En una muestra categórica de la ruta autoritaria trazada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció un paquete de reformas constitucionales y legislativas diseñado para abolir de forma definitiva las elecciones en Nicaragua.
El operador político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) confirmó que el oficialismo someterá las modificaciones a votación en la primera semana de agosto, enmarcando esta liquidación del sistema democrático como la consolidación de un modelo de control estatal absoluto bajo la retórica de la soberanía popular.
Durante su intervención, Porras ratificó que el engranaje legislativo responde estrictamente a la visión trazada por la jefatura del Ejecutivo para impedir cualquier opción de alternancia política. Al referirse a las recientes declaraciones de Daniel Ortega, el presidente parlamentario fue tajante sobre el fin del sufragio competitivo en el país.
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El titular del Parlamento justificó la eliminación de las garantías electorales argumentando que los conceptos democráticos convencionales han sido utilizados de forma instrumental por sectores adversarios para desestabilizar la nación.
«Han utilizado la palabra democracia para realmente destruir la democracia del pueblo. Por eso se trata de la defensa de la democracia del pueblo nicaragüense. Es la democracia nuestra», aseveró el funcionario, ratificando el viraje definitivo hacia un esquema unipartidista subordinado a la pareja presidencial.
Blindaje legislativo y reuniones para “no dejar ni un resquicio”
Para concretar la reforma, la Asamblea Nacional puso en marcha una estrategia exprés orientada a cerrar cualquier margen de maniobra legal a la disidencia. Porras detalló la activación de coordinaciones institucionales directas entre la Junta Directiva del Parlamento y los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) para estructurar el nuevo marco normativo del Estado:
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El cronograma trazado por la cúpula sandinista establece que la propuesta redactada será introducida formalmente en el plenario en los próximos días para iniciar un proceso de «consulta» relámpago.
Sin embargo, esta fase estará restringida a instituciones bajo la tutela directa del Ejecutivo, tales como la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y las centrales sindicales orteguistas.
«Una vez que tengamos esto listo, vamos a preparar, a organizar esto en forma de leyes, en forma de transformación legislativa (...) y nos proponemos que en la primera semana de agosto estar sometiendo a votación en la Asamblea Nacional las reformas», concluyó Porras, asegurando que todo el proceso se realizará en apego a la carta magna actual.
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Con esta acelerada maniobra política, el régimen busca institucionalizar la aniquilación del sistema electoral bajo la premisa de implantar elecciones «al estilo nicaragüense».
Sin embargo, este discurso ignora deliberadamente que el andamiaje normativo se impone sobre una realidad donde la oposición política ya ha sido neutralizada por la vía de hecho.
Ante este atropello, tanto el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, como diversos organismos internacionales de derechos humanos se han pronunciado con dureza, advirtiendo sobre la gravedad de consumar la abolición de la democracia representativa.
Durante los últimos años, la cúpula de poder orquestó el desmantelamiento de cualquier disidencia: los principales líderes de partidos independientes, defensores de derechos humanos y precandidatos presidenciales fueron despojados de la nacionalidad, inhabilitados de sus derechos políticos y forzados al exilio.
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La aprobación programada para la primera semana de agosto en primera legislatura no representa un debate democrático, sino la formalización de un modelo de poder único.
Al subordinar el aparato legislativo y electoral a la jefatura del Ejecutivo, la dictadura cierra de forma definitiva la vía institucional para el ejercicio de comicios libres, transparentes y competitivos en Nicaragua.
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