
Durante la audiencia única abierta que se celebra en San Salvador, la Fiscalía General de la República concluyó la integración de toda la prueba pericial y documental relevante contra los 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS13).
Según el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, la evidencia presentada durante esta etapa procesal incluye informes técnicos, documentos oficiales y pruebas materiales que, a juicio de la fiscalía, confirman la participación de la cúpula de la MS-13 en hechos delictivos cometidos entre 2012 y 2022.
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La acusación formal abarca homicidio agravado, extorsión, privación de libertad, feminicidio, tráfico de armas, tráfico de droga, agrupaciones ilícitas y rebelión.
El fiscal Muñoz insistió en que la MS13 operaba como una estructura criminal “cuyo único fin era cometer delitos, cualquier tipo de delito, homicidio; pero, principalmente, es una estructura eminentemente homicida, extorsiva, que traficaba armas y traficaba drogas, que trataba a las mujeres. Toda esa prueba quedó incorporada”.
En cuanto al delito de rebelión, Muñoz explicó que se atribuye a todos los procesados porque, en palabras del fiscal, “fue una estructura que se alzó en armas en contra de la población salvadoreña, que atentó contra el estado democrático de este país”.
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De acuerdo con la acusación, la fiscalía buscó demostrar que la organización criminal no solo cometía estos delitos, sino que los planificaba y ejecutaba de manera sistemática bajo una jerarquía definida.
Durante las jornadas previas, se sumó la prueba testimonial ofrecida por la fiscalía. Más de 10 testigos declararon ante el tribunal, aportando detalles sobre la forma en que los cabecillas de la MS-13 ordenaban y autorizaban la ejecución de crímenes en los territorios bajo su control.
Según el relato de estos testigos, las órdenes para cometer homicidios, extorsiones y otros delitos partían directamente de los líderes de la estructura.

La fiscalía también logró incorporar audios y videos que documentan la planificación y ejecución de crímenes en perjuicio de civiles, policías, soldados y miembros de estructuras criminales rivales. Estas piezas audiovisuales forman parte de los medios probatorios que, según Muñoz, refuerzan la tesis de que la cúpula de la MS-13 mantenía el control de las operaciones ilícitas mediante la impartición de órdenes directas a sus subordinados.
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El fiscal adjunto detalló: “Prácticamente se incorporó todos los medios probatorios, de los 444 casos de homicidio, en donde lo que nosotros necesitamos como fiscalía para extraer de esos casos es probar que los hechores materiales fueron miembros de la estructura criminal Mara Salvatrucha”.
Y añadió: “En este caso nosotros no estamos juzgando a los autores materiales, sino que estamos procesando y estamos juzgando a los autores mediatos (es decir, quienes no ejecutaron los crímenes directamente, pero dieron las órdenes o autorizaron su realización)”.

La imputación se estructura siguiendo una línea cronológica, lo que permite atribuir responsabilidades dentro de la jerarquía criminal, desde la denominada “ranfla histórica” hasta los ranfleros en libertad y los corredores de programa.
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Según Muñoz, el objetivo es demostrar ante el tribunal que los homicidios y otros delitos fueron resultado de decisiones tomadas en la cúpula de la organización.
Finalizada la incorporación de toda la prueba pericial, documental y testimonial, el juez del caso decretó un receso procesal. El fiscal Muñoz puntualizó: “Toda esa prueba, pues prácticamente ya quedó incorporada y solamente quedamos a la espera de recibir alguna documentación que se ha solicitado a los tribunales”.
Corresponderá al Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado, Juez 2, de San Salvador, notificar a las partes la fecha en que se reanudará la audiencia única abierta para el inicio de los alegatos finales.
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