Escándalo en un control de alcoholemia con una mujer que había cruzado en rojo, chocó y mató

Un operativo de control de tránsito realizado sobre la Ruta Centenario-Cinco Saltos, a la altura del Barrio Villa Obrera, en la provincia de Neuquén, este domingo a la madrugada terminó en un episodio de violencia que involucró a una mujer que hace 16 días manejaba sin registro, cruzó en rojo, chocó, mató y se fugó y luego fue imputada por homicidio culposo agravado. Se trata de C.S.S. y tiene un antecedente trágico en el que hirió a su hijo

Todo comenzó cuando un Volkswagen Gol intentó evadir el puesto de control y fue cercado por personal de Tránsito Villa Obrera y agentes de la Comisaría Quinta neuquina.

Al realizar la prueba de alcoholemia al conductor, el resultado fue positivo. Sin embargo, la tensión aumentó de inmediato cuando las autoridades identificaron a la acompañante del vehículo: se trataba de C.S.S., reconocida públicamente por haber atropellado y causado la muerte de Elizabeth Martínez semanas atrás en la Ruta Provincial N° 7.

Su sola presencia generó un clima de conmoción entre los presentes, que la increparon de manera directa por aquel hecho, según el portal Centenario Digital.

Las agresiones comenzaron con insultos hacia la mujer y derivaron rápidamente en violencia física. “De los insultos pasaron a los golpes, ya que le dieron varias trompadas”, indicaron fuentes vinculadas al procedimiento.

Dos policías intentaron controlar la situación mientras pedían refuerzos, pero el ambiente hostil complicó la intervención. Testigos señalaron que ya minutos antes había habido recriminaciones hacia los inspectores que realizaban el control, lo que terminó marcando el tono del enfrentamiento.

Pese a los incidentes, no se registraron lesiones de gravedad ni detenciones, aunque se abrió una investigación para determinar la responsabilidad de quienes participaron en las agresiones.

La muerte de Elizabeth Martínez

La reacción de los vecinos se explica en parte por la repercusión del caso que involucra a C.S.S., quien el pasado 1 de agosto cruzó un semáforo en rojo y atropelló a Elizabeth Martínez, trabajadora de 53 años que circulaba en una motocicleta Mondial 110 c.c. con luz verde habilitante.

El choque se produjo en la intersección de la ruta con calle 5, a la altura del cementerio de Centenario. La víctima falleció en el acto como consecuencia del impacto.

De acuerdo a lo expuesto por la fiscal Guadalupe Inaudi, la acusada manejaba un Volkswagen Vento cuando no respetó la señal. Tras embestir a la motociclista, se dio a la fuga sin brindar asistencia ni dar aviso a los servicios de emergencia. Horas después se presentó en la sede policial de Neuquén. Además, no tenía licencia vigente, ya que se le había quitado en un incidente previo.

La imputación formal recayó sobre la mujer por homicidio culposo agravado, en calidad de autora. La fiscalía sostuvo que la acusada incurrió en una conducción imprudente, violó la señalización, no prestó auxilio y circulaba sin habilitación. También se le atribuyó la figura de culpa temeraria como agravante.

El juez de garantías Raúl Aufranc dio por formalizada la acusación y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación. Como medidas cautelares, le impuso la prohibición de conducir cualquier vehículo y la obligación de presentarse semanalmente en una comisaría durante seis meses.

El antecedente trágico

El 27 de junio de 2024, la mujer había protagonizado otro accidente en la misma Ruta 7, cerca del ex peaje de Centenario. Viajaba con su hijo de un año cuando perdió el control del vehículo, impactó contra una rotonda y un poste de alumbrado. Ambos resultaron con lesiones graves.

El niño sufrió fracturas en brazo, pierna y cráneo, además de una herida cortante en la cabeza. Los peritajes determinaron que el asiento infantil no estaba correctamente colocado, que el vehículo circulaba a 91,4 km/h y que la conductora había ingerido alcohol. Ella misma admitió haber consumido vodka antes de conducir.

Pese a la gravedad del episodio, en esa ocasión no se formularon cargos. La fiscal Lucrecia Verónica Sola consideró que las consecuencias sufridas por la mujer constituían una “pena natural” y resolvió que una sanción judicial resultaba innecesaria. “

El Derecho Penal, en estos casos, nada puede añadir para resolver el conflicto social producido por el delito”, señaló en su resolución, en la que también valoró la colaboración de la imputada con los equipos de protección de la infancia.