
El dolor y el miedo se han apoderado de la aldea de Rigores, en el conflictivo departamento de Colón, luego de la masacre que dejó 20 personas asesinadas el pasado jueves, uno de los hechos violentos más sangrientos registrados recientemente en Honduras.
Entre las víctimas se encontraban Elmer Suchite, de 25 años, y Wilmer Suchite, de 23, hijos del campesino hondureño Armando Suchite, quien expresó sentirse aterrorizado por la violencia que afecta a la región del Bajo Aguán.
“Nosotros como comunidad nos sentimos aterrorizados porque la violencia que vive Colón ahora es muy peligrosa”, declaró Suchite a la agencia de noticias EFE mientras sepultaba a sus hijos en el cementerio de Rigores, donde también fueron enterradas simultáneamente la mayoría de las víctimas de la matanza.
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La escena en el camposanto estuvo marcada por el llanto, la desesperación y el silencio de decenas de familias que acompañaban los entierros en medio de un fuerte ambiente de temor e incertidumbre.
Los dos jóvenes asesinados eran los hijos mayores de Armando Suchite y se dedicaban a labores agrícolas y a la recolección de fruta de palma africana, actividad económica que predomina en gran parte de la región del Bajo Aguán.

El campesino, padre de diez hijos, indicó que la comunidad espera que las autoridades hondureñas asuman con responsabilidad las investigaciones y castiguen a los responsables del crimen.
“Hay que confiar en Dios, porque Dios es el que tiene que protegernos, no podemos pensar en más que solo Dios con nosotros”, expresó el hombre visiblemente afectado tras despedir a sus hijos.
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La masacre ha vuelto a poner en evidencia la compleja situación de violencia que afecta al departamento de Colón, particularmente en el Bajo Aguán, una de las regiones agrícolas más importantes del país y escenario histórico de conflictos relacionados con tierras y producción de palma africana.
Otro vecino de la comunidad, quien pidió no revelar su identidad por temor a represalias, aseguró que actualmente en la zona “se vive con mucho miedo y temor”.
“Esa palma pareciera estar maldita, nos ha traído muchas tragedias, hemos perdido a muchos amigos y familiares por el problema de la tierra”, manifestó.
El temor entre los pobladores se mantiene debido a la presencia de grupos armados, disputas territoriales y constantes enfrentamientos relacionados con reclamos de tierras en la región.
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Por su parte, el comerciante Saúl Pineda, residente en el municipio de Tocoa, señaló que el conflicto en el Bajo Aguán está directamente relacionado con invasiones de tierras y plantaciones de palma africana.
“Aquí lo que se está peleando son productos de la palma africana”, afirmó Pineda, quien además recordó que en esa misma zona fue asesinado el ambientalista Juan López el 14 de septiembre de 2024.
El comerciante lamentó que la violencia continúe cobrando vidas y cuestionó la falta de resultados efectivos por parte de las autoridades hondureñas.
“Es un hecho muy lamentable, hay mujeres y niños que quedan huérfanos. Debemos ver estas cosas con más preocupación”, expresó.
Pineda también criticó que diferentes gobiernos han instalado mesas de diálogo y comisiones para atender la problemática agraria en el Bajo Aguán, pero aseguró que las soluciones prometidas nunca han dado resultados concretos.
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“Las autoridades deben cambiar el sistema que se ha manejado anteriormente, han venido comisiones a reunirse con estas personas, pero al final no han dado frutos”, agregó.
En su opinión, el Gobierno encabezado por Nasry Asfura debe buscar apoyo de otros organismos nacionales e internacionales para enfrentar la crisis de violencia y conflictos agrarios que afectan la región.
El Bajo Aguán ha sido durante décadas escenario de enfrentamientos entre campesinos organizados, empresas dedicadas al cultivo de palma africana, guardias de seguridad privada y estructuras armadas vinculadas a diferentes intereses económicos.
Los reclamos de tierras realizados por organizaciones campesinas han derivado en múltiples episodios violentos que han dejado centenares de muertos desde finales del siglo pasado.
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Uno de los intentos más recientes por resolver la problemática fue impulsado durante el gobierno de Xiomara Castro, quien creó una comisión especial para atender el conflicto agrario en la zona, aunque diversos sectores consideran que los resultados fueron insuficientes.
En algunos hechos violentos ocurridos en el Bajo Aguán se ha denunciado la participación de guardias de seguridad privada contratados por empresas productoras de palma africana.
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