Cuatro detenidos y más de mil dosis de cocaína en una causa contra dos presos de la cárcel de Florencio Varela

Una investigación judicial iniciada por la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº 9 de Florencio Varela, especializada en delitos carcelarios y a cargo del fiscal Christian Granados, derivó en un amplio operativo contra una presunta organización dedicada a la comercialización de estupefacientes desde el interior de la Unidad Carcelaria Nº 31 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada en Florencio Varela.

La causa, que apunta a una compleja red de distribución liderada por dos internos del penal, culminó con cuatro sospechosos aprehendidos, seis notificadas y una importante cantidad de drogas, armas y dinero secuestrados.

El foco de la pesquisa fue la actividad de los internos Fernando Martín Escobar Brítez, alias “Alan” (35 años), y Matías Ezequiel Paz Benítez, conocido como “Maty” (40), ambos señalados como “dealers intramuros”.

De acuerdo con la información recolectada por los investigadores, los sospechosos habrían montado una estructura de venta de droga desde el interior del penal con ramificaciones externas y apoyo logístico en el barrio Villa Azul.

Según la hipótesis fiscal, Escobar Brítez y Paz Benítez habrían utilizado visitas femeninas como “mulas” para ingresar los estupefacientes al penal. Las mujeres recibían pagos anticipados y, durante las jornadas habilitadas para visitas, ocultaban la droga en su indumentaria o pertenencias para introducirla en los pabellones. Las entregas se distribuían en al menos trece sectores distintos del establecimiento penitenciario.

A partir de esta dinámica, y con pruebas reunidas durante el proceso de investigación, el Ministerio Público Fiscal dispuso la ejecución de 20 órdenes de allanamiento entre pabellones del penal y distintos domicilios ubicados en Quilmes, Avellaneda, San Miguel y La Plata.

El 13 de junio pasado, se concretaron 13 allanamientos dentro del penal, que incluyeron requisas en celdas específicas. Durante ese operativo, fueron secuestrados estupefacientes, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa. Participaron agentes de distintas direcciones de seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Tanto Escobar Brítez como Paz Benítez fueron notificados formalmente de la apertura de la causa penal en su contra.

Al día siguiente, se realizaron siete allanamientos simultáneos en distintas localidades del conurbano bonaerense, que arrojaron resultados concretos. En esas intervenciones, fueron aprehendidas cuatro sospechosos de 21, 31, 37 y 33 años.

Además, otras seis personas fueron identificadas y notificadas de la formación de la causa. Una de ellas, de 38 años, fue sindicada como proveedora de Paz Benítez; dos hombres de 28 y 30 cumplirían funciones como “satélites” del búnker; y una mujer de 47 también señalada como proveedora de droga para la red vinculada a “Maty”.

Los resultados de los allanamientos permitieron el secuestro de 1.342 dosis de cocaína, 98 dosis de marihuana, un revólver calibre .32 con seis municiones, cinco cartuchos de escopeta calibre 16, una máquina contadora de billetes, cinco teléfonos celulares y 29.500 pesos en efectivo.

Sin embargo, fuentes penitenciarias explicaron que dentro del penal se encontraron “dos envoltorios con 4,5 gramos cada uno, de sustancia similar a la marihuana, una tuquera y un celular de un detenido en particular”. Y se retiraron de los pabellones ocho teléfonos sin dueño ni registro.

Los elementos fueron puestos a disposición de la fiscalía actuante como evidencia directa del presunto circuito de comercialización.

Todo el operativo fue coordinado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, en el marco de una causa caratulada como infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes en la Argentina.

Las medidas ordenadas por la justicia apuntan a desarticular una estructura mixta que operaba tanto dentro como fuera del penal, con roles definidos y vínculos entre internos, visitas y contactos externos.

Las investigaciones continúan para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer posibles conexiones con otras redes criminales en la región.