La Policía de Bolivia investiga el uso personal de vehículos secuestrados al narcotráfico por jueces y fiscales

La Policía de Bolivia investiga el uso de vehículos de alta gama presuntamente incautados al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset que habrían estado al servicio personal de jueces y magistrados en la ciudad de Sucre, capital judicial del país.

El subcomandante departamental de la Policía de Chuquisaca, Percy Carvajal, informó al periódico local Correo del Sur que se inició una investigación y que algunos vehículos fueron recuperados.

El caso se abrió después de que se difundieran fotografías de dos automóviles BMW estacionados frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que presuntamente habían sido incautados en operativos contra la estructura criminal que lideraba Marset. Se trata de un BMW Serie 8 Coupé naranja y un BMW X7 azul, ambos identificados en imágenes publicadas en medios y redes sociales.

Según las normas bolivianas, todos los bienes relacionados con delitos de narcotráfico pasan a administración obligatoria de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) para su custodia, administración y monetización. En tanto, el Decreto Supremo 5345, de marzo de 2025, establece que los vehículos incautados podrán ser destinados a la Policía Boliviana y a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) en calidad de comodato para desarrollar tareas de seguridad ciudadana y lucha contra el tráfico de sustancias controladas.

En ese marco, el fiscal interino del Estado, José Armando Urioste, anunció que solicitó informes a los funcionarios encargados del caso Marset para establecer quiénes recibieron los vehículos y cuál fue su destino, y advirtió que podría constituir un caso de uso indebido de bienes del Estado.

Por su parte, la presidenta interina del TSJ, Rosmery Ruiz, informó que uno de los vehículos en cuestión ingresó al Órgano Judicial en 2023, bajo la modalidad de comodato, y que posteriormente fue asignado al expresidente del Supremo, Romer Saucedo.

Ruiz afirmó que solicitó información a las direcciones administrativas y financieras de los nueve departamentos para determinar cuántos vehículos incautados están bajo administración judicial y quiénes los utilizan.

La controversia se produce en medio de una disputa de poderes, luego de que el magistrado Saucedo se declarara en el exilio por presunta persecución política por parte del Gobierno de Rodrigo Paz.

Según su versión, “el poder político convirtió nuevamente a la justicia en una puerta giratoria que ejerce como regla la detención preventiva a quien no comulga con ellos, y tampoco titubea para contratar sicarios y silenciar gente con la muerte”.

Saucedo, que ocupaba funciones como presidente del TSJ desde enero de 2025, afirmó en una publicación difundida este miércoles que “hay intereses para desacreditarlo” por su “frontalidad y sinceridad para decir las cosas”, lo que habría causado “molestias” en el Ejecutivo.

Sin embargo, ayer conoció que un día antes de que Saucedo se declarara en el exilio se había emitido una orden de captura en su contra por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

Según información del Ministerio de Gobierno (Interior), Saucedo estaría vinculado con Roger Mariaca, el exfiscal general del Estado detenido preventivamente y acusado de liderar una red de protección institucional al narcotráfico.

“Las investigaciones son las investigaciones, probablemente por eso se haya puesto nervioso”, afirmó el ministro Marco Antonio Oviedo sobre la huida de Saucedo, sin hacer referencia a las acusaciones contra la administración de Paz.

Tras la salida de Saucedo, la decana del TSJ, Rosmery Ruiz, asumió la presidencia interina del organismo por un plazo de seis días, tras el cual la ausencia de su antecesor será considerada abandono de funciones.

Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y del Estado, Eduardo Rodríguez Veltzé, el caso expone “la profundidad de la crisis judicial y reabre con urgencia la necesidad de una reforma estructural del sistema, con consenso político y ciudadano”.