Un intendente de Salta recibió arresto domiciliario por un millonario robo y contrabando de rieles

El fiscal general de Salta, Eduardo Villalba, formalizó la imputación contra el intendente de Coronel Juan Solá, Atta Miguel Gerala por el robo y contrabando de rieles en el norte de la provincia. Por el hecho, su hijo, José Miguel “Yopi” Gerala, cumple prisión preventiva junto a David Medina, otro implicado en la trama delictiva.

En una audiencia dirigida por el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, la Unidad Fiscal Federal de Salta por los delitos de contrabando agravado por su valor, el número de intervinientes y la participación de un funcionario público, en concurso real con robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en grado de partícipe necesario.

Asimismo, se le adjudicó malversación de caudales públicos, en función de que dispuso el uso de bienes públicos para el provecho personal. Por otra parte, la fiscalía solicitó el levantamiento del secretario bancario, fiscal y bursátil, al igual que el arresto domiciliario del jefe comunal hasta el 31 de diciembre próximo.

Al iniciar la audiencia, Montoya le preguntó al intendente si tenía otra ocupación, además del cargo público que ostenta desde el año 1995, su defensor indicó que solo la de funcionario público.

Luego, Villalba aclaró que la citación del intendente responde a una segunda etapa de muchas de la investigación penal que lleva adelante en torno al robo de rieles en el chaco salteño y su posterior contrabando a Bolivia, donde son reducidos por cifras millonarias.

La causa se inició en agosto del año pasado a partir de la denuncia de personal de Correo Argentino, entidad que puso en evidencia el envío, a través de encomiendas, de más de 480 cubiertas que eran comercializadas por Medina.

Dado que el sospechoso ya tenía antecedentes por el delito de encubrimiento de contrabando, los detectives se focalizaron en sus movimientos. A la vez que se dispuso una serie de intervenciones telefónicas, en las cuales surgió el contrabando de exportación de material ferroso, en particular de rieles que eran robados del Ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas, en el tramo entre las estaciones de las localidades de Padre Lozano y Morillo.

Sobre la gravedad de la maniobra, las fuentes aclararon que no solo se trata de patrimonio del Estado Nacional, sino que el Poder Ejecutivo Nacional prohibió expresamente la exportación de material ferroso.

De las tareas investigativas, se estableció que Medina tenía varios proveedores de rieles robados. Uno de ellos, identificado solo por las conversaciones que mantenía con el comerciante, afirmó de manera contundente contar con una gran estructura para el saqueo de los rieles e incluso podía asumir el traslado del material robado a un galpón de calle Alberdi al 900, en Orán, donde eran acopiados.

En julio pasado, en tanto, la fiscalía recibió una denuncia que señalaba al hijo del intendente como el principal responsable del saqueo. Esa información se confirmó al cotejar su número de teléfono con el proveedor que hablaba insistentemente con Medina para avanzar con la maniobra, al punto tal que, en las conversaciones, aseguró contar ya con varios rieles sustraídos de los pueblos de Pluma de Pato, Dragones y Morillo.

El fiscal puntualizó que, luego de robarlos, los rieles robados pasaban por fincas privadas, ubicadas en el límite fronterizo, cuyo fondo colinda con Bolivia, donde el material era recibido por compradores que previamente se contactaban con Medina y acordaban los valores de la transacción.

La investigación avanzó sobre “Yopi” Gerala. Los detectives lograron comprobar que la infraestructura de la que hacía gala era, en realidad, propiedad del municipio. En ese sentido, el fiscal sostuvo que los Gerala se valieron de las herramientas, maquinarias de corte y hasta el grupo electrógeno del municipio para concretar el delito.

Incluso señaló que los rieles robados, en parte, eran resguardados en predios de la municipalidad y hasta en la casa del propio intendente, desde donde se secuestró 15 rieles, valuados en la suma aproximada de 19 millones de pesos, se informó en un comunicado.

En consecuencia, la fiscalía sostuvo que el intendente tuvo una participación necesaria, debido a que aportó el material necesario para el robo de los rieles, incluso vehículos. Explicó que los acusados se valían de la mano de obra de integrantes de comunidades originarias de la zona, quienes reconocieron su participación ilícita promovida por el hijo del jefe comunal.

Villalba comparó el accionar con el saqueo de caños del Gasoducto GNEA, siendo el móvil, en ambos casos, la codicia y el desprecio por los bienes del Estado, lo que se agrava dada el carácter de funcionario público que ostenta.

Al momento de referirse a las medidas de coerción, el fiscal solicitó el arresto domiciliario del intendente, en razón de los riesgos procesales, sobre todo porque podría incurrir en el entorpecimiento de la investigación penal, como, por ejemplo, influir negativamente en los testigos.

Por otra parte, y dada la escala penal de los delitos imputados, sostuvo que el mínimo de la pena que podría recaer en el intendente sería de 5 años, por lo que la ejecución condicional queda excluida.

La defensa, a cargo del abogado Darío Palmier, no objetó la imputación penal, pero sí se opuso al arresto domiciliario. Por su lado, Gerala pidió hacer una manifestación. En la misma negó las acusaciones, a la vez que rechazó cualquier vinculación del municipio con los hechos imputados.

Sin embargo, el consideró que el intendente Gerala hizo un aporte importante en la ejecución de la maniobra delictiva. Sobre el arresto domiciliario, también compartió la postura de la fiscalía, pues es más que evidente el hecho de que el acusado tiene demostrado un arraigo muy fuerte en la zona con casi 30 años como intendente, con excepción de cinco que fue diputado.

Concluyó que en poblaciones como la de Coronel Juan Solá, la intendencia es el núcleo funcional en torno al cual gira el municipio. Manifestó que ya no se puede permitir que se condicione a la gente por un interés político representado, en este caso, por el acusado.