Ecuador capturó a 14 presuntos integrantes de Los Lobos vinculados con 60 asesinatos

La Policía Nacional de Ecuador detuvo a 14 presuntos integrantes de una facción de Los Lobos, una de las principales organizaciones criminales del país, a la que las autoridades atribuyen al menos 60 asesinatos, entre ellos varios hechos de extrema violencia registrados en la provincia de Los Ríos. El operativo, ejecutado este jueves 5 de noviembre, incluyó 25 allanamientos simultáneos en seis provincias y permitió identificar movimientos bancarios por aproximadamente cinco millones de dólares durante el último año, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

La intervención, denominada Operación Zeus 4, fue el resultado de ocho meses de investigaciones desarrolladas por unidades especializadas de la Policía Nacional, con participación del Centro Nacional de Inteligencia y cooperación internacional. Según la información difundida por el Ministerio del Interior y recogida por medios ecuatorianos, más de 350 agentes policiales y 22 fiscales participaron en el despliegue, dirigido contra una estructura que llevaba al menos dos años operando principalmente en los cantones Quevedo y Buena Fe.

Los allanamientos se ejecutaron en Quevedo y Buena Fe, en Los Ríos; Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Salcedo y Latacunga, en Cotopaxi; Quito, en Pichincha; Guayaquil, en Guayas; y Santa Elena, en la provincia del mismo nombre. La extensión territorial de las intervenciones evidencia el alcance de las pesquisas sobre una agrupación cuya principal zona de operaciones se encontraba en el centro de la región Costa ecuatoriana.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron armas de fuego, municiones, vehículos reportados como robados, sustancias sujetas a fiscalización, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los investigadores consideran que estos indicios podrían contribuir a reconstruir las actividades de la organización y establecer las responsabilidades individuales de los detenidos. Hasta la mañana del jueves no se había difundido un inventario completo de las evidencias recuperadas.

Reimberg sostuvo que la facción estaría relacionada con al menos 60 muertes violentas, incluidas masacres perpetradas en Los Ríos, una provincia que ha registrado episodios recurrentes de violencia vinculada con organizaciones delictivas. Sin embargo, las autoridades todavía no han presentado públicamente un desglose de los casos atribuidos a la estructura, las identidades de todas las víctimas ni los expedientes judiciales que permitirían establecer la participación específica de cada sospechoso.

Uno de los aspectos más controvertidos de la operación fue la difusión de grabaciones en las que el propio ministro del Interior aparece interrogando a personas detenidas. Según la información publicada por Ecuavisa, en uno de los videos un sospechoso reconoce haber disparado contra una víctima, aunque niega haber participado en su decapitación. En otra grabación, un detenido admite haber intervenido en una decapitación, pero asegura que actuó bajo amenazas de muerte de otros integrantes de la organización.

En las imágenes difundidas por el funcionario también se hace referencia a un episodio en el que varios integrantes de una familia habrían sido decapitados y una niña habría sobrevivido. No obstante, los detalles de ese crimen y su vinculación con los detenidos deberán establecerse mediante las investigaciones fiscales. Las declaraciones registradas en videos no constituyen, por sí solas, sentencias ni acreditan judicialmente la responsabilidad penal de las personas involucradas.

El ministro calificó a algunos de los sospechosos como asesinos confesos y anunció la posibilidad de trasladarlos a la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro. Hasta el momento de esta publicación no se había confirmado una decisión judicial sobre las medidas cautelares aplicables a todos los detenidos.

La investigación también incorporó una dimensión financiera. Reimberg aseguró que la estructura movilizó aproximadamente USD 5 millones a través del sistema bancario durante el último año, una cifra que podría resultar relevante para determinar cómo se financiaban sus operaciones. Sin embargo, el monto corresponde a movimientos financieros reportados por las autoridades y no necesariamente a ganancias ilícitas o recursos cuyo origen delictivo haya sido demostrado judicialmente.

La información disponible tampoco permite establecer si los investigadores identificaron empresas, cuentas utilizadas por terceros o mecanismos específicos para ocultar el origen de los fondos. Estos elementos serían necesarios para determinar si, además de los delitos violentos investigados, existen indicios suficientes para formular acusaciones relacionadas con lavado de activos.

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) participó en la cooperación internacional vinculada con el operativo, según la información recogida por Vistazo. Las autoridades ecuatorianas no han detallado el alcance de esa colaboración ni han precisado si las pesquisas identificaron conexiones operativas o financieras de la facción fuera de Ecuador.

La captura se produce en medio de una serie de intervenciones contra distintas estructuras relacionadas con Los Lobos. A finales de septiembre, la Fiscalía General del Estado informó sobre el procesamiento de diez presuntos integrantes de la organización por delincuencia organizada, después de una investigación desarrollada en Manabí que también examinaba su posible vinculación con varias muertes violentas.

Posteriormente, el 7 de octubre, las autoridades anunciaron la detención de alias El Parce y otras diez personas durante la operación Gran Fénix–Horizonte, dirigida contra una estructura que operaba principalmente en Quito. En ese caso, los investigadores identificaron presuntas transferencias y depósitos superiores a dos millones de dólares.

El 16 de octubre, otra intervención policial permitió detener a 24 sospechosos vinculados con una agrupación denominada La Resiliencia–La Hermandad, asociada con Los Lobos. Entre los aprehendidos figuraban un militar en servicio activo y un agente de tránsito. Aunque estos procedimientos forman parte de las acciones estatales contra la organización criminal, no se ha establecido públicamente que las facciones intervenidas pertenecieran a una misma estructura operativa.

Los Lobos han sido identificados por las autoridades ecuatorianas como uno de los grupos delictivos que participan en las disputas territoriales asociadas con el narcotráfico, las extorsiones y otros mercados ilegales. Su presencia en distintas provincias ha llevado a las fuerzas de seguridad a desarrollar operaciones contra células con diferentes ámbitos de actuación y presuntas fuentes de financiamiento.