“Caranchos top”: seguirán presos todos los abogados y la médica acusados de estafar aseguradoras

La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón rechazó los recursos presentados por las defensas de Juan Carlos Cavallo, Susana Alejandra Beatriz Lucas y Ariana Frank y confirmó la denegatoria de sus excarcelaciones, en el marco de la causa que investiga a la denominada banda de los “Caranchos top”, una organizacion criminal liderada por el abogado Matías Giovanelli y, presuntamente, dedicada a estafar aseguradoras.

La organización mantenía roles definidos, con varios abogados, una médica clínica y personas encargadas de realizar denuncias falsas. Según la hipótesis de la fiscalía, estas maniobras buscaban obtener beneficios económicos a través de simulaciones de siniestros o la utilización de información falsa para engañar tanto a las aseguradoras como a quienes sufrieron accidentes.

En las últimas horas, los jueces Fabián Cardoso y Fernando Bellido, respaldaron el criterio de la jueza de Garantías Karina Andrea De Luca, quien había rechazado liberar a los imputados por considerar acreditados, prima facie, elementos que permiten inferir riesgos procesales de entorpecimiento y peligro de fuga.

En su voto, De Luca señaló que, a pesar de que los hechos investigados se encuentran en etapa inicial, los elementos reunidos, entre ellos, registros de redes sociales, capturas de pantalla, testimonios, certificados médicos y poderes notariales; resultaban suficientes para fundar la imputación.

Específicamente, según la magistrada, se valoró que los hechos formaban parte de un entramado de reiteración sistemática que incluía “hechos planificados y ejecutados de idéntica forma, con similar estructura y modalidad de intervención de terceros”.

En paralelo, la jueza consideró que los imputados mantenían vínculos con otros acusados que aún se encuentran prófugos, entre ellos, el abogado Giovanelli y Micaela Carla Palmisano, y que la supuesta organización habría contado con una estructura flexible para mutar su composición jurídica y así sortear obstáculos legales. Este punto fue destacado para respaldar la idea de que los acusados podrían intentar interferir en la producción de prueba o incidir sobre testigos.

La defensa oficial de Cavallo y Lucas, a cargo de Carlos Alberto Liss, sostuvo que no existían elementos objetivos que permitieran sostener el riesgo procesal ni peligro de fuga. También cuestionó el modo en que la magistrada evaluó la influencia que estos imputados podrían ejercer, y negó que tuvieran relación con quienes permanecen prófugos. Además, argumentó que las causas mencionadas en la resolución no estaban firmes y que muchos de los hechos eran intentos de estafa, sin consumación efectiva.

En el caso de Ariana Frank, su defensa particular presentó un recurso en el que destacó que ella no tenía antecedentes, que se encuentra en etapa de lactancia de su hijo menor de edad y que el arresto impactaría negativamente sobre su vida, contraviniendo el Interés Superior del Niño. También se sostuvo que los hechos imputados eran en grado de tentativa, que no existía riesgo de entorpecimiento porque no tenía conocimientos técnicos sobre procesos administrativos, y que el daño era nulo, ya que los montos reclamados nunca se pagaron.

La Cámara, sin embargo, dio por válidos los fundamentos de la jueza de Garantías, entendiendo que los riesgos identificados, por el tipo de maniobra atribuida, la posible influencia de los imputados sobre testigos o víctimas, y el uso de documentación presuntamente apócrifa, habilitaban la decisión de mantener las detenciones.

En ese sentido, destacaron el carácter sistemático de los hechos, la existencia de causas acumuladas con similar mecánica y la posibilidad de ampliación de las imputaciones, tal como informó una de las aseguradoras, que remitió nueva documentación el pasado 7 de julio, señalando más episodios en los que Lucas y Cavallo habrían intervenido.

El caso

Las detenciones se habían producido el pasado 30 de junio durante un operativo ordenado por la jueza De Luca en el que se concretaron 23 allanamientos simultáneos, en los que fueron arrestados Cavallo, Lucas y Frank. En tanto, Giovanelli, señalado como el líder de la organización, y Palmisano, presunta responsable de las transferencias a los reclutados, permanecen prófugos.

Según la investigación impulsada por los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti de la UFI Nº5 de Morón, la estructura ofrecía dinero a personas con pólizas activas para simular accidentes con terceros previamente reclutados. Utilizaban documentos adulterados, certificaciones médicas apócrifas, poderes notariales falsos y reclamos sistemáticos por lesiones que nunca ocurrieron, con el objetivo de obtener indemnizaciones millonarias.

Una parte del dinero, según determinó la fiscalía, era ofrecida a través de estados de WhatsApp bajo el nombre “Noelia”, y luego transferida por medio de billeteras virtuales a nombre de terceros.

A medida que las aseguradoras comenzaban a detectar inconsistencias, las denuncias se multiplicaron. En varios de los siniestros reportados, se utilizaba la misma póliza para reclamar por hechos diferentes, y en algunos casos, los abogados actuaban representando a supuestos terceros en diversas jurisdicciones, todo con la finalidad de evadir controles internos de las compañías de seguros.