Pidieron penas de hasta 12 años de prisión para los imputados por corrupción en un penal de Salta

En medio de la recta final del juicio por presunta asociación ilícita y violaciones a los derechos humanos en la Unidad Carcelaria N° 1, conocida como el penal de Villa Las Rosas, el Ministerio Público Fiscal de Salta solicitó a la Justicia que los imputados fueran condenados a penas de entre 12 y 1 año en prisión.

Durante la última audiencia celebrada este jueves, el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto calificaron el caso como de “extrema gravedad institucional”, al describir cómo los acusados transformaron la institución penitenciaria en un espacio de negocios ilícitos, en lugar de cumplir con la misión asignada al Servicio Penitenciario.

En línea con esto, los representantes del Ministerio Público Fiscal salteño apuntaron que había evidencia suficiente para comprobar que los acusados habrían operado con jerarquías definidas y una estructura orientada a la comercialización de drogas y la comisión de exacciones ilegales dentro del penal.

A raíz de esto, la acusación presentó las condenas en expectativa para los funcionarios, internos y familiares involucrados. De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, la pena más alta, de 12 años de prisión efectiva, fue solicitada para Francisco Arturo Bisceglia, por su rol como coautor en la comercialización agravada de estupefacientes, la comisión de siete hechos de exacciones ilegales y su pertenencia a una asociación ilícita, todo ello en concurso real.

Seguido de este, el Ministerio Público Fiscal pidió 11 años y 8 meses de prisión efectiva para Sergio Faustino Moya, quien fue señalado como coautor de delitos similares a los que fueron atribuidos a Bisceglia. No obstante, indicaron que este solo habría participado en la comisión de tres hechos en concurso real.

La acusación también recayó sobre Luis Roberto Castaño y Raúl Antonio Arjona, para quienes se pidieron 8 años y 6 meses de prisión efectiva por su participación en la comercialización de drogas y su integración en la asociación ilícita.

En el caso de Marcos Matías Bucotich García y José Luis Alarcón, estos enfrentan pedidos de 9 años de prisión efectiva. Ambos fueron señalados como presuntos coautores de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; autores de exacciones ilegales agravadas—; y miembros de asociación ilícita. Todos en concurso real.

Por otro lado, para Manuel Méndez y Héctor Gustavo Banega, la solicitud asciende a 9 años y 6 meses de prisión; para María Inés Méndez pidieron que fuera condenada a 9 años de prisión efectiva por su ser considerada coautora de los delitos imputados.

Otros acusados, como Marcelo Olguín Magno y Rubén Antonio Guaymás, enfrentan pedidos de 6 y 5 años de prisión efectiva, respectivamente, por exacciones ilegales y su rol en la asociación ilícita. A su vez, solicitaron que se imponga una pena de dos años de prisión condicional sobre Baldomero Darío Córdoba, por ser considerado partícipe necesario en exacciones ilegales.

Ivana Marcela Gutiérrez y María Cristina Galindo podrían enfrentar 7 y 7 años y 6 meses de prisión efectiva, por su participación en la comercialización de estupefacientes. Asimismo, Nicole Judith Ana Luna y Patricia Daiana del Rosario Flores, para quienes la Fiscalía solicitó 6 años de prisión efectiva cada una.

Previo a esto, en los alegatos, el fiscal Torres Rubelt sostuvo: “Estamos ante una empresa criminal sofisticada y enquistada en el centro del Servicio Penitenciario de nuestra provincia”. Una conclusión a la que llegó la Fiscalía, tras descubrir que el funcionamiento de la organización se articulaba en tres niveles claramente diferenciados.

Según explicaron, en el núcleo interno se encontraban Manuel Méndez y Héctor Banegas, quienes, desde su condición de internos, coordinaban las operaciones. El segundo nivel lo conformaban los familiares directos: María Inés Méndez, madre de Méndez, y Ivana Gutiérrez, esposa de Banegas.

Aparentemente, estas personas gestionaban la apertura de cuentas, el cobro de dinero, la provisión y preparación de la droga, así como su ingreso al penal, con la colaboración de terceros que facilitaban sus cuentas para las transacciones financieras.

Por último, el tercer engranaje lo integraban miembros del Servicio Penitenciario —Moya, Bisceglia, Alarcón, Castaño, Bucotich y Arjona—, quienes permitieron el ingreso y la comercialización de estupefacientes dentro del ámbito de custodia, lo que generó el marco necesario para que Méndez llevara adelante la actividad ilícita.

Asimismo, identificó a Luna, Flores y Avendaño como nexos externos encargados de prestar las billeteras virtuales, y detalló la magnitud de las transferencias realizadas y recibidas. En el caso de Flores, el flujo de dinero en un período de cuatro meses alcanzó el equivalente a $4.183.316.

El fiscal, al referirse a una de las imputadas —actualmente prófuga y con un alto grado de adicción—, explicó que “se le entregaba los días lunes droga a cambio de usar su billetera virtual”.

Finalmente, subrayó la ausencia total de reportes oficiales sobre la participación del personal penitenciario en el tráfico de drogas, a pesar de que tanto autoridades como internos y familiares reconocieron durante el juicio el elevado consumo dentro de la cárcel.