Buscan identificar otros dos perfiles de ADN encontrados en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

A más de tres meses de la detención de Matías Jurado (37), el presunto asesino serial de Jujuy, la Fiscalía solicitó que la prisión preventiva fuera extendida para poder continuar con la investigación. Según explicó el fiscal, Guillermo Beller, aún quedaría identificar dos perfiles de ADN que, se presume, corresponderían a otras dos víctimas del acusado.

El acusado fue detenido el 30 de julio de este año y, desde entonces, fue imputado por cuatro los homicidios agravados de Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60) y Juan José Ponce (51). No obstante, el fiscal anticipó que próximamente se sumará un nuevo cargo por el crimen de Juan Carlos González, la quinta víctima identificada.

En el marco de la investigación, se impuso una prisión preventiva, que tenía fecha límite el 4 de diciembre, pero Beller explicó que la acumulación de evidencia y la necesidad de agotar todas las instancias periciales hacen inviable la realización del debate oral antes de esa fecha.

“Vamos a tener una audiencia donde se va a plantear al juez que otorgue la prórroga de la prisión preventiva, hasta que estemos en condiciones de llevar a cabo el debate”, detalló al remarcar la complejidad y el volumen de pruebas que componen el expediente.

De acuerdo con la información publicada por Jujuy al Día, uno de los principales obstáculos para avanzar hacia el juicio reside en el análisis de dos perfiles de ADN obtenidos en la vivienda del acusado, que aún no han podido ser cotejados. “Esa es una de las cosas que llevan un tiempo y no queremos apresurarnos para no dejar nada fuera”, afirmó.

En línea con esto, la Fiscalía coordinó con familiares de personas desaparecidas para que puedan aportar muestras de ADN y así facilitar la identificación de los restos hallados. “Todavía están inconclusos esos dos perfiles abiertos y no han podido ser cotejados con ninguna de las muestras que tenemos hasta el momento”, precisó Beller.

En cuanto a la posible fecha de inicio del juicio, el fiscal consideró que el proceso podría comenzar el próximo año. “Entiendo yo que tiene que ser el año que viene. Quizás desde febrero o marzo podamos estar hablando de una fecha”, vaticinó.

Mientras que Jurado mantiene su postura y proclama su inocencia, el investigador explicó que el imputado ejerce su derecho a no declarar y que su estrategia de defensa podría consistir en sostener esa versión. “Por la presunción de inocencia, hasta que un juez o en este caso un tribunal lo encuentre culpable con todas las garantías dadas en un juicio, él sigue siendo inocente. Por eso se habla de presunto autor de dichos delitos”, profundizó.

En el plano pericial, la Fiscalía ya incorporó al expediente el resultado de la última evaluación psiquiátrica que le realizó una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta. Según el informe, se concluyó que el imputado es plenamente responsable de sus actos. Esta es la segunda pericia psiquiátrica realizada, luego de que surgieran dudas iniciales sobre su salud mental.

De esta manera, el dictamen estableció que comprendía la criminalidad de sus acciones y tenía capacidad para dirigir su conducta en el momento de los hechos, lo que descarta la inimputabilidad. Este resultado complicaría la estrategia de la defensa, que evaluaba cuestionar la capacidad mental del acusado como parte de su planteo.

Por otro lado, la reconstrucción de los hechos, basada en la investigación y los testimonios recabados, permitió identificar un patrón en el accionar del acusado. Aparentemente, Jurado seleccionaba los días viernes para acercarse a lugares frecuentados por personas en situación de calle, a quienes ofrecía trabajos eventuales o bebidas alcohólicas.

Mediante esa oferta, el acusado lograba persuadir a las víctimas para que lo acompañaran hasta su domicilio en el barrio Alto Comedero. Una vez en la vivienda, el adolescente que residía con él solía retirarse, quedando las víctimas a solas con Jurado.

En ese contexto, los investigadores sostienen que el acusado sometía a las personas y procedía a descuartizarlas. Parte de los restos humanos eran enterrados en la casa, mientras que los otros eran incinerados para reducirlos. Otra parte eran depositados en bolsas de consorcio que luego se descartaban en basurales de la zona.