La Justicia desmanteló una organización en el municipio bonaerense de Merlo que se dedicaba a la venta de formularios falsificados para trámites ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), que eran utilizados para obtener planes sociales de manera fraudulenta. Por el hecho hay seis imputados.
Según comunicaron fuentes judiciales a Infobae, la investigación del caso comenzó el 18 de enero de este año, luego de denuncias de vecinos que alertaron sobre la comercialización de estos documentos truchos, los cuales incluían firmas y sellos de profesionales médicos y de instituciones educativas y sanitarias.
La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal de Morón por la Oficina Anticorrupción del Municipio de Merlo, lo que dio inicio a un expediente que encabeza la Fiscalía Federal de Hurlingham, liderada por el fiscal Santiago Marquevich y la secretaría a cargo de Eduardo Suárez.
Durante la investigación, se convocó a médicos y responsables de establecimientos educativos y sanitarios para verificar la autenticidad de las firmas y sellos que aparecían en los formularios. Los detectives confirmaron que ninguna coincidía con los originales, aunque los nombres correspondían a profesionales que efectivamente trabajaban en esas instituciones.
Las planillas se vendían a precios muy accesibles al público. Se ofrecían tanto en las calles como en las viviendas allanadas, señalando que servían para tramitar beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Con las pruebas recabadas, la jueza Alicia Vence, del Juzgado Federal N°3 de Morón, ordenó una serie de procedimientos para desmantelar la organización. Así, el jueves pasado se allanaron nueve domicilios en la localidad de Mariano Acosta y en la ciudad de Merlo, de acuerdo al reporte policial.
En los operativos, realizados por la DDI de Morón, se secuestraron 365 formularios de ANSES, sellos de médicos y enfermeros, sellos automáticos de hospitales, sellos tipo medalla de la Dirección General de Cultura y Educación y del Ministerio de Salud bonaerense, talonarios de recetas médicas, varios celulares, una notebook y anotaciones de interés para la causa.
Además, se notificó de la formación de la causa a los sospechosos. Se trata de cinco mujeres y un hombre de entre 20 y 35 años, que están imputados por el delito de tenencia de objetos y documentos para falsificación, una figura legal que no permite la detención, por lo que no hubo aprehensiones.
El caso dio lugar a otra línea de investigación, que se centra en la defraudación a la administración pública, ya que los beneficiarios que presentaron estos formularios falsos en ANSES podrían ser acusados de estafa.
“La defraudación contra el Estado precisamente la hace un usuario que adquiere esos documentos. Quien tiene los formularios a la venta, una vez que los entrega, deja de tener un dominio sobre lo que va a hacer el comprador. Éste lo puede presentar ante ANSES, lo puede guardar o descartar, pero ya es una decisión del usuario de ese documento. Entonces, no se puede imputar la defraudación a las personas que comercializaban los formularios”, explicaron las fuentes consultadas por este medio.
Y ampliaron: “La disposición patrimonial del Estado se hace en beneficio del presunto ‘contribuyente’. El que los comercializa no se beneficia con dinero estatal, sino del particular que lo adquirió. Por eso, se inició una nueva línea de investigación”.
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