La Justicia ordenó que el clan acusado de la megaestafa inmobiliaria de Induplack vaya preso: congelaron sus bienes

Según la acusación en su contra, desde 2012 la empresa Induplack operó en el creciente mercado inmobiliario porteño, con ofertas de obras de pozo con cuotas pesificadas, que resultaban tentadoras para pequeños inversores, personas que tras años de ahorro deseaban tener su casa.

Regenteada por el patriarca Vito Antonio L’Abbate, sus hijos Emanuel Andrés, Santiago y Juan Ignacio y su apoderado Patricio Gastón Flores, operaba con dos brazos. Primero, con Induplack misma, la firma inmobiliaria. En paralelo, Induplack Fiduciaria SA actuaba en carácter, precisamente, de fiduciaria y administraba los fideicomisos.

Ofrecieron, por lo menos, 13 obras en su esquema a lo largo de diversos barrios porteños, en calles como Caaguazú, Ruiz Huidobro y la avenida Rivadavia.

Con el tiempo, las demandas y causas judiciales comenzaron a apilarse. Induplack no entregaba los departamentos. En algunos casos, como en un sitio de la calle México, vendieron y nunca construyeron. En el fuero civil, sus compradores los enfrentaban con expedientes daños y perjuicios y escrituración. En redes sociales, directamente, los exponían. Otros fueron a la Justicia penal. Infobae reveló el caso a fines de diciembre pasado, investigado por la fiscal Mónica Cuñarro, con una causa bajo la firma del Juzgado N°40 de la magistrada Paula González.

En su expediente, Cuñarro acumuló 34 denuncias presentadas entre 2024 y 2025 en el fuero criminal porteño, con 40 damnificados, varios de ellos constituidos en diversas querellas, para formar una megacausa bajo las figuras de asociación ilícita y estafa.

Este lunes, la jueza González ordenó el procesamiento con prisión preventiva del clan L’Abbate y el apoderado Flores, según el fallo al que accedió este medio. También, ordenó la inhibición general de los bienes para todos los acusados, excepto Santiago L’Abbate, para el cual dispuso un embargo de 905 millones de pesos.

Así, deberán entregarse a la Justicia en un plazo de tres días, o serán arrestados por la fuerza. Vito, el patriarca del clan, fue procesado como el jefe de la asociación ilícita.

En rigor, este es el segundo procesamiento de la causa. Hubo otra para tres de los acusados, pero sin prisión preventiva. El 8 de octubre último, la Sala VII de la Cámara Criminal y Correccional, integrada por Juan Esteban Cicciaro y Ricardo Matías Pinto, confirmó la decisión, con un embargo colectivo que superó los $700 millones.

Cheques sin fondos

El rastro de cheques sin fondo es otra zona roja en el caso. Datos del Banco Central revelaban que lnduplack Fiduciaria había emitido 61 durante los últimos dos años y por más de $115 millones. Con el tiempo, parte de esa deuda fue cancelada.

Vito L’Abbate, de 65 años, según las mismas fuentes, se encuentra vinculado a otros nueve millones de pesos en cheques sin fondos en el mismo período.

Entre el 20 de febrero y el 10 de marzo último, varios de los acusados fueron citados nuevamente a indagatoria en Tribunales. La reticencia a responder preguntas fue notable. Según documentos judiciales a los que accedió Infobae, Flores, Santiago, Emanuel y Vito L’Abbate se negaron a contestar.

En cambio, todos los imputados ofrecieron realizar un descargo por escrito; Santiago L’Abbate presentó el suyo en el acto. La fiscal Cuñarro no quedó satisfecha con esto. El 27 de marzo pasado, le pidió al Juzgado N°40 que se amplíen las indagatorias y se inhabiliten los CUIT de los acusados.

Además, la fiscal sumó a dos imputados nuevos, parientes entre sí, vinculados a una inmobiliaria de Villa Crespo que, según denuncias de las víctimas, operó con Induplack.

Los damnificados apuntaron en sus relatos directamente a ellos; aseguraron haberles realizado pagos en dólares para departamentos que nunca recibieron e, incluso, reunirse con Flores en sus oficinas. Cuñarro también pidió el procesamiento para estos dos nuevos acusados, que no fueron incluidos en la decisión firmada este lunes por la jueza González.

Así operaba Induplack

Un documento judicial del caso detalla la acusación: “Una vez firmado el boleto de compraventa, los compradores/damnificados comenzaban a pagar las cuotas. Esos aportes, que se ponían a disposición de la fiduciaria, debían ser destinados a la financiación y conclusión de las obras integrantes de los diferentes encargos fiduciarios”.

Y sigue: “Sin embargo, cuando se cumplía el plazo para la entrega y escrituración, en algunos casos las obras no habían concluido, otras ni siquiera habían comenzado, seguían en pozo, y, en otros, restaban los trámites registrales para su escrituración”.

Según aseguró Cuñarro: “Es así que, cuando los damnificados solicitaron explicaciones, se les respondía con evasivas para dilatar los plazos. Tal es así que enviaban cartas documentos que no eran respondidas, muchas veces asumían su incumplimiento y se les informaba que había sido vendida a otra persona e, incluso, algunos damnificados se constituían en la unidad funcional con un escribano y constataban que ya se encontraba ocupado”.