En el marco de diez allanamientos realizados en distintos lugares del país, la Justicia y la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una banda de estafadores que utilizaba un método sofisticado. Los delincuentes ofrecían certificados de antecedentes penales haciéndose pasar por el organismo del Estado que los expide, el Registro Nacional de Reincidencia. Lo hacían a través de un sitio web de características similares al oficial. Así, habían recaudado $45 millones en el último año.
Los operativos tuvieron lugar en cinco provincias y fueron ordenados por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, del Juzgado Criminal en lo Correccional Federal N°8, con la intervención de la secretaría N°16 de la doctora Mariana Simian.
Los procedimientos se hicieron tras una investigación de los detectives del Departamento Delitos Fiscales de la PFA, bajo directivas de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°11 que conduce Gerardo Pollicita y ante la secretaría a cargo de Ezequiel Taverna.
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Según detallaron fuentes del caso a Infobae, la maniobra de estafa consistía en ofrecer la tramitación del certificado de antecedentes penales de manera online con la opción de “blanqueo” a quienes poseían causas penales reales.
Los acusados manejaban una página web diseñada con imágenes y colores idénticos a los del sitio del Registro Nacional de Reincidencia. Esa página aparecía como primer resultado ante cada búsqueda en internet, algo que no era casual, sino parte de una estrategia: los administradores pagaban por ese mejor posicionamiento y, de ese modo, aumentaban sus chances para “pescar” a quienes intentaban obtener certificados de antecedentes con fines laborales.
Las víctimas comenzaban a caer en la trampa cuando hacían el primer contacto vía web. La mecánica del sitio era redirigir al solicitante de certificados a diversos abonados celulares: la comunicación formal continuaba por WhatsApp.
Allí, los estafadores les pedían fotografías de los documentos de identidad y los inducían a pagar por el supuesto servicio. Para ello, les ponían a disposición distintas formas de abonar el dinero (en la investigación se detectaron varias cuentas bancarias y billeteras virtuales). Una vez cancelado el arancel, las comunicaciones se cortaban abruptamente.
Los agentes federales estudiaron los movimientos de la organización criminal y descubrieron la metodología que usaban por medio del entrecruzamiento de información digital y financiera, del análisis de impactos de antenas y de escuchas telefónicas, además de otras tareas de campo y seguimientos.
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Identificaron a nueve integrantes del clan criminal. Además, establecieron que, al menos, cuatro personas cumplían el rol de prestanombres: se trata de los titulares de las billeteras virtuales y cuentas de aplicaciones financieras en las que las víctimas depositaban su dinero.
Con todas las pruebas recolectadas, el Juzgado dispuso la decena de allanamientos y 17 órdenes de presentación en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, San Vicente y Florencio Varela. También en Ushuaia, Rosario, Río Cuarto y Mendoza.
En los procedimientos se secuestraron diez equipos de computación, discos rígidos, teléfonos celulares y otros elementos de almacenamiento de información. También dinero en efectivo por la suma de seis millones de pesos. Además, los nueve acusados fueron notificados y quedaron a disposición de la Justicia.
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