El intendente de la localidad salteña de Aguas Blancas, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, acusado del entorpecimiento de la investigación del crimen de su propio hermano, fue beneficiado con prisión domiciliaria por decisión del juez de Garantías de Orán, Raúl López.
La misma medida alcanzó al abogado Roberto Ortega Serrano, involucrado en la causa por la que también fue detenido el juez de Garantías Claudio Parisi.
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Los tres están imputados por entorpecimiento de acto fundacional, violación de secretos y, en el caso del magistrado, por incumplimiento de deberes de funcionario público, a raíz de la investigación del crimen de Cesar “Oreja” Martínez.
En el caso del letrado Ortega Serrano, para lograr el beneficio, su defensa argumentó que tiene estudio jurídico en la ciudad de Orán hace 20 años y que su pareja es fiscal penal del distrito. El abogado de Martínez, por su lado, consideró que no hay pruebas suficientes en el expediente en contra del hermano de la víctima.
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Parisi, por su lado, fue detenido días atrás mientras se desarrolla un jury en su contra solicitado por el procurador general de Salta, Pedro Oscar García Castiella, quien lo señaló por, presuntamente, beneficiar a narcos con sus resoluciones, a cambio de dinero.
Estilo sicario
El homicidio de “Oreja” Martínez se cometió con un neto estilo sicario: lo acribillaron desde una moto, cerca de las 18 del domingo 12 de noviembre de 2023, en el pasaje Avellaneda, entre Mitre y Bustamante, en San Ramón de la Nueva Orán, donde la víctima cumplía arresto domiciliario por el intento de femicidio de su ex esposa.
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Las crónicas en los medios salteños relataron que “Oreja” fue auxiliado por su pareja y trasladado con rapidez al Hospital San Vicente de Paul. Sin embargo, el hermano de “Conejo” llegó muerto a la guardia, el mismo lugar donde, dos años antes, había abandonado a su esposa agonizante, luego de intentar asfixiarla con un cable.
El análisis de los datos extraídos del celular de “Conejo” Martínez revelaron conversaciones con Ortega Serrano, en las que intercambian informes confidenciales de la causa a cargo de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado. Los informes incluyen solicitudes de allanamiento sobre varios inmuebles, entre ellos el del propio intendente, así como las respuestas de Parisi a los requerimientos.
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La Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, integrada por Claudia Carreras, Luján Sodero Calvet, Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, avanzó así hasta llegar a la puerta de la casa del intendente de Aguas Blancas. La vivienda fue allanada en abril de este año, pero el juzgado de Garantías Parisi demoró semanas en dar la orden para llevar a cabo ese procedimiento y la requisa en la propiedad de Ortega Serrano, otro de los investigados en esa causa.
El intendente sospechado había pedido licencia por tres meses por cuestiones personales ante el inminente arresto, que se hizo efectivo el 24 de septiembre pasado, cuando se presentó en los tribunales de Orán para entregarse. Lo reemplazó el jefe del presidente del Concejo Deliberante en su cargo.
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También para ese entonces fue arrestado el abogado Roberto Ortega Serrano, mientras que la Policía de Salta allanaba las oficinas del juez Parisi por haberle dado acceso a información del expediente al letrado e informar, vía WhatsApp, a “Conejo” Martínez sobre el allanamiento a su vivienda.
El juez pidió licencia médica y el 2 de octubre cayó preso, luego de que un jurado de enjuiciamiento decidió quitarle su inmunidad y suspenderlo tras el pedido del Procurador de Salta. García Castiella, a su vez, denunció “el grosero actuar de Parisi”, debido a que ese mismo juez le había concedido el arresto domiciliario a “Oreja”, “a pesar de estar acusado de tentativa de femicidio y contar en ese momento con dos fallos que determinaban su prisión preventova, dictados por el propio Parisi en causas por violencia de género y venta de drogas. Mientras gozaba de ese beneficio, fue ejecutado en la vereda de su casa de 17 disparos.
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La Unidad Fiscal solicitó, por otro lado, el juicio contra el titular del Juzgado de Garantías N°2 de Orán, por cohecho. Creen que habría acordado recibir una coima en dólares, a través del secretario letrado Maximiliano Correa, por parte de Ortega Serrano, para beneficiar con arresto domiciliario a José Dimas Ruiz, ex candidato a intendente vinculado, como “entregador”, a un millonario y violento robo a la empresa avícola Abra del Sol.
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