PANI investiga 101 procesos de adopción de niños ticos en Noruega entre 1975-1992 tras denuncias de casos de engaño

En un hecho histórico que busca resarcir posibles deudas con los derechos humanos y la identidad, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ha anunciado la revisión integral de los expedientes administrativos de personas menores de edad enviadas en adopción a Noruega durante el periodo comprendido entre 1975 y 1992.

Esta decisión surge tras la apertura de una investigación oficial en el país nórdico sobre presuntas irregularidades en 101 procesos de adopción de niños costarricenses.

La Presidenta Ejecutiva del PANI, María José Vega Sanabria, confirmó en el programa Nuestra Voz (entrevista del 13 de mayo de 2026) que la institución ha tomado la iniciativa de realizar una auditoría interna de los archivos de esa época.

Según la jerarca, aunque no se ha recibido una notificación formal de las autoridades noruegas sobre casos específicos de criminalidad, la medida es de carácter preventivo y proactivo.

El objetivo principal es dar respuesta a las solicitudes de información que están surgiendo tanto de estados extranjeros como de ciudadanos particulares que buscan sus orígenes. La titular enfatizó que el sistema actual de Costa Rica es “robusto” y cuenta con garantías que no existían en las décadas de los 70 y 80.

Antes de 1993, el PANI tenía la facultad de declarar administrativamente el estado de abandono de un menor, un proceso que carecía de la doble instancia judicial que hoy protege a las familias biológicas.

El detonante: La investigación en Noruega por el caso de Sandra Vanessa Borhaug

La presión para realizar esta revisión proviene del norte de Europa. El gobierno noruego estableció en junio de 2023 el Comité para la Investigación de Adopciones Internacionales.

Según reportes oficiales y el seguimiento del medio especializado Utrop (en su edición de abril de 2026), Noruega ha puesto bajo sospecha los procesos de adopción de 12 países prioritarios, entre ellos Costa Rica, Colombia, Chile y Brasil.

El mandato de este comité es determinar si existieron fallas en el control estatal noruego que permitieron prácticas indebidas como el tráfico de menores, el rapto o el engaño a madres biológicas. El informe final de este comité está programado para el 22 de junio de 2026, fecha en la que se conocerán los hallazgos técnicos sobre si el Estado noruego falló en su deber de vigilancia.

La nota de Utrop (abril, 2026) profundiza en los detalles humanos que han impulsado este debate. El caso de Sandra Vanessa Borhaug, una mujer nacida en Costa Rica y adoptada en Noruega en 1986, se ha convertido en el símbolo de esta lucha. Sandra descubrió que su madre biológica, Cristina Inez Zúñiga, nunca consintió la adopción. Zúñiga relata que, al regresar de su trabajo en la comunidad de El Rodeo de Coronado, sus hijos ya no estaban.

Este caso marca un hito legal sin precedentes: Sandra es la primera persona en Noruega en lograr una “readopción” legal por parte de su madre biológica. Al ser mayor de edad, el proceso se tramitó como una adopción de adultos ante el organismo noruego Bufetat.

El artículo revela que Sandra, quien es abogada de profesión, tuvo que luchar contra un sistema que inicialmente le decía que no había base legal para anular su parentesco adoptivo. Finalmente, con el consentimiento de su padre adoptivo noruego y tras demostrar que su madre biológica fue víctima de engaño, logró recuperar su identidad jurídica original.

Evolución del sistema costarricense

El PANI ha subrayado que la realidad institucional de hoy es diametralmente opuesta a la del periodo 1975-1992. La nota institucional destaca la implementación de un andamiaje legal que incluye:

• La Convención sobre los Derechos del Niño (1989): Que estableció el interés superior del menor como eje central.
• El Convenio de La Haya (1993): Que regula la cooperación internacional para evitar el tráfico de niños.
• El Código de la Niñez y la Adolescencia (1998): Que judicializó por completo las declaratorias de abandono.

Desde 1993, la Sala Constitucional de Costa Rica eliminó la potestad del PANI de declarar el abandono de forma administrativa, trasladando esa responsabilidad exclusivamente a los Juzgados de Familia bajo el control del Poder Judicial. Esto garantiza que cualquier proceso de adopción internacional pase por filtros técnicos, psicológicos y legales rigurosos en ambos países involucrados.

Mientras el PANI revisa los documentos en San José para verificar la “condición legal y psicosocial” de los menores enviados hace 40 años, en Noruega el comité de investigación analiza si existieron movimientos de dinero inapropiados o redes de intermediarios (denominados por Sandra Borhaug como “cosechadores de niños”) que operaban en barrios vulnerables de San José.

La nota de Utrop concluye que Sandra Borhaug no solo busca justicia personal, sino que también gestiona la recuperación de su ciudadanía costarricense, cerrando un círculo de identidad que fue fragmentado por un sistema que, en aquel entonces, priorizaba la demanda de padres adoptivos extranjeros sobre los derechos de las familias biológicas en países en vías de desarrollo.