El fiscal de instrucción Raúl Garzón elevará a juicio la causa por la que se investiga la muerte de cinco bebés que habrían sido asesinados en un hospital de Córdoba a mediados de agosto de 2022. La principal acusada fue una enfermera, quien habría sido la responsable de inyectarles dosis de potasio e insulina que les habría inducido la muerte a los recién nacidos.
El caso se hizo público a principios de agosto de 2022, cuando cinco familias denunciaron los fallecimientos sospechosos de sus bebés que habían nacido sanos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, ubicado en la capital cordobesa. Además, en el expediente se incluyeron otros ocho casos en grado de tentativa, debido a que las víctimas lograron sobrevivir a las supuestas inyecciones que les administraron en el nosocomio.
Luego de “haber completado en un 80% el grado de probabilidad de investigación de todos los homicidios y los hechos en tentativa de cada uno de los bebés”, el funcionario público buscará adelantar la instancia judicial mientras continúa con el resto del material que sería materia de investigación.
De esta manera, Garzón afirmó que la situación procesal del ex ministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo, y la ex directora del hospital neonatal, Liliana Asís, se complicó luego de haberles asignado “figuras más gravosas como el encubrimiento doblemente calificado”.
Según la información de Télam, Cardozo había sido imputado por el delito de “omisión de los deberes de funcionario público”, mientras que Asís cuenta con prisión domiciliaria, tras haber sido acusada por “encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. No obstante, el fiscal decidió agregarles la imputación por “encubrimiento doblemente calificado por la calidad funcional y por el hecho precedente”.
Por el momento, el juicio por la causa neonatal no ha sido confirmado, debido a que deberá ser analizado por un Juzgado de Control que tendrá la tarea de definir si el expediente está en condiciones para iniciar la etapa de juzgamiento. En caso de que los examinadores lo aprueben, procederán a establecer una fecha para el inicio de la instancia oral.
La única detenida es la enfermera Brenda Agüero (28), quien fue imputada como la autora de tres de los cinco bebés damnificados y otros ocho en grado de tentativa. Además, la línea de investigación señaló que los hechos habrían sido producidos de forma intencional, por lo que es la única procesada que fue detenida el pasado 19 de agosto de 2022.
Los otros siete imputados pertenecientes a la administración del centro médico y del Ministerio de Salud de la provincia. De acuerdo con Rosario 3, el resto de los implicados son la ex vicedirectora del hospital Claudia Ringeheim, el vicedirector de Gestión Hospitalaria, Alejandro Escudero Salama, la ex jefa de Neonatología Marta Gómez, la ex jefa de Enfermería Blanca Alicia Ariza, la médica de Neonatal Adriana Morales, el ex secretario de Salud Pablo Carvajal y el abogado y ex secretario de Legales de la cartera sanitaria Alejandro Gauto.
Por su parte, el abogado Carlos Nayi, que representa a algunos de los familiares de las víctimas, señaló que “todo indica que la enfermera Brenda Agüero es la autora material de un asalto criminal despiadado”, y agregó que “las pruebas son contundentes para la condena de prisión perpetua”.
En cuanto al papel de los funcionarios públicos que fueron imputados en la causa, el defensor constituido como querellante acusó que “no cumplieron con denunciar estos casos que nada tienen que ver con mala praxis ni muertes accidentales, sino que se trataba de hechos probablemente criminales, que encubrieron para desviar responsabilidades”.
Las autopsias que le realizaron a dos de los bebés que habían nacido el 6 de junio de 2022 revelaron que sufrieron un cuadro de hiperpotasemia, el cual habría sido el resultado de un “exceso de potasio e insulina inyectada de manera intencional”. De la misma forma, descartaron que hubieran tenido algún tipo de patología preexistente e indicios de errores y mala praxis.
En cuanto a las tres muertes restantes que se incluyeron la investigación, los restos tuvieron que ser exhumados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para ser analizados puesto que, en el momento de sus fallecimientos, no se ordenaron pericias que determinaran las causales del deceso.
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