Un cargamento declarado como “buche de pescado” resultó ser 109 sacos de aletas de tiburón, lo que provocó la retención del contenedor en el Puerto de Manzanillo, Panamá.
La situación fue detectada gracias a labores conjuntas de fiscalización y control ambiental.
Las autoridades confirmaron que la carga tenía como destino final Malasia, lo que puso en alerta a los organismos encargados de la protección de especies marinas.
En las próximas horas, expertos realizarán identificación taxonómica de las aletas decomisadas.
El objetivo principal es determinar si entre ellas hay especies incluidas en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
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De confirmarse la presencia de especies protegidas, el comercio de estos productos estaría sujeto a regulaciones internacionales estrictas.
La normativa panameña prohíbe cualquier tipo de extracción, movilización o comercialización de tiburones que figuren en la lista CITES.
Según las autoridades, la cuota para estas especies es actualmente cero.
Por esta razón, el caso representa un posible incumplimiento tanto de la legislación nacional como de los acuerdos internacionales suscritos por el país.
El decomiso se enmarca en las acciones de control y vigilancia sobre el comercio internacional de productos derivados de especies marinas.
En este sentido, el Ministerio de Ambiente se encuentra realizando las diligencias administrativas para determinar el origen, las rutas y los responsables implicados en la operación.
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La investigación sigue abierta y las autoridades han anunciado que, una vez concluidos los análisis y trámites correspondientes, se iniciará un procedimiento administrativo sancionador basado en la normativa vigente.
Además, el caso será remitido a la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público para la apertura de las investigaciones penales necesarias y la determinación de posibles responsabilidades.
El Ministerio de Ambiente aseguró que mantiene su compromiso de supervisar el caso y colaborar con todas las entidades involucradas, buscando garantizar el cumplimiento de las regulaciones ambientales y la protección efectiva de las especies de tiburón.
La intervención estuvo a cargo del Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental (EME-Ambiental), que contó con el apoyo de la Dirección de Investigación Policial (DIP), la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y el Ministerio de Ambiente.
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En 2022, Panamá junto a otros 40 países marcaron la historia de la vida marina del planeta al lograr la inclusión de 19 especies de la familia Carcharhinidae de tiburones en la lista de peligro y peligro crítico de extinción en la lista de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
También se logró la inclusión de todas las demás especies de esta familia, que suman 35 por su semejanza, para facilitar la aplicación de la regulaciones, según lo establece el Apéndice 2 de la CITES.
Esto se traduce en que la comercialización de todas estas especies deberá ser reglamentada en todos los Países Parte de la CITES, que suman 186, y cuyos gobiernos deben adecuar sus normas sobre la pesca de estos tiburones, tomando en cuenta que todas las decisiones de CITES son vinculantes para los Estados Parte.
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El 68% de la familia de los tiburones “Réquiem” (o de la familia Carcharhinidae) ya está en peligro de extinción y representan más del 66% en el mercado asiático por la demanda de sus aletas y su carne.
La especies que fueron incluidas en la propuesta fueron: el tiburón gris de arrecife, el tiburón arenero, el tollo picudo del Atlántico, el tiburón de Ganges, el tiburón pardo o aletón, el tiburón de Borneo, el tiburón de Pondicherry, el tiburón dientiliso puntas negras, el tiburón limón segador, el tiburón arrecifal del Caribe, el tiburón picudo y el tiburón nocturno, entre otras.
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