
Tras una investigación conjunta entre los fiscales Patricio Saldutti, Franco Carbone y Valeria Haurigot, este miércoles se hicieron 25 allanamientos en la zona de Rosario contra la organización liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, un preso que se presume que integra la segunda línea de Los Monos y se encuentra alojado en el penal federal de Ezeiza. Se sospecha que esta estructura estuvo detrás de extorsiones al empresario de transporte Matías Matarochi y atentados a tiros ocurridos este año contra escuelas, edificios gremiales como el de la UOCRA y la sede de la Agencia de Investigación Criminal.
En marzo, “Pupito” ya había sido imputado por un ataque a tiros contra el medio de comunicación Televisión Litoral.
Los operativos comenzaron desde la madrugada y los llevó a cabo la División Especial de Balaceras del Departamento Operativo de la Agencia de Investigación Criminal. En Villa Gobernador Gálvez, ciudad vecina a Rosario, se hicieron 24 procedimientos. El restante fue en Pueblo Esther. También se requisó la celda de “Pupito” Ezeiza, que ya había sido allanada en marzo de este año.
Fueron detenidos ocho sospechosos, entre los que se encuentra la pareja de Avalle. También se incautaron armas –algunas de fabricación casera–, municiones de distintos calibres, vehículos, celulares y droga.

La banda de “Pupito” está bajo sospecha de haber perpetrado un ataque a tiros contra la sede de la UOCRA de la ciudad de Santa Fe el 15 de julio pasado, y otro al día siguiente contra un edificio que tiene el gremio en Rosario, que está situado en 27 de Febrero al 5200. En los dos hechos, el sicario dejó notas con escritos dirigidos al secretario general Carlos Vergara.
De acuerdo a los indicios recolectados en las distintas causas, la organización también estuvo detrás de las balaceras ocurridas el 4 de febrero pasado contra el Sindicato de la Carne y contra la sede de la Agencia de Investigación Criminal, donde se hallaron carteles con mensajes a una facción de Los Monos que está presa en la cárcel de Rawson, con quien existe una interna.
La última intimidación pública que habría concretado la banda ocurrió este lunes por la noche, cuando un sicario disparó al aire frente a la sede del Sindicato de Camioneros y luego terminó detenido porque tuvo un desperfecto mecánico con la moto, que era robada. El tirador fallido fue identificado como el hermanastro del futbolista Brian Mansilla.

En el avance de las investigaciones también se detectó que Avalle habría planificado una seguidilla de extorsiones al empresario de transporte Matías Matarochi, cuyo domicilio fue baleado dos veces a mediados de este año –18 y 27 de junio– en la localidad de Álvarez. Los ataques ocurrieron después de que la víctima fuera excarcelada a finales de mayo, después de haber pasado un año y nueve meses de prisión preventiva en la cárcel de Marcos Paz por una causa federal de lavado de dinero.
Lo curioso es que Avalle ya fue imputado en marzo de este año por un equipo de cinco fiscales –Valeria Haurigot, Federico Rébola, Franco Carbone de la unidad de Balaceras y Patricio Saldutti y Alejandro Ferlazzo de Homicidios– por los mismos delitos. En ese entonces, los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación le habían atribuido múltiples extorsiones, la instigación de los crímenes de Miguel Ángel Roulin y Américo Carrizo, que ocurrieron el 3 y 8 de diciembre de 2022, y la planificación del primer atentado a tiros contra el predio de Televisión Litoral del 12 de diciembre del año pasado.
“Pupito”, por otra parte, fue hospitalizado el 27 de julio pasado después de haber protagonizado una protesta en la cárcel de Ezeiza donde hubo un incendio intencional en una celda.

El recluso cayó detenido el 25 de marzo de 2019 por un robo de un auto a punta de pistola ocurrido el 1º de marzo de ese año en el macrocentro de Rosario. Al año siguiente, en agosto de 2020, firmó un juicio abreviado por una pena de cuatro años por dos robos calificados.
Ya preso en la cárcel de Piñero, Avalle fue procesado por la Justicia federal en noviembre de 2021 como organizador del secuestro extorsivo del hijo de un empresario de la ciudad de Arroyo Seco. Luego, fue trasladado al penal federal de Ezeiza, donde sigue acumulando causas por atentados y extorsiones.
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