pilotos, ambos de nacionalidad boliviana, se los sindica como coautores, mientras que a Mansilla, Gómez y Cuellar se los considera partícipes necesarios, con la imputación alternativa de transporte agravado por el número de personas.

El MPF insistió en el “grado de peligrosidad” y la estructura compleja de la banda, alertando sobre el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación si se concedía libertad. Argumentó también que la gravedad de los hechos y el volumen de droga incautada implican altas expectativas de pena y compromisos internacionales ineludibles para la Argentina en materia de persecución del narcotráfico.

De acuerdo con la resolución de la jueza Giménez, la investigación contará con un plazo de seis meses de instrucción y detención preventiva, con autorización de diversas pericias técnicas complementarias para robustecer la causa. Las defensas de los acusados intentaron relativizar los cargos y pidieron mayor precisión sobre la conducta de cada uno, pero los representantes del Ministerio Público reiteraron que cada rol se encuentra jurídicamente descripto y tipificado conforme las pruebas reunidas en los operativos y los testimonios iniciales.

El fiscal general Villalba resaltó la actuación coordinada de Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía de la Provincia de Salta, destacando las “bondades del sistema acusatorio” por su celeridad y transparencia. Subrayó la importancia del operativo para interrumpir el flujo de drogas en corredores aéreos “calientes” y subrayó el carácter ejemplar del procedimiento y de la respuesta judicial. Mientras se profundiza la pesquisa, el caso es seguido con atención por la Procuraduría de Narcocriminalidad y otros actores federales, en un contexto de creciente presión social por el combate integral al narcotráfico y el control de rutas y espacios vulnerables en la frontera norte del país.

Ante la notoriedad de este caso, el jueves, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aprovechó para insistirle al Congreso de la Nación por la sanción de una ley de derribo y radarización.