El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó el pasado 30 de diciembre a cuatro hombres involucrados en el transporte de 314 kilos de cocaína ocultos en la caja de una camioneta del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Aguas Blancas.
Las penas impuestas oscilan entre los 3 y 8 años de prisión, mientras que el jefe del cuartel de los Bomberos Voluntarios de Aguas Blancas, Fredi Galarza, fue absuelto y se ordenó la devolución del vehículo utilizado para el delito a la entidad a la que pertenece.
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El tribunal, integrado por los jueces Domingo Batule, Gabriela Elisa Catalano y María Alejandra Cataldi, dictó las siguientes penas, según informó Fiscales.gob.ar:
- Julio Armando Araníbal y Andrés Florentín Salto, integrantes del cuerpo de bomberos, fueron condenados a 7 y 8 años de prisión, respectivamente, como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
- Nahuen Galarza, miembro del cuartel e hijo del jefe, recibió 4 años y 6 meses de prisión tras acogerse al beneficio de reducción de pena como imputado colaborador.
- Federico Gastón Reyes fue condenado a 3 años de prisión en suspenso como partícipe secundario, por lo que quedó en libertad bajo medidas restrictivas, incluyendo la prohibición de salir del país.
El operativo y la investigación
El caso se originó el 15 de marzo de 2024, cuando una patrulla de la Gendarmería Nacional durante un control vial en la Ruta 50, a la altura del kilómetro 46 entre las localidades de Aguas Blancas y Orán, interceptó una camioneta Volkswagen Amarok perteneciente al cuartel de bomberos, conducida por Nahuen Galarza y acompañado por Federico Reyes.
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En la inspección, los gendarmes hallaron doce cajas medianas envueltas con cinta de embalar, que contenían 300 paquetes tipo ladrillo. La prueba de campo confirmó que se trataba de 314 kilos de cocaína con un 88% de pureza, suficiente para producir más de 2,6 millones de dosis. También se incautaron teléfonos celulares, una pistola 9 milímetros y un cargador con 14 balas sin documentación.
La fiscal interina María del Carmen Núñez, de la Sede Descentralizada de San Ramón de la Nueva Orán, lideró la investigación junto al prosecretario Sebastián Spucches. A partir de la colaboración de un imputado arrepentido, se determinó que la droga ingresó al país desde Bolivia el 5 de marzo de 2024 y estuvo almacenada en la vivienda de Araníbal, en el asentamiento El Paltar, cerca de la frontera.
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Los acusados simularon diversas maniobras para el transporte del estupefaciente, incluyendo la supuesta asistencia a un automovilista con desperfectos mecánicos para trasladar la droga desde la vivienda de Araníbal hasta el cuartel de bomberos, de donde partió finalmente hacia Orán en el vehículo interceptado.
Entre el 15 y el 17 de marzo se realizaron allanamientos en el cuartel de bomberos y en las viviendas de los involucrados, donde se secuestraron elementos vinculados a la causa. Además, perros antinarcóticos detectaron rastros de droga en otro vehículo del cuartel, corroborando el uso del rodado para actividades ilícitas.
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La fiscalía también identificó al líder de la organización, quien se encuentra prófugo y con un pedido de captura nacional e internacional.
Resolución del tribunal
El tribunal coincidió con la acusación de la fiscalía respecto a los roles de los acusados, con excepción de Fredi Galarza, quien fue absuelto al no acreditarse su participación directa en el delito.
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En el caso de Federico Reyes, se reconoció su rol secundario, por lo que se le otorgó una pena en suspenso.
Los jueces destacaron la coordinación y distribución de tareas entre los imputados para concretar el transporte de la droga. Según la jueza Cataldi, el caso implicó una “ejecución conjunta” con un “reparto horizontal de tareas”, lo que justificó la calificación de coautores para los principales involucrados.
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