
En el marco de una investigación del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal, a cargo de la fiscal federal Lucía Orsetti, fueron imputadas cuatro personas por maniobras de tráfico de drogas sintéticas, entre ellas éxtasis y LSD, que habrían sido trasladadas desde Córdoba hacia Jujuy entre abril y agosto de este año a través de siete encomiendas.
En la audiencia de formalización, celebrada ante el Juzgado Federal de Garantías N°1 de Jujuy, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de los cuatro involucrados —tres hombres y una mujer—, según el portal Fiscales.
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El juez Eduardo Hansen resolvió hacer lugar al pedido respecto de dos de ellos y, en relación a los otros dos, dispuso la prohibición de salida del país junto con otras medidas para impedir que obstaculicen la investigación.
De acuerdo con lo expuesto por la auxiliar fiscal Sofía Escudero, la maniobra de tráfico se desarrolló entre el 22 de abril y el 13 de agosto de este año. La investigación reconstruyó siete envíos de encomiendas desde Córdoba a Jujuy, apoyada en registros de cámaras de seguridad, informes de la empresa de transporte y transferencias de dinero entre los acusados.
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Los tres hombres, identificados como J.J.T.Y., G.B.G.M. y J.J.V., fueron imputados por el delito de transporte de estupefacientes. En el caso de J.J.T.Y., se le atribuyen siete hechos de transporte en concurso real, junto a J.J.V. como coautor. La mujer, identificada como F.R.T.S., fue señalada por la tenencia con fines de comercialización.

El inicio de la investigación se remonta al 26 de febrero pasado, tras la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) integrado por la Unidad Especializada en Narcomenudeo del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy y el Ministerio Público Fiscal de la Nación. La conformación de este equipo se produjo a partir de un allanamiento realizado el 9 de febrero en la ciudad de Jujuy, donde se incautaron diversas sustancias que despertaron sospechas sobre la producción de estupefacientes sintéticos.
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En esa instancia, una persona imputada en el fuero provincial declaró como colaboradora y señaló que recibía drogas sintéticas —principalmente éxtasis y LSD— enviadas por J.J.T.Y. desde Córdoba, mediante encomiendas remitidas por una empresa de transporte.
Al pasar el caso a la órbita federal, la Unidad Fiscal adoptó medidas tendientes a identificar al acusado. Se involucró a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En la audiencia de control de detención, la auxiliar fiscal explicó: “Hay una red interjurisdiccional que trafica drogas sintéticas, estupefacientes que tienen alta capacidad tóxica y hay un despliegue de dinero y transferencias”.
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Durante las tareas de investigación, se detectó que J.J.T.Y. realizó envíos desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba que eran retirados en Jujuy por J.J.V.. Tras levantarse el secreto fiscal, bancario y bursátil, se observaron transferencias de dinero a la cuenta de J.J.V., que eran enviadas de inmediato a J.J.T.Y.. Según el MPF, el primero no registraba actividad laboral y su única tarea identificada fue la venta de estupefacientes bajo la modalidad de “pasamano”.
De los informes de la empresa de transporte surgió que existía una “gran frecuencia y periodicidad” en los envíos realizados, constatándose además que los propios imputados concurrían a las oficinas tanto en Córdoba como en Jujuy para gestionar los paquetes.
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En paralelo, se determinó que F.R.T.S. era una de las principales destinatarias del dinero que remitía J.J.T.Y.. Una de las encomiendas, incluso, fue enviada directamente por ella el 8 de agosto. Por su parte, G.B.G.M. fue identificado como receptor en Tucumán de otra encomienda remitida por J.J.T.Y..
El 2 de septiembre se efectuó una apertura controlada y entrega vigilada de un paquete dirigido a G.B.G.M., en cuyo interior se hallaron 225 dosis de cartones de LSD. Dos días después, la PSA interceptó a este imputado en la Terminal de Ómnibus de Tucumán cuando se presentó a retirar el envío.
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A partir de ese momento se desplegaron allanamientos en los domicilios de los cuatro acusados. Allí se secuestraron drogas como marihuana y MDMA, junto con un “combo” denominado “Faster and Furious”, integrado por distintas pastillas. Además, fueron incautados teléfonos celulares, computadoras y otros elementos presuntamente vinculados a la elaboración y comercialización de drogas.

La fiscalía fundamentó las imputaciones en la evidencia recolectada: registros bancarios, conversaciones extraídas de celulares intervenidos, informes de la PSA y la ARCA, filmaciones de cámaras de seguridad y los objetos incautados en los allanamientos.
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Finalmente, la fiscal Orsetti requirió un plazo de 110 días hábiles para continuar con la investigación, así como autorización para peritar los dispositivos electrónicos secuestrados. También destacó que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) colabora en el caso y solicitó la prisión preventiva de los cuatro imputados, por tratarse de delitos graves vinculados al tráfico de estupefacientes con penas privativas de la libertad que parten de cuatro años como mínimo.
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