En el norte de Salta, en la frontera con Bolivia -país productor de cocaína- se teje una compleja red de organizaciones narcocriminales que acrecientan su poder e influencia, desde las prisiones donde están encerrados sus líderes. Al mismo tiempo, nuevas bandas buscan asentarse en el territorio, una cuestión que alienta las “mexicaneadas”, el robo de cargamentos entre bandas, secuestros y el sicariato.
En este contexto, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, denunció en una conferencia de prensa que hay pruebas de un plan conspirativo desde las cárceles para asesinarlo. De acuerdo a fuentes calificadas que investigan el caso, información de inteligencia criminal reveló que existiría un acuerdo entre grupos criminales para tal fin.
“Se contactaron con personas de Buenos Aires y de Córdoba para atentar contra la vida del jefe de los fiscales de Salta”, detallaron investigadores quienes, incluso, dieron a conocer la cifra que, presuntamente, ofrecieron los autores del plan. “Aunque hablaban de 100 millones de dólares, creemos que la suma era de 100 mil dólares”, aclararon.
“En este caso, llama la atención que no es, técnicamente, una amenaza. Una amenaza persigue lograr una concesión o hacer o dejar de hacer, asustar a quien está dirigida la amenaza. En este caso, no hubo amenaza, hubo silencio y la planificación para pretender un ataque conspirativo”, dijo a la prensa Castinella.
“Es algo serio porque no hay antecedentes en la provincia ni en Argentina. Lo grave de esto es que es una afrenta y un desafío a las instituciones de la provincia, en el caso, al Ministerio Público Fiscal”, agregó el procurador. En los últimos años, Castinella creó unidades fiscales destinadas a atacar el crimen organizado, entre ellas, la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico para la Investigación de Casos Graves ocurridos en el Norte de la Provincia.
Ahora bien, ¿quiénes habrían estado detrás del plan? Según las fuentes de la investigación, el primer nombre que surge es el de Cristian Gabriel “Gringo” Palavecino, ligado al capo narco Ricardo “Coya” Rojas y al sicario Alejandro “Cabezón” Díaz.
Palavecino, que estaba prófugo desde 2017, fue detenido en Orán, en octubre de 2023, por un millonario robo a la frutihortícola Abra del Sol. La causa en su contra cuenta con videos en los que el narco exhibía, en algún lugar no identificado de Orán, “una pequeña fuerza de seguridad propia, gente con pasamontañas, ametralladoras, fusiles FAL, inhibidores, TNT, detonadores con wifi y uniformes”.
“Las imágenes también lo muestran en una especie de sala de interrogatorios, con puertas de hierro, en la que presionaba a personas para que hablaran”, aseguraron sobre los recursos con los que cuenta la estructura liderada por Palavecino.
Al mismo tiempo, las fuentes creen que otra motivación estaría relacionada con los pedidos de jury a jueces de garantías salteños, por el pago de dádivas. En ese sentido, mencionan la filtración de datos sobre la investigación del homicidio de César “Oreja” Martínez, hermano del intendente de Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez.
Por último, sospechan que un brazo del clan Castedo, dedicado al mexicaneo de otras organizaciones que buscan hacer pie en la zona, podría ser parte del “acuerdo de colaboración”.
Tras la denuncia, el procurador general recibió el respaldo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y de la Asociación Argentina de Fiscales, presidido por Marcelo Varona Quintián.
En un comunicado, la AFF remarcó que “el asesinato del fiscal del Paraguay Marcelo Pecci puso en evidencia la cooperación transnacional que actualmente disponen las organizaciones del narcotráfico, como así también la velocidad, recursos y determinación para llevar a cabo acciones en contra de quienes los persiguen legalmente”.
“No es suficiente un despliegue de seguridad pasiva, sino que se requiere una proactividad de investigación y de reunión de la información (inteligencia), que a estas alturas se encuentra plenamente justificada. Consideramos que debe existir una decisión firme que involucre a todos los países de la región actuando de manera coordinada y simultánea”, reclamó la Asociación.
Al mismo tiempo, la entidad insistió en la necesidad de establecer seguridad para los fiscales, familiares y colaboradores que tengan en sus manos investigaciones contra el crimen organizado y la creación de un protocolo de protección a nivel regional.
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