Caso Loan Peña: ante la demora por el inicio del jucio, la familia pidió nuevamente agilizar el debate

El proceso judicial por la desaparición de Danilo Loan Peña, el 13 de junio de 2024, aún no tiene fecha de incio. En principio iba a ser en octubre próximo, pero la Justicia dio marcha atrás ante la queja del fiscal. Una nueva posibilidad se abrió, cuando la familia pidió que el proceso comience el 8 de mayo, día en que el niño cumpliría 7 años, pero también se descartó. Ante la falta de concenso, la querella hizo un reciente pedido para modificar el proceso e intensificar las jornadas venideras.

A través de un escrito presentado por la abogada María Belén Russo Cornara y el abogado Alejandro Vecchi, manifestaron “que el debate oral se realice bajo modalidades de trabajo intensivas”. Con este pedido, los letrados señalaron que el objetivo es “favorecer la concentración de audiencias y avanzar con la celeridad que el caso requiere”, una postura ratificada por el Ministerio Público Fiscal y las defensas presentes en la audiencia preliminar.

Los representantes de la familia del menor -visto por última vez en un almuerzo en la casa de su abuela en Corrientes, junto a otros adultos- pusieron a disposición la voluntad de “participar en jornadas continuas, incluso en fines de semana o feriados” para evitar dilaciones innecesarias y concentrar la producción de prueba.

En ese sentido, argumentaron la urgencia a partir de la singularidad del proceso en el que “el paradero de un niño continúa desconocido y sus padres y hermanos participan activamente como víctimas”. El manifiesto expedido a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, reiteró la disponibilidad para audiencias intensivas, incluyendo jornadas consecutivas, hasta la completa producción de prueba y la finalización del juicio.

En la reciente petición, a la que pudo acceder Infobae, los letrados (Vecchi como representante y Russo Cornara como querella) también recurrieron al caracter de urgente, al citar el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de jerarquía constitucional, por el cual toda persona “tiene derecho a ser oída dentro de un plazo razonable”. A su vez, remitieron a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fija los criterios para evaluar la razonabilidad de los plazos: complejidad del caso, conducta de las partes, desempeño de la justicia y perjuicio específico derivado de la demora.

De Loan no se sabe nada desde hace más de dos años, cuando se dirigía a un naranjal junto a un grupo de adultos que habían compartido la mesa en lo de Catalina Peña —abuela del menor—, en el paraje Algarrobal. También había otros niños. Ante un descuido el menor desapareció y por este hecho, hay 7 personas imputadas.

Según la causa, “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento” de Loan. Los acusados son: Daniel Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, el comisario Walter Maciel, la tía del chico, Laudelina Peña, y el tío Antonio Benítez, a quien en las últimas horas le rechazaron nuevamente un pedido de acceder a prisión domiciliaria.

El máximo tribunal penal dejó firme la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes que había negado ese beneficio el 28 de noviembre del año pasado, consolidando así la negativa ante la última instancia posible.

El delito que se les imputa, contemplado en el artículo 146 del Código Penal, prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión por la sustracción y el ocultamiento del niño. Inicialmente, todo ellos fueron investigados en la causa que tramitó ante la justicia provincial y que luego fue remitida a la jueza Federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, con intervención del fiscal Mariano de Guzmán y la PROTEX.

“En ese requerimiento de elevación a juicio, los representantes del MPF sostuvieron su convencimiento de que el niño no se extravió y que los siete principales imputados intervinieron de manera coordinada en su sustracción y posterior ocultamiento”, agregó el MPF en su página oficial

Hay otros 10 imputados en una causa paralela a quienes se los acusa de una serie de maniobras para desviar la investigación.