En 2023, se cometieron 258 asesinatos en Rosario, el 70 por ciento de ellos vinculado a la industria del narcotráfico y el sicariato, según datos oficiales, en medio de atentados contra escuelas y extorsiones armadas. Hoy, la tensión empeora con una ola de crímenes y balaceras con cuatro muertos la semana pasada, entre ellos el colectivero Marcos Daiola y el playero de estación de servicio Bruno Bussanich, ejecutado en su lugar de trabajo en la zona oeste.
En el medio, se encuentra la guerra declarada entre la administración del gobernador Maximiliano Pullaro y los grandes capos de Rosario y sus segundas y terceras líneas, presos en su mayoría, afectados por las duras medidas para controlarlos en penales federales y provinciales, como la cárcel de Piñero.
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Las autoridades provinciales sospechan de un pacto entre jefes del hampa para ir en contra del Gobierno, una hipótesis que surge de las diversas notas halladas en la última semana, a pesar de que no hay ninguna pieza de inteligencia que por lo pronto afirme esta hipótesis. Luego, están los territorios que estos capos controlan, y cómo los controlan.
En los últimos días, la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), publicó un extenso informe realizado por Juan Félix Marteau, Sebastián Martinenco y Guido Brunetti, con una serie de propuestas estructurales para la mejora de la seguridad en la jurisdicción. El informe, basado en expedientes judiciales, datos oficiales y fuentes abiertas, detalla con cifras y analiza el fondo de la problemática.
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También, establece mapas, que detallan las concentraciones de asesinatos y, más aún, qué capos controlan qué barrios y territorios, y su forma de operar, con negocios paralelos a la venta de droga como

El relevo incluye a 15 jefes o agrupaciones, desde las diversas facciones de Los Monos como la liderada por “Guille” Cantero, su padre Ariel, alias “El Viejo” y la de su sobrino “Lucho”, su enemigo Esteban Lindor Alvarado y competidores feroces como “El Peruano” Rodríguez Granthon, René Ungaro, el clan Funes, Olga Medina, alias “La Tata” y bandas barriales menores como “Los Cavernícolas”, “La Banda de la Crema” y “Los Picudos”. Casi ninguno, de acuerdo al informe, es dueño absoluto de un territorio.
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El control de “Guille” Cantero es el más extenso a nivel territorial. El informe de FININT detalla intereses en Godoy y Triángulo Moderno, zona sudoeste, Empalme Graneros y Ludueña, zona noroeste y el mayor foco de homicidios en 2023, Tiro Suizo, Las Delicias y Hume en la zona sur, Casiano Casas, 7 de Setiembre y Larrea en la zona oeste, además de sectores aledaños como Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo y Puerto San Martín y el barrio La Cerámica en la zona norte. Rodríguez Granthon, sospechado de ser un proveedor de Cantero, actúa según el informe en Empalme Granero y Ludueña, además de Nuevo Alberdi, al norte de la ciudad.
“El Viejo” marca su presencia en Vía Honda, La Tablada, Villa Manuelita, Villa de los Paraguayos, Villa Nueva Del Abasto, Alvear, Bolatti, Bella Vista y Puente Gallegos. “La Tata” Medina, a la cual supuestamente reportaba la pareja narco que protagonizó la boda del triple crimen de Ibarlucea, ocurrida en enero de 2021, opera en parte de Parque Casas, La Cerámica y Zona Cero.
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René Ungaro, condenado por la muerte del jefe barra “Pimpi” Caminos, se hace sentir en La Tablada, Parque del Mercado y barrio Municipal. La familia de Alan Funes, ladero de Lindor Alvarado, también es histórica en La Tablada rosarina.
“Los Cavernícolas” y “La Banda de la Crema”, “menores en el volumen de droga que venden, pero con alto poder de fuego, controlan parte de los barrios Villa Banana y Bella Vista”, asevera el informe.
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El sistema de franquicias del negocio narco rosarino
“Con el encarcelamiento de los líderes de estas principales bandas criminales, se produce una mutación significativa en el negocio del narcomenudeo con la introducción de las “franquicias” que torna más eficiente la comercialización de los estupefacientes. Este esquema, que perdura hasta la fecha, permite que los líderes de estos agrupamientos criminales más importantes cedan la comercialización de las drogas a los franquiciados a cambio del pago de un canon por parte de estos. Ello permite que los jefes continúen controlando el mercado desde las cárceles donde se encuentran detenidos”, asegura el informe.
“Guille” Cantero, que acumula más de un siglo de condenas, preso en Marcos Paz, es un ejemplo claro de esta forma de hacer negocios.
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“La metodología que usa este criminal (según se desprende de las investigaciones judiciales) para establecer la franquicia es la siguiente: (i) se establece el pago de un canon semanal que deberá abonar el “franquiciado” para poder operar en un determinado territorio previamente delimitado; (ii) el insumo, la droga, la suministra el que hace uso de la franquicia y (iii) el “franquiciante” (Guille Cantero) aporta la “marca” (el franquiciado opera en nombre del líder de la banda criminal) y la protección, ya que debe garantizar que el territorio esté liberado de competidores y de la policía”, finaliza.
El informe completo de FININT:
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