Entre junio y julio de 2026, el Monitoreo Azul y Blanco (MAB) documentó 109 víctimas de la represión del régimen Ortega-Murillo en Nicaragua. Las cifras corresponden a personas afectadas por violaciones a derechos humanos en el contexto de la represión política, confirmando la persistencia y diversificación de los mecanismos de control estatal en el país centroamericano.
El registro de casos elaborado por el MAB revela que las víctimas incluyen 59 hombres y 50 mujeres, entre ellas 5 menores de edad. Esta distribución da cuenta de un aumento tanto en la presencia de mujeres como de menores dentro de los afectados, en comparación con periodos anteriores.
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De acuerdo con el informe, la represión no se expresa solamente en detenciones arbitrarias. El reporte advierte sobre la aplicación de medidas administrativas, patrimoniales, laborales y territoriales, que amplían el alcance del control estatal sobre personas, familias, comunidades y sectores profesionales. El documento señala: “los datos registrados por el MAB durante junio y julio de 2026 reflejan la continuidad de patrones de represión política en Nicaragua, así como la diversificación de los mecanismos de control estatal”.
Durante ambos meses, se reportaron 31 detenciones arbitrarias, de las cuales 10 personas fueron liberadas. El informe señala que 16 víctimas permanecen en condición de desaparición forzada, incluyendo dos menores de edad. Se indica que durante julio se incrementaron los incidentes relacionados con desapariciones y detenciones, en parte por reportes sobre hechos ocurridos en meses anteriores pero denunciados recientemente, lo que evidencia el temor persistente entre la población y los riesgos de represalia.
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Uno de los principales focos de represión detectados por el informe corresponde a la suspensión arbitraria del ejercicio de la abogacía. En este rubro, el MAB recibió 29 reportes, aunque la cifra podría ser superior debido a la dificultad para denunciar.
Los afectados incluyen personas opositoras, trabajadores de instituciones estatales, simpatizantes sandinistas y personas previamente afines al régimen, lo que demuestra que el mecanismo opera como instrumento de control y castigo profesional, según expone la Asociación Memoria y Justicia.
El avance de la represión y la expropiación de bienes en Nicaragua
El informe destaca también un aumento en los procesos de confiscación o traspaso de bienes a instituciones del régimen. Solo en julio, el MAB reportó 19 casos, sobresaliendo el traspaso de 14 propiedades de particulares al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) por parte de la Procuraduría General de la República. Esta práctica refuerza la estrategia de control patrimonial y social sobre sectores críticos y opositores.
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Los registros del MAB muestran que la represión afecta a un espectro amplio de la sociedad: personas opositoras, familiares de presos políticos, liderazgos religiosos, comerciantes, profesionales, comunidades indígenas y ciudadanía en general. Según el monitoreo citado, la cifra de 109 víctimas debe leerse como un “mínimo verificable”, pues existen limitaciones para documentar y denunciar todos los hechos debido a la vigilancia, el temor y la falta de garantías.
El informe advierte sobre la continuidad de los patrones represivos y la diversificación de las formas de control. La represión en Nicaragua trasciende la criminalización directa de la protesta o la disidencia, abarcando mecanismos de exclusión social, laboral y territorial, y afectando derechos fundamentales de distintos sectores de la población.
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