
En las últimas horas, Alejandro Muszak, CEO de la fintech de préstamos Wenance, acusada por estafa y usura en varias causas penales y con un embargo de $450 millones de pesos de la Justicia comercial, anunció que suspenderá su plan de pagos para presentarse en un concurso preventivo de acreedores.
En una entrevista con el diario La Nación, Muszak -que fue allanado la semana pasada por la Policía Federal- aseguró que esto le permitirá “seguir funcionando como empresa de manera creíble, realizable y con un trato igualitario para todos”. Así, Muszak admitió la caída de su plan de pagos actual, si es que existe, se cae, y que será reemplazado por otro plan indicado por los términos del concurso, mediado por la Justicia, con “una mirada igualitaria, sean acreedores chicos y grandes”.
Por lo pronto, el Boletín Oficial no refleja este concurso, con un llamado a quienes Wenance SA les debe dinero. Lo que sí surgió en estas últimos días en los registros comerciales de la empresa es un dato muy llamativo, proveniente de los registros del Banco Central: en los últimos seis meses, Wenance SA firmó 14 cheques que fueron rechazados por falta de fondos, por un monto de $268,4 millones.
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Esta información, que no era visible días atrás, es un mal indicador, común en múltiples casos de estafa, delito que se le imputa a la fintech, por ejemplo, en el expediente investigado por el fiscal Mónica Cuñarro bajo la firma del juez Alberto Baños. Los cheques rotos suelen ser un signo de desesperación. Fueron detectados, por ejemplo, en la trama de Hope Funds, el holding encabezado por Enrique Blaksley que ofrecía fabulosos intereses a sus inversores. En marzo de este año, Blaksley fue condenado a 8 años de prisión y a una mega multa por lo que es hasta ahora la mayor estafa de la historia argentina.
Muszak también sufrió un fuerte revés en el expediente del Juzgado Comercial N°16 porteño, donde el magistrado Diego Manuel Paz Saravia embargó a Wenance y a Muszak por $450 millones en concepto de capital, intereses y costas, luego de que Latam Consumer Credit BV -un fondo de inversión radicado en Holanda con domicilio fiscal porteño y constituido ante la AFIP al menos desde 2017- lo denunciara por una deuda de $300 millones asumida el 24 de junio de 2021 en una serie de seis pagarés firmados ante escribano. El monto se completa con otros $150 millones en intereses.
La semana pasada, el Juzgado decidió comenzar el embargo, motivado por un pedido del demandante. Tras recibir informes del Registro Inmueble y del Automotor, el magistrado fue la propiedad de Muszak en Nordelta, así como sus autos de lujo.
Los informes revelaron que Muszak es titular de una Ferrari 458 coupé modelo 2012 y de un Austin Healey 3000 MK IIII de 1967, una reliquia de colección. Ambos fueron inscriptos a nombre del CEO entre 1967 y 1968. También, se encontró una propiedad en Nordelta, precisamente en la zona del Golf, una de las más costosas del complejo de Tigre.
La Ferrari es la joya en esta historia, un auto fabuloso que en la Argentina se ve, principalmente, en su versión de juguete. Si llegara a venderla, cubriría gran parte del embargo. Una concesionaria porteña ofrece una en Mercado Libre a 620 mil dólares. El Austin Healey suele ofrecerse en Europa a montos que promedian los 80 mil dólares.

Mientras tanto, siguen los frentes de tormenta en la Justicia penal. En Buenos Aires, Muszak le había presentado cinco acuerdos con acreedores a la fiscal Cuñarro para frenar su indagatoria. La fiscal se negó a su planteo. En Tierra del Fuego, el Juzgado de Instrucción N°3 de Ushuaia sigue su causa por estafa contra el empresario.
Este expediente se centra en dos fideicomisos de la empresa, Fintop y Finup. Hay, por lo menos, 50 inversionistas identificados, con un daño estimado en 250 millones.
Muszak fue notificado de esta causa en su contra en un allanamiento a su casa realizado por la División Antifraudes de la PFA. Se le prohibió salir del país. No fue el único. La PFA también fue por otros tres altos directivos de Wenance y allanó las empresas vinculadas a sus fideicoimisos.
En paralelo, un acreedor de esos fideicomisos, un hombre porteño, inició una demanda por cobro ejecutivo para intentar recuperar ese dinero, presentada en el Juzgado Comercial N°1. El monto es de 15 millones de pesos.
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