
La Justicia porteña condenó a un cocinero de nacionalidad colombiana a 10 años de prisión por el delito de tentativa de femicidio, luego de haber apuñalado a su pareja con un cuchillo de cocina de 30 centímetros de largo en diciembre de 2021 en el barrio porteño de San Cristóbal. El acusado, de 31 años, aceptó su culpa al firmar un juicio abreviado y cumplirá la pena en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, donde se encuentra alojado desde el momento del hecho.
Según pudo reconstruir Infobae, la historia se remonta a finales de 2020, cuando la víctima y el victimario, ella de Perú, él de Colombia, se conocieron luego de haber migrado a la Argentina. La relación avanzó y, para mediados de 2021, se fueron convivir a un departamento ubicado en el sexto piso de un edificio de la calle Moreno, en la Ciudad de Buenos Aires
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A los siete meses de convivencia, los episodios de violencia alcanzaron su pico. Fue unos días antes de Navidad. Él le recriminó a ella que “no le prestaba atención a su hermano”, es decir, a su cuñado. Después la amenazó: “Te voy a matar”, le dijo. No era la primera vez que lo hacía.
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“Siempre me decía eso de que me iba a matar (sic). Nunca pensé que podía hacerlo en serio”, declaró la víctima. En otras discusiones, además de darle a entender que iba a quitarle la vida, el cocinero rompía vidrios y destruía objetos de la casa. En una oportunidad, incluso, le pegó una patada a la mascota de la víctima.
Hasta ese momento, y como sucede en el 80% de los femicidios, el agresor no tenía antecedentes penales. Tampoco denuncias previas en su contra. Después de los arranques de furia, según declaró la víctima, él se mostraba arrepentido y ella confiaba en que iba a cambiar.
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Aquel día de diciembre, sin embargo, la mujer sintió que no daba más: “Me voy”, le dijo al final de la discusión. El agresor no contestó. Caminó hasta la cocina y, al regresar, la sorprendió por la espalda y la apuñaló con un cuchillo de treinta centímetros.

Tras el ataque, la víctima quedó tendida en el piso. Como pudo, se arrastró hasta alcanzar su celular y llamó al 911 para pedir auxilio. Mientras ella hacía un esfuerzo por respirar, él limpiaba el cuchillo bajo un chorro de agua. “No pasó nada, no exageres”, le gritaba. Jamás intentó asistirla. Del estado de la mujer dio prueba el llamado al servicio de emergencias, que fue incluido en el expediente del caso y usado como prueba por la fiscalía para calificar la causa como un “intento de femicidio”.
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Cuando el personal policial llegó al departamento, según detallaron los agentes, el agresor se hizo el desentendido y minimizó la situación. Mientras él fue detenido, ella fue trasladada de urgencia al Hospital Ramos Mejía por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).
El primer parte médico indicó que la víctima tenía “una herida de arma blanca torácica en la región supra escapular interna, una fractura en la tercera costilla y un derrame pleural”, es decir, sangre en los pulmones. Todo eso puso en peligro su vida por “insuficiencia respiratoria”. Fue intervenida quirúrgicamente y permaneció internada durante diez días.
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Al recibir el alta, la víctima decidió regresar a su país. Aunque el agresor estaba detenido con “prisión preventiva”, tenía terror de que, de alguna manera, cumpliera con su objetivo de quitarle la vida. Desde Perú, durante todo el 2022 y parte del 2023, estuvo en contacto permanente con la fiscalía. Incluso, iba a regresar a la Argentina para declarar en el juicio, pero al final terminó en un debate abreviado.
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En la audiencia, que se llevó a cabo el viernes pasado vía Zoom, la jueza Natalia Molina, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, homologó el acuerdo entre los fiscales Genoveva Cardinali y José Ernesto Sylvié y la defensa del imputado. La magistrada tomó en cuenta los testimonios y elementos probatorios presentados, así como el informe elaborado por una agente de la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos (OFAVYT), que pudo dar cuenta del contexto de violencia de género y doméstica que el agresor ejercía sobre la víctima.

¿Por qué un juicio abreviado?
Según pudo saber Infobae, el “intento de femicidio” iba a ser juzgado en un juicio por Jurados. Lo imposibilitó un pedido de la defensa del acusado, quien se negó a enfrentar al grupo de ciudadanos que participa del proceso de administración de Justicia a través de la determinación de la culpabilidad o no de los acusados. La víctima estuvo de acuerdo.
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La defensa del imputado también pretendió que la calificación legal del caso fuera por “lesiones graves”, pero la coordinadora de la Unidad Fiscal Este, Genoveva Cardinali, y el fiscal José Ernesto Sylvié, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 10, se opusieron.
Es que, desde el año 2011, la Fiscalía General de la Ciudad adhirió a un “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)”. En ese contexto, según explicaron a este medio, no agotaron la investigación en la víctima y en las lesiones, sino que la ampliaron al contexto. Hablaron con amigas de la víctima y mantuvieron entrevistas con su psicólogo y su psiquiatra. Así pudieron probar que la joven de 24 años era víctima de violencia verbal, psicológica, simbólica y física.
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En Argentina matan alrededor de 300 mujeres por año en crímenes de género. Entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2023, según el último relevamiento del observatorio “Ahora sí que nos ven”, se produjo 1 femicidio cada 29 horas. Además, hubo 206 intentos de femicidio y 28 intentos de femicidios vinculados. El caso por el que la Justicia porteña acaba de condenar a una década de prisión a un cocinero de 31 años que le clavó un cuchillo a su pareja de 24 en la espalda se enmarca dentro de estas estadísticas.
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