Hoy, Rosario atraviesa uno de los peores baños de sangre de su historia criminal. Pero nadie sabe quién dio la orden.
Hasta el lunes al mediodía, la PROCUNAR -el ala de la Procuración bajo el fiscal Diego Iglesias, encargada de investigar delitos narco- no tenía ningún dato cierto, ninguna pista en todos sus expedientes sobre qué jefe del hampa preso en las cárceles federales de Ezeiza y Marcos Paz comandó la masacre en cuotas de la última semana donde dos taxistas, un colectivero y un playero de estación de servicio fueron acribillados.
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Iglesias se mantiene en contacto estrecho con la fiscal general de Santa Fe María Cecilia Vranicich, con fiscales santafesinos que trabajan en el corazón del problema como Luis Schiappa Pietra, sus secretarios reciben reportes del Servicio Penitenciario Federal, donde se encuentran encerrados “Guille” Cantero, capo de Los Monos, Esteban Lindor Alvarado, René Ungaro, Julio Rodríguez Granthon, alias “El Peruano”, o “El Gordo” Segovia, que, dos años, atrás intentó montar desde su celda en el penal de Ezeiza un plan para importar partes para montar bombas y ametralladoras.

En Ezeiza y Marcos Paz, los grandes capos, gente algo soberbia, insultan al aire, se ofuscan ante el endurecimiento de los controles, presentan recursos y hábeas corpus en los tribunales de Casación de Morón y Lomas de Zamora que son cíclicamente rechazados. La doctrina del vidrio tipo Blindex, que los separa del contacto físico con sus parejas, los irrita el doble. Sin embargo, en las investigaciones en curso no hay nada que lleve a un sospechoso, coinciden investigadores de alto rango consultados por Infobae.
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La sospecha, entonces, apunta a la zona cero del conflicto: la cárcel de Piñero, la Unidad N°11 del Servicio Penitenciario de Santa Fe, a 33 kilómetros de Rosario, donde se encuentran encerradas las segundas y terceras líneas de las mayores bandas, donde el protocolo impuesto por el nuevo gobierno de Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni se siente con mayor fuerza, con dos meses de aislamiento y requisas intensas. Nueve días atrás, la tensión llegó a un nuevo extremo con un auto sin patente que baleó un micro que trasladaba penitenciarios en el cruce de Circunvalación y Palier, en la zona norte rosarina; un carcelero resultó herido. La primera imagen estilo Bukele de la gestión Pullaro, con presos con el pecho desnudo, sentados en fila india, rodeados de penitenciarios fuerte armados, se produjo horas después.
Poco más de una semana después, Bruno Nicolás Bussanich fue asesinado por un sicario desconocido hasta hoy en una estación de servicio Puma de la zona oeste de Rosario. El sicario dejó una nota: “Esta guerra no es por territorio, es contra Pullaro y Cococcioni... Queremos nuestros derechos, esto para todos los presos”, dijo la misiva, que anunciaba la muerte de más inocentes: “Basta de seguir humillando con la familia”, completó. El año pasado, el crimen organizado había baleado escuelas casi todas las semanas. Matar a alguien porque sí, a un trabajador en su puesto de trabajo, es relativamente nuevo.
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Hasta ahora, esa carta se convierte en el único. Pero las investigaciones actuales no solo no indican ningún sospechoso. Ni siquiera indican el motivo de la nueva serie de crímenes. Parece evidente, pero en el mundo del hampa, uno más uno no siempre es dos.
El texto de la amenaza encontrado en la escena del crimen de Bussanich -con una caligrafía y nivel de redacción inusuales en este tipo de misivas- habla de una virtual unión entre bandas. Esto se suma a la baja entre los enfrentamientos armados en la ciudad, con una notable baja en homicidios en febrero. Sin embargo, todavía no hay ninguna otra prueba para apoyar la teoría de un pacto narco para aterrorizar al Gobierno y quebrarlo. Tampoco sería la primera vez que una nota de escena del crimen busca instalar un falso mensaje para despistar a las autoridades.
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“Los grandes jefes en los penales federales ya estaban acostumbrados. Las medidas ya se habían endurecido para todos en Ezeiza y Marcos Paz. Piñero fue la última cárcel en entrar”, analiza una fuente de máxima jerarquía: “Además, vos pensá. Ezeiza y Marcos Paz no dependen de Pullaro; Piñero, sí”. Otras fuentes con las que dialoga Infobae hipotetizan un ataque de doble comando, presos santafesinos en acuerdo con presos federales.
Hay, también, otra posibilidad: un cambio de época, una era de terror donde, en cierta forma, los chicos crecieron. “Hay tipos encerrados en Piñero con el suficiente peso y autonomía, que son segundas líneas, pero tienen el nivel de locura para ordenar algo así. Tampoco necesitan pedirle permiso a nadie”, razona el mismo investigador.
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