
El dueño de dos de los restaurantes más concurridos de Carrasco –un barrio residencial de Montevideo– fue estafado durante al menos seis años por su jefe de compras, que adquiría productos a nombre de la empresa, coordinaba el fraccionamiento y los comercializaba en otros negocios. La maniobra implicó un perjuicio de más de USD 1 millón para la empresa y terminó con cinco personas imputadas.
El manejo irregular fue detectado este año, cuando, tras una auditoría, representantes de la empresa encontraron diferencias significativas entre las cantidades de mercaderías facturadas y las efectivamente recibidas en sus establecimientos, detalló el Ministerio del Interior.
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El principal involucrado se desempeñaba como el encargado de compras y aprovechó sus funciones en el cargo para solicitar productos a nombre de la empresa coordinando el fraccionamiento de los pedidos en distintas facturas.
Una parte de esa mercadería era entregada en los restaurantes Manzanar y Río –propiedad de la sociedad anónima Bowerdin–, pero otras partidas eran retiradas directamente desde los proveedores para su posterior comercialización en otros negocios, de acuerdo a la investigación. Sin embargo, todo el costo de estas adquisiciones era asumido por la empresa denunciante.
El avance del caso permitió identificar a cinco personas investigadas: el jefe de compras, su padre, un tío, su pareja y un ex empleado de la empresa.
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Las cinco personas fueron imputadas por la Justicia uruguaya por los delitos de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de apropiación indebida.
El caso de los huevos
Una charla en la cocina dio el origen a esta investigación. Un encargado del local advirtió al dueño que faltaban huevos, un dato que lo desconcertó: los registros marcaban que hubo compras de hasta 1.800 unidades diarias, informó el diario El Observador.
Esto derivó en una auditoría que mostró que los números no cerraban. Y no solo los de la compra de huevos: también había sobrefacturación en la adquisición de hortalizas, verduras, artículos de limpieza e insumos de alto valor como el salmón.
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La maniobra del jefe de compras consistía en diversificar los productos sustraídos y pedirle a los proveedores que los dividieran en tres partes iguales: uno lo asignaba formalmente a Manzanar, otro a Río y una tercera porción era retenida por él. Esta mercadería era comercializada en el mercado informal y en otros locales gastronómicos a precios diferenciales.
Incluso los involucrados llegaron a montar un comercio propio, llamado Los Frutis, donde ofrecían esta mercadería.
El principal investigado financió con este dinero once viajes al exterior (entre ellos a Dubái e Italia), compró un vehículo y avanzó en la compra de un apartamento de pozo.
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Cuando se confirmaron las irregularidades, el hombre fue despedido del restaurante por mala conducta.

“Tenemos la certeza de que durante el tiempo que trabajó –del 2017 al 2026–, él adquirió camionetas, con las cuales hacía los traslados de los productos”, dijo a la salida de la audiencia de formalización la fiscal del caso, Sandra Fleitas. Fleitas detalló que el implicado compró también un auto de alta gama.
Para uno de los imputados se dispuso el arresto domiciliario total con colocación de tobillera electrónica. Otros tres implicados fueron imputados por los mismos delitos en calidad de coautores y, para dos de ellos, se estableció la obligación de fijar domicilio, la prohibición de salir del país, la retención de sus documentos y la prohibición de mantener cualquier tipo de comunicación con el resto de los integrantes de la banda. Para el quinto involucrado se dispuso arresto domiciliario nocturno, con prohibición de acercamiento y contacto con el resto de los implicados, así como el cierre de fronteras.
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