Hoy martes por la mañana, tras recibir el expediente por sorteo la semana pasada, la jueza María Eugenia Capuchetti declinó la competencia federal en la investigación de la muerte de Emmily Rodrigues, la joven que perdió la vida tras caer seis pisos al vacío en una fiesta de consumo de drogas organizada por el empresario Francisco Sáenz Valiente.
Capuchetti, titular del Juzgado Federal N°5, había recibido el expediente tras una decisión de la Sala VI de Casación del fuero de instrucción, motorizada por un planteo del defensor de Sáenz Valiente, el abogado Facundo Orazi. El planteo se centraba en una clave de la imputación, el delito de suministro de drogas, propio del fuero federal según su razonamiento.
Ahora, la causa regresa a su juzgado original, el N°31 en el fuero de instrucción porteño.
“Una vez recibidas las actuaciones en este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 del ordenamiento ritual, se delegó su instrucción ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1″, aseveró la jueza en el texto, en referencia a la dependencia conducida por el fiscal Ramiro González.
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“Así, su titular entendió que correspondía rechazar la competencia atribuida a este fuero toda vez que “el encuadre jurídico que fundamentaría la decisión que envía el caso a nuestro conocimiento, ya no es competencia de “este fuero de excepción”, siendo que este fuero federal es materialmente incompetente “para investigar situación fácticas vinculadas al suministro gratuito de estupefacientes”, continuó.
La clave, según la decisión, se encuentra en el artículo 34 de la Ley 23737, sustancialmente modificada por una ley posterior, la 26052 de desfederalización parcial, que establece que la entrega de estupefacientes para consumo es de “competencia provincial”, o, en este caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las medidas que faltan según la jueza federal
Capuchetti, por otra parte, coincidió con el fiscal González en otro punto: falta investigar varios aspectos en la causa, algo que, según su criterio, debería realizar el juzgado original.
“Finalmente, también habré de compartir el carácter prematuro asignado por el Sr. Fiscal a la declinatoria en trato, pues tal como lo indicó la Sala VI de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, restan realizar una serie de diligencias que allí se encomendaron a la primera instancia para esclarecer los hechos investigados y que tienen directa incidencia sobre la competencia material debatida”, afirmó.
“Entre estas, se encomendó: requerir la grabación completa de la segunda llamada realizada por el imputado al 911, la realización de un peritaje toxicológico y psiquiátrico en base a la cantidad y tipo de estupefacientes y alcohol que se hallaron en el organismo de la víctima para dictaminar sus posibles efectos del consumo; y la reconstrucción del hecho junto con un peritaje criminalístico que establezca la posible mecánica del evento”, siguió.
“Dichas diligencias no fueron materializadas por el juzgado preventor que devuelta la causa se declaró incompetente, siendo las mismas fundamentales a los fines aquí discutidos, pues la misma Alzada indicó que podrían “variar la hipótesis que aquí se dio por reconstruida””, citó Capuchetti.
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La jueza federal también remitió de vuelta un expediente conexo al que investiga la muerte de Emmily.
La causa, que tramitó en la Fiscalía N°10, que llama poderosamente la atención. Comenzó por una denuncia por hurto realizada por el padre de Emmily, Aristides, formulada el 1° de abril, el día después de la autopsia al cuerpo de Emmily.
La denuncia apunta a un robo en el departamento de Caballito donde la joven brasileña vivía y que fue allanado por la Justicia.
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