Hasta mediados de este año, Induplack Fiduciaria, una empresa familiar, ofrecía departamentos en obras de pozo. El negocio era atractivo, una chance para acceder a un departamento a estrenar: prometía buenos precios, cuotas en pesos, obras de aparente calidad. Hoy, su cuenta de Instagram funciona como un cementerio de la esperanza. “No borren mis mensajes, quiero respuestas”, comenta una mujer en un posteo sobre una construcción en Ruiz Huidobro al 3055, zona de Saavedra. “Por favor, aguardo su contacto, desde junio sin novedades de ustedes”, exclama otra en otro posteo, esta vez sobre un edificio en Alberdi al 5700, Mataderos.
Probablemente, ninguna de las dos reciba una respuesta en el corto plazo. Hoy, los miembros de la sociedad detrás de Induplack Fiduciaria tienen problemas más graves. La semana pasada, la fiscal Mónica Cuñarro pidió ante el Juzgado N°40 la indagatoria de cinco empresarios, cuatro de ellos miembros de la familia L’Abbate, que controla la empresa, con su aparente cabeza, Vito L’Abbate. El presunto delito: integrar una asociación ilícita dedicada a la estafa durante los últimos doce años, en un expediente que reúne a 19 víctimas que invirtieron en nueve proyectos sin ver un solo ladrillos. Las obras de Saavedra y Mataderos se encuentran mencionadas en la causa.
Los números de Induplack Fiduciaria y una firma paralela, Icons Tech, que es parte de la investigación, sangran por la herida con una serie de cheques sin fondo revelados por información del Banco Central a la que accedió Infobae. Induplack emitió 71 de ellos en los últimos dos años, con un rojo de $140 millones. Parte de la deuda fue cancelada. Hoy, solo debe $93 millones. El pedido de indagatoria no es el comienzo del caso para Cuñarro: el 8 de octubre último, la Sala VII de la Cámara Criminal y Correccional integrada por Juan Esteban Cicciaro Ricardo Matías Pinto confirmó los procesamientos de los acusados, con un embargo colectivo que superó los $700 millones.
Cuñarro, con una experiencia exitosa en investigar posibles megaestafas, a cargo de la causa que llevó de vuelta a una celda a Alejandro Muszak, CEO del entramado de firmas Wenance- comenzó la investigación en 2022, para luego unificar más de una decena de causas iniciadas contra Induplack.
La fiscal explicó la mecánica del negocio en una presentación reciente:
“Estos emprendimientos estaban destinados a viviendas de propiedad horizontal, cuyos beneficiarios eran los adquirentes en calidad de consumidores finales que habían suscripto boletos de compraventa de unidades funcionales en los que se establecía la fecha de finalización de obra y del otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, y de esta manera la fiduciaria Induplack S.A. obtenía un plus o ganancia como desarrollador inmobiliario para continuar financiando el proyecto. Una vez firmados los boletos de compraventa, los compradores/damnificados comenzaban a pagar las cuotas”, comenzó.
Luego, “esos aportes, que se ponían a disposición de la fiduciaria, debían ser destinados a la financiación y a la conclusión de las obras integrantes de los diferentes encargos fiduciarios”.
“Sin embargo, cuando se cumplía el plazo para la entrega y la escrituración, en algunos casos las obras no habían concluido, otras ni siquiera habían comenzado, seguían en pozo y en otros, restaban los trámites registrales para su escrituración. Es así que cuando los damnificados solicitaban explicaciones, se les respondía con evasivas para dilatar los plazos”, concluye la fiscal.
Entonces, comenzaban los reclamos de rigor. Cartas documento que no recibían respuestas, demandas civiles. El rastro de papeles en el fuero civil porteño es notable: de acuerdo a registros consultados por este medio, Induplack acumula en su contra más de treinta expedientes por escrituración, daños y perjuicios, cobro de sumas de dinero y rescisión de contrato, todos iniciados entre 2023 y 2024. De vuelta en la Justicia penal, siete víctimas se constituyeron como querellantes en el expediente del Juzgado N°40.
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