Tal como contó Infobae este domingo, una investigación llevada adelante por la Fiscalía de Distrito de Salta, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, permitió desarticular una organización que, desde 2022, contrabandeaba toneladas de aceite de soja desde la localidad de Salvador Mazza hacia la ciudad boliviana de Pocitos. En total, según estimaciones oficiales, la maniobra habría generado ingresos ilegales superiores a los 2.400.000 dólares y un perjuicio fiscal de al menos 720.000 dólares en concepto de derechos de exportación no ingresados.
Este lunes se conocieron los videos vinculados a la causa que ya tiene cuatro imputados por el delito de contrabando de exportación agravado.
El procedimiento que permitió desactivar la logística se desarrolló el viernes pasado, cuando la Gendarmería Nacional irrumpió en distintos puntos de la frontera del norte del país en plena madrugada.
Uno de los momentos más críticos del operativo ocurrió durante el intento de detención de F.S.G., señalado como jefe de la banda, quien al ser notificado del allanamiento abrió fuego contra un comandante de Gendarmería, provocándole una herida de bala en el antebrazo izquierdo.
El disparo, según detallaron fuentes del caso, fue efectuado con una pistola calibre 9 milímetros y el proyectil atravesó el brazo del oficial, quedando alojado en su chaleco antibalas. El atacante fue reducido y detenido por el resto del personal.
La imputación formal fue presentada en una audiencia celebrada ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, donde se detalló el entramado delictivo. F.S.G. fue acusado como autor mediato del delito de contrabando de exportación agravado, en concurso real con tentativa de homicidio doblemente agravado, por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido contra un funcionario público en ejercicio de sus funciones.
Los otros tres detenidos, identificados como N.A.D., R.G.M. y A.C.M., fueron imputados como coautores del delito de contrabando agravado.
Cómo operaban
Según expuso la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, junto al auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, la operatoria tenía como punto de partida la adquisición de aceite de soja neutro y refinado en plantas aceiteras ubicadas en la provincia de Santa Fe.
La mercadería era comprada a nombre de una empresa de papel y transportada en camiones cisterna hasta Salvador Mazza. Allí, el producto era descargado en un inmueble conocido como “Don Ramón”.
Desde ese lugar, el aceite era redistribuido en camiones más pequeños que lo trasladaban hasta un predio en el paraje El Chorro, en plena franja limítrofe con Bolivia.
Allí comenzaba la maniobra de traspaso: los acusados tendían mangueras de gran longitud que atravesaban la frontera y conectaban con camiones apostados del lado boliviano, completando así el paso clandestino del aceite.
El procedimiento que interrumpió esa dinámica ocurrió cuando dos de los acusados fueron sorprendidos mientras ejecutaban el traslado de 30.120 litros de aceite neutro blanqueado para uso industrial.
Uno de ellos conducía el camión cargado y el otro se encargaba de supervisar el traspaso. En simultáneo, otro miembro de la organización, A.C.M., fue arrestado en su domicilio en Salvador Mazza.
Durante la audiencia, los fiscales remarcaron la magnitud económica de las operaciones ilegales. Según los cálculos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGA) y de la Administración de Rentas de la Provincia de Salta (ARCA), el volumen de aceite exportado sin declarar entre 2022 y 2024 superó las 30 toneladas, con un valor estimado en más de 2,4 millones de dólares. A esto se suma la falta de ingreso de divisas al mercado cambiario oficial, cuyo impacto económico aún no ha sido determinado.
Frente a este escenario, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de los cuatro imputados, resaltando no sólo el nivel de organización sino también la peligrosidad de los implicados, evidenciada por el uso de armas de fuego contra personal uniformado.
El juez Montoya además autorizó nuevas medidas en curso orientadas a profundizar la investigación y completar el desmantelamiento de la red criminal.
Las tareas de inteligencia previas estuvieron coordinadas por la Unidad de Reunión de Información de Gendarmería Nacional y la delegación local de la Dirección General de Aduanas, que durante varios meses hicieron un seguimiento sostenido de los movimientos logísticos que permitieron reunir evidencia clave sobre el funcionamiento interno de la banda.
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