Una joven de 23 años fue acusada de facilitar y promover la corrupción de su hermana de 14 años en Maipú, Mendoza, a través de la producción y venta de contenidos sexuales en OnlyFans y otras plataformas digitales, indicaron fuentes del caso a Infobae.
La imputada, estudiante universitaria de veterinaria, recibió prisión preventiva domiciliaria por decisión de la jueza Julieta Espínola, ante las pruebas reunidas por la Fiscalía de Delitos Sexuales. El fiscal interviniente es Flavio D’Amore.
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Según Diario Uno, la investigación comenzó por una cámara de seguridad que registró una conversación entre dos primas menores de edad. En esa charla, la adolescente de 14 años confesó haber sido forzada a participar en videollamadas de contenido sexual con adultos.
De acuerdo a su relato, la acusada le prometía un iPhone a cambio de su participación, aunque ese regalo nunca se concretó. La tía paterna de la víctima escuchó la conversación y radicó la denuncia.
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La fiscalía sostiene que la joven utilizaba a su media hermana —con quien comparte madre— para exponerla ante adultos mediante videollamadas. El medio mendocino detalló que la joven habría amenazado a la adolescente con difundir los contenidos si revelaba lo ocurrido.
La menor declaró en cámara Gesell y ratificó los hechos. Señaló que su hermana administraba una cuenta de OnlyFans con fotos y videos eróticos, y que cada videollamada sexual se cobraba alrededor de 80.000 pesos, según consta en el expediente judicial.
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Durante los allanamientos, la policía secuestró dos celulares y dos computadoras portátiles de la acusada, en análisis pericial. También se incorporó al expediente un informe de una billetera virtual con transferencias reiteradas hacia la cuenta de la joven, provenientes de Mendoza, Buenos Aires y Valparaíso.
La defensa, encabezada por los abogados Martín Musri y Pablo Carrizo, solicitó la libertad de la acusada, argumentando que existía consentimiento de la menor.
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Presentaron mensajes de WhatsApp y declaraciones de la adolescente como respaldo, entre ellas: “No sé cómo voy a hacer para que entiendan que no me obligabas” y “Mi hermana no me obligó, lo hice para tener un celular porque yo lo quería. Sí me sentí incómoda, pero fue mi decisión”. No obstante, la jueza Espínola desestimó esos planteos y confirmó la gravedad del delito de facilitación y promoción a la corrupción de menores agravada por el vínculo, que contempla penas de 10 a 15 años de prisión.
La imputada permanece bajo arresto domiciliario en Maipú y no recibió autorización para asistir a clases presenciales en la universidad. La investigación sigue en curso y que avanzan los peritajes sobre los dispositivos incautados, a la espera de nuevos elementos probatorios.
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