Un operativo ordenado por la Justicia Federal de Salta derivó este martes en la detención de siete personas dentro del Complejo Penitenciario Federal III de General Güemes, en el marco de una causa por venta de estupefacientes y tráfico de teléfonos celulares. Las medidas fueron llevadas a cabo durante el horario de visitas, bajo la coordinación del fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, con intervención de la jueza federal 2, Mariela Giménez.
La irrupción en el penal se produjo minutos después del mediodía y contó con la participación de fuerzas nacionales, que desplegaron un amplio operativo de seguridad. Según le confirmaron fuentes vinculadas a la investigación a Infobae, la maniobra fue parte de una serie de procedimientos que ya concluyeron y que dejaron como saldo el secuestro de numerosos celulares y la detención de siete internos y sospechas sobre personal del Servicio Penitenciario Federal.
Según consignó El Tribuno, el despliegue se activó en el momento en que se realizaban las visitas dentro del complejo. Una vez asegurado el lugar, se evacuó a los visitantes para permitir el ingreso de los uniformados, quienes sorprendieron a los reclusos en plena jornada de actividades. Al enterarse de la presencia de las autoridades, varios internos intentaron deshacerse de objetos comprometedores. Literalmente, comenzaron a lanzar envoltorios con sustancias y dispositivos móviles por las ventanas de los pabellones.
Un detalle central del procedimiento fue el uso de un dron de la Gendarmería Nacional, que sobrevoló las instalaciones y captó imágenes en las que se observa a los detenidos deshaciéndose de los elementos ilícitos. “El dron registró cómo algunos internos arrojaban teléfonos celulares al tomar conocimiento de los allanamientos”, indicaron voceros de la causa. Esa maniobra quedó documentada y se incorporó a la investigación como evidencia clave.
Además de los aparatos electrónicos, los investigadores encontraron envoltorios con drogas y otros elementos de valor para la causa, que serán sometidos a peritajes y análisis. La hipótesis que manejan los fiscales apunta a la existencia de una red de comercialización de estupefacientes dentro del penal, facilitada por agentes del Servicio Penitenciario que habrían permitido el ingreso y la circulación de los productos ilegales.
“Al parecer son algunos de los que se encargaban de vender droga en el interior del penal”, señalaron fuentes con acceso al expediente, en referencia a los reclusos detenidos.
Los videos obtenidos por los investigadores, en los que se observa a los internos realizando transacciones de drogas, ya forman parte del cuerpo probatorio. Las autoridades judiciales no descartan nuevas detenciones en los próximos días, en función del análisis del material secuestrado y del avance de las pericias en curso.
Por el momento, tanto los internos como los agentes penitenciarios arrestados continuarán detenidos mientras se evalúa su situación procesal. El caso permanece bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Salta y el juzgado federal a cargo de Mariela Giménez.
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