Pidieron la detención de un juez, un intendente y un abogado de Salta por entorpecer la investigación de un crimen narco

El juez de Garantías Claudio Parisi, el intendente de Aguas Blancas Carlos Alfredo “Conejo” Martínez y el abogado Roberto Ortega Serrano transitan una situación complicada: los fiscales de Salta Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa pidieron la detención de los tres debido a que, según sostienen, habrían entorpecido la investigación de un crimen narco.

Se trata del asesinato de César “Oreja” Martínez, un hombre ligado al narcotráfico en la zona de frontera y hermano del jefe comunal. El homicidio se cometió con un neto estilo sicario: lo acribillaron desde una moto, cerca de las 18 del domingo 12 de noviembre de 2023, en el pasaje Avellaneda, entre Mitre y Bustamante, en San Ramón de la Nueva Orán, donde la víctima cumplía arresto domiciliario por el intento de femicidio de su ex esposa.

Las crónicas en los medios salteños relataron que “Oreja” fue auxiliado por su pareja y trasladado con rapidez al Hospital San Vicente de Paul. Sin embargo, el hermano de “Conejo” llegó muerto a la guardia, el mismo lugar donde, dos años antes, había abandonado a su esposa agonizante, luego de intentar asfixiarla con un cable

La Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, integrada por Claudia Carreras, Luján Sodero Calvet, Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, avanzó hasta llegar a la puerta de la casa del intendente de Aguas Blancas. La vivienda fue allanada en abril de este año, pero Parisi demoró semanas en dar la orden para llevar a cabo ese procedimiento y la requisa en la propiedad de Ortega Serrano, otro de los investigados en esa causa.

Ahora, Torres, Salinas y Murúa creen que Parisi dio acceso indebido al abogado al expediente y comunicó al intendente, a través de mensajes de WhatsApp, que la fiscalía pretendía allanar sus domicilios, lo que frustró los resultados. Esas sospechas dieron lugar a la apertura de la segunda causa por el entorpecimiento de la investigación del crimen de “Oreja”, presunto “pasador” de cocaína desde Bolivia.

El pedido de arresto fue elevado al juez de Garantías, Raúl López, debido a que el juez Francisco Oyarzú, a quien le correspondería tomar el caso, fue inhibido de actuar en la causa debido a que es padrino de los hijos del abogado imputado.

Además, los fiscales requirieron que se solicite la autorización de la Corte de Justicia de Salta para allanar el domicilio del juez Parisi quien, en noviembre de 2023, integró el tribunal que condenó a prisión perpetua a Delfín Castedo y a su hermano “Hula”, jefes de una imponente estructura narco de la provincia del norte argentino, por el homicidio de Liliana Ledesma.

“La intervención de la máxima autoridad judicial es necesaria debido a los privilegios constitucionales que protegen al magistrado, quien está imputado por violación de secretos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y entorpecimiento de un acto funcional”, explicó el Ministerio Público en un comunicado.

Como respuesta, la presidencia de la Corte salteña autorizó hoy el allanamiento del domicilio particular del juez de Garantías 2 de Orán. Anteriormente, la Corte de Justicia había habilitado al secuestro de la computadora del juez.

En tanto, en las últimas horas se conoció que el intendente solicitó licencia y su reemplazante decretó asueto de 48 horas para el personal de la Municipalidad de Aguas Blancas, indicó Qué Pasa Salta.

Pedido de destitución

Hace dos semanas, el procurador general de Salta, Pedro Oscar García Castiella, presentó un pedido de jury contra Parisi, además de su destitución por mal desempeño.

García Castiella presentó documentación para acusar al funcionario por el presunto manejo irregular de varios casos que pasaron por sus manos, “lo cual se plasmó en decisiones contradictorias, arbitrariedades en la concesión de beneficios infundados a personas imputadas por hechos graves y, en algunos casos, reiterados”, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

La sospecha del procurador es que esos privilegios procesales eran vendidos a personas vinculadas a organizaciones criminales y bandas de narcotraficantes.