Tras más de un mes de intensa búsqueda internacional, las autoridades colombianas detuvieron en Barrancabermeja a Alberto Carlos Mejía Hernández, un joven sicario venezolano de 18 años que había sido liberado por error en Chile, pese a estar imputado por el homicidio del empresario chileno José Felipe Reyes Ossa, conocido como “El Rey de Meiggs”.
La captura, confirmada este fin de semana por la Policía Nacional de Colombia, generó un fuerte impacto en la región, ya que durante semanas se desconocía el paradero del peligroso delincuente.
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En un principio, las alarmas se habían encendido en la Patagonia, donde se sospechaba que podía haberse refugiado. El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz, incluso, pidió a la población que comunicara cualquier pista sobre su paradero.
Las fuerzas de seguridad en Bariloche y Villa La Angostura montaron operativos de control fronterizo, pero el sicario ya había logrado cruzar hacia Colombia y cambiar su apariencia: se tiñó de rubio.
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Lo que terminó delatándolo fue un tatuaje del rostro de Zeus en su mano derecha, el mismo que figuraba en los registros de la PDI chilena. Esa coincidencia permitió a los investigadores confirmar su identidad y capturarlo en la ciudad petrolera de Barrancabermeja.
La detención fue el resultado de una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, la Oficina Central Nacional de Interpol y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), con el apoyo del programa europeo de cooperación judicial y policial El Paccto.
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El director de la Policía colombiana, mayor general Carlos Fernando Triana, celebró el éxito del operativo: “Seguiremos trabajando coordinados contra el crimen organizado y las estructuras criminales trasnacionales como el Tren de Aragua.
Tras su arresto, Mejía Hernández quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, que ya inició los trámites de extradición hacia Chile. Allí deberá enfrentar el proceso por homicidio calificado y responder también por las irregularidades vinculadas a su liberación.
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Mientras tanto, en Chile, el caso continúa sacudiendo al Poder Judicial. Se investigan responsabilidades internas y se analizan posibles vulneraciones en los sistemas informáticos.
El caso
Mejía Hernández fue detenido en Santiago de Chile el 20 de junio, acusado de ser el autor material del asesinato de Reyes Ossa, ocurrido en Ñuñoa un día antes. Según la investigación, el crimen estuvo vinculado a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
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Al sicario venezolano lo habría contratado un conocido de la víctima. A partir de testimonios de los propios involucrados en el hecho indicaron que el autor intelectual sería una persona de nacionalidad chilena que tendría conflictos amorosos con el hombre asesinado.
El Octavo Juzgado de Garantía había ordenado el 9 de julio su prisión preventiva, considerando que representaba un “peligro para la sociedad” y que existía un claro riesgo de fuga.
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Sin embargo, al día siguiente, el 10 de julio, una resolución electrónica permitió su excarcelación. Hasta hoy no se sabe si se trató de un error administrativo o de una manipulación deliberada del sistema judicial.
El hecho desató un escándalo en Chile: la fiscalía abrió una causa paralela para investigar si se falsificó la resolución o si hubo complicidad interna. La jueza Irene Rodríguez, que había ordenado primero la prisión preventiva, quedó en el centro de la polémica.
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Tras recuperar la libertad, Mejía Hernández –quien había ingresado al sistema judicial con la identidad falsa de Osmar Alexander Ferrer Ramírez– desapareció. Interpol había emitido una alerta roja y los gobiernos de Chile, Argentina y Colombia desplegaron operativos coordinados.
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