
La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata autorizó la realización de extracciones de ADN a dos policías para identificar al quinto implicado en el femicidio de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años que fue secuestrada, torturada, violada y asesinada por efectivos de La Bonaerense el 4 de febrero de 2001, en la ciudad de Miramar.
De esta manera, los magistrados Adrián Angulo y Marcelo Madina resolvieron “confirmar parcialmente la resolución del Juez de Garantías (Daniel De Marco) en cuanto autorizó la extracción compulsiva de una muestra sanguínea” de dos policías y “revocarla en cuanto ordenó dicha medida respecto de Leonardo Oviedo y Juan Carlos Torrente”.
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En la resolución, estos dos últimos quedaron excluidos porque los argumentos presentados en el pedido resultaron “insuficientes para establecer una probable vinculación con relevancia penal con el ilícito investigado”.
La solicitud del cotejo fue elevada por la fiscal de la causa, Ana María Caro, y la abogada de los Melmann, Josefina Rodrigo, quienes pidieron avanzar con la comparación de las pruebas genéticas de un grupo reducido de policías que estuvieron presentes la noche del crimen.
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El juez De Marco había autorizado la extracción de sangre de los ocho policías, incluido Enrique Diez, dueño de la casa donde fue llevada la joven por última vez. Sin embargo, la defensa de cuatro de ellos hizo una presentación fuera de término y la medida quedó suspendida.
“Dos policías autorizaron la extracción y otros dos la negaron, quienes no se someterán a dicho análisis. Son tres de Miramar y otro de Neuquén”, dijo Gustavo Melmann, el padre de Natalia, en diálogo con la agencia NA, quien además le recriminó al juez por dar lugar a la apelación “porque se encontraba fuera de término”.
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Por eso, el hombre reclamó que este “calvario se debería haber terminado y resulto hace 24 años con la extracción de la sangre” y responsabilizó“ al Estado y a la Policía Bonaerense por quitarle la vida a su hija”. En ese sentido, añadió: “se tendrían que haber ocupado de esclarecer quienes fueron estos monstruos”.
La abogada Rodrigo, en tanto, dijo que aún no se fijó una fecha para los cotejos porque la Fiscalía debe solicitar el turno a la Asesoría Pericial y allí se establece. “Será el trabajo que nos tomaremos: insistir para que sea cuanto antes”, explicó.
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Se trata de un perfil genético que se halló en el cuerpo de Natalia y que se encuentra en el expediente desde el principio de la investigación, pero nunca fue analizado.
“Nuestra salud física y mental no da más. Queremos lograr que aquellos que participaron en la muerte de nuestra hija sean castigados, pero la responsabilidad es del Estado porque es quien tendría que llevar directamente adelante la investigación”, reiteró el padre de la víctima.
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En febrero pasado, Caro solicitó el análisis de ADN de un quinto sospechoso, un ex policía de 60 años radicado en Trenque Lauquen. El resultado todavía no se conoce.
Natalia, de 15 años, fue encontrada asesinada en el vivero “Florentino Ameghino” tras haber sido secuestrada, violada y asfixiada con el cordón de sus zapatillas. La autopsia reveló signos de múltiples agresiones físicas, incluyendo moretones,quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.
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A lo largo de la investigación, las pericias forenses confirmaron que el cuerpo de Melmann contenía rastros genéticos de al menos cinco individuos, lo que indicaba la participación de más personas en el crimen.
El caso
Según se probó en el juicio, la adolescente fue interceptada por un grupo de policías bonaerenses, quienes la obligaron a subir a un vehículo oficial en el que “fue accedida carnalmente”. Posteriormente, fue trasladada a una vivienda en el extremo sur de la ciudad, donde fue torturada y abusada sexualmente.
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La joven murió por asfixia, “estrangulada con un lazo confeccionado con el cordón de una de sus zapatillas”.
Por el crimen de Melmann, en septiembre de 2002 fueron condenados a prisión perpetua los ex policías Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Oscar Echenique, encontrados culpables de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.
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A su vez, Gustavo “Gallo” Fernández, ex convicto con antecedentes penales, fue sentenciado a 25 años por su participación en el secuestro, aunque la pena fue reducida posteriormente a 10 años.
Otro de los imputados, Ricardo Panadero, fue absuelto en dos oportunidades por falta de pruebas. Sin embargo, en 2019, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires anuló la absolución y ordenó que se lo juzgara nuevamente.
Finalmente, en 2023, Panadero fue condenado a prisión perpetua por “privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad”.
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