La engañó con un trabajo y la captó para prostituirla a los 16 años en Recoleta: pidieron 15 años de prisión

La Fiscalía General N°3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, bajo la dirección de la fiscal general Gabriela Baigún, solicitó una pena de 15 años de prisión para Walter Barrientos García, de 60 años, imputado por abuso y explotación sexual de una adolescente de 16 años captada a través de una falsa oferta laboral de masajista.

Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2012 y enero de 2013 en el barrio porteño de Recoleta, y la solicitud se formalizó durante el alegato previo realizado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°6, presidido en este debate por el juez Adrián Grünberg.

Los auxiliares fiscales Claudia Rebour y Lautaro Fichter llevaron adelante la acusación. Para el Ministerio Público Fiscal (MPF), Barrientos García utilizó durante años un mismo modus operandi: aprovechar su rol de masajista para cometer delitos de trata de personas, explotación y abuso sexual.

Según el alegato presentado y difundido por el portal fiscales.gov.ar, la responsabilidad del acusado quedó probada bajo la figura de trata de personas menores de 18 años en la modalidad de captación y acogimiento, agravada por el uso de engaño y el abuso de una situación de vulnerabilidad. Se le imputa, además, abuso sexual con acceso carnal, reiterado en dos oportunidades, en calidad de autor.

Como parte de la solicitud, los representantes de la fiscalía reclamaron al tribunal una reparación económica de 2.356.308 pesos en favor de la víctima, quien fue identificada como la “Testigo C” para proteger su identidad.

La fiscalía subrayó varios agravantes: la consumación del delito de trata, la duración de la explotación sexual, la repetición de los episodios de abuso, el daño psicológico provocado a la víctima y la condición de menor de edad que tenía al suceder los hechos.

En la exposición ante el tribunal, Rebour detalló cómo Barrientos García captó a la víctima a través de un anuncio publicado en internet, usando la promesa de un trabajo como masajista con el real propósito de explotarla sexualmente.

La integrante del MPF señaló que esta propuesta resultó ser una oferta de trabajo engañosa.

Además, relató la forma en que se produjeron los abusos: el primero ocurrió cuando el acusado, bajo el pretexto de enseñarle técnicas de masaje necesarias para el supuesto empleo, obligó a la adolescente a desnudarse, lo que culminó en la consumación del mencionado abuso. La fiscal añadió que el segundo hecho fue aún más grave, ya que Barrientos obligó a la adolescente a mantener relaciones sexuales con una pareja de clientes.

Fichter, en su turno, desarrolló la calificación penal de los hechos y fundamentó los agravantes del delito de trata, haciendo hincapié en que Barrientos “sabía que era menor de edad y que se encontraba en situación de vulnerabilidad”. El representante del MPF señaló además que el acusado obtuvo un beneficio económico a partir de la explotación sexual de la víctima.

Rebour enfatizó la importancia de la declaración testimonial de la “Testigo C”, brindada el 9 de septiembre durante la apertura del juicio, como pilar fundamental de la acusación.

En esa declaración, la joven explicó que el imputado estaba al tanto de que ella era menor y que atravesaba una situación de emergencia habitacional, ya que vivía en la calle.

“Hemos escuchado en la víctima un testimonio dotado de credibilidad y fiabilidad”, afirmó Rebour. Según la fiscal, la adolescente manifestó que, en reiteradas oportunidades, temió quedar encerrada en los departamentos donde era obligada a prostituirse.

13 años de abusos

La acusación también resaltó que el perfil del acusado evidenciaba que durante al menos 13 años Barrientos García actuó de la misma manera. Rebour especificó que el imputado aprovechaba su actividad de masajista para seleccionar mujeres en situación de vulnerabilidad económica, brindaba instrucciones detalladas sobre cómo comportarse con los clientes, y establecía un control sobre las víctimas que se corroboró a través de mensajes extraídos de teléfonos celulares secuestrados durante la instrucción.

En este contexto, la fiscal también hizo alusión a otros procesos judiciales en curso en los que se investiga a Barrientos por casos similares de trata de personas y mencionó una causa anterior en la que el imputado fue condenado por abuso sexual.

Durante la fase inicial de la audiencia, antes de los alegatos de la fiscalía, la querella presentó una exposición en sintonía con la acusación del Ministerio Público Fiscal, sumándose así al pedido de condena.

El caso

La investigación de este caso comenzó en 2021, a partir de una denuncia anónima recibida en la Línea 145. Como resultado, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) intervino en la causa. Posteriormente, la víctima amplió su relato en una declaración realizada bajo la modalidad de Cámara Gesell con especialistas de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).

Con base en la reconstrucción efectuada por la fiscalía, se estableció que durante noviembre de 2012 la víctima, contactada a través de la web por una oferta de empleo, acordó un encuentro con Barrientos García en un departamento de la calle Arenales al 2400.

Allí, bajo pretexto de capacitación, el imputado perpetró el primer abuso sexual. El segundo, según consta en el expediente, se produjo en el mismo sitio y en condiciones similares.

La explotación sexual de la adolescente se extendió durante aproximadamente tres meses. La investigación reveló que la víctima sólo percibía 100 de los 300 pesos que costaba cada “pase”, suma que los clientes abonaban para mantener encuentros sexuales.

En el lugar donde funcionaba este sistema de explotación, se comprobó que otras cuatro mujeres, de entre 20 y 30 años, también sufrían explotación sexual. Todas ellas trabajaban de lunes a sábado, entre las 11 y las 19, divididas entre dos departamentos situados en el mismo edificio de Recoleta.

El debate judicial continuará el 15 de noviembre, instancia en la que está previsto el alegato de la defensa.