Las amenazas de bomba cometidas por adolescentes contra sus escuelas siguen en aumento. Al caso del menor de 17 años detenido en Martínez por supuestamente enviar intimidaciones por correo electrónico a 14 instituciones educativas se le suma un nuevo hecho, esta vez en La Plata. Los alumnos en esta situación tiene 12 años: el blanco fue la EEM N°1 Raúl Scalabrini Ortiz, de la zona de Berisso.
Ayer por la tarde, a causa de esta nueva amenaza, personal de la Comisaría 1° de Berisso de la Policía Bonaerense allanó un domicilio en la jurisdicción por órdenes del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°16, con la colaboración de la Sub DDI de la zona. Incautaron dos teléfonos Samsung y Xiaomi, que podrán ser peritados. Ambos menores fueron identificados y quedaron sujetos al proceso penal.
Los chicos, lógicamente, no fueron arrestados, pero hicieron todo lo posible para que los investigadores los identificaran. Se filmaron mientras realizaban la amenaza al 911 y luego postearon el video en Instagram, que fue viralizado y llegó hasta la Policía Bonaerense, así como a gran cantidad de usuarios en redes sociales. “Si nosotros decimos que no hay clases, no hay clases y ya fue”, dice la leyenda en la story. “Escuela Media N°1 de Berisso, hay una bomba”, dice uno de ellos a la operadora que lo atiende.
Varios fiscales coinciden en que la proliferación este tipo de situaciones podrían traer cambios, como, por ejemplo, obligar a los padres de los menores que realizan amenazas a que paguen los costos de los allanamientos.
Sin embargo, cada situación es particular. El menor detenido esta semana en Martínez tras una investigación de la UFEIC bajo el fiscal Alejandro Musso, alumno de una reconocida escuela de zona norte, fue liberado ayer por la Justicia Penal Juvenil de San Isidro. “En principio, las pericias del caso concluyeron que no comprende la criminalidad de sus actos”, advirtió un investigador en diálogo con Infobae. Sin embargo, al menor se le impusieron varios condicionamientos para concederle la excarcelación, como por ejemplo, no tener acceso a Internet y no regresar a vivir a la casa de sus padres. Unos familiares lo acogerán en el Conurbano bonaerense.
En la casa de sus padres se había encontrado un arsenal con armas largas. En el teléfono del menor, se detectó que había buscado en Internet detalles de una masacre escolar cometida recientemente en Serbia. El joven no es un desconocido de la Justicia: ya había estado involucrado en marzo pasado en un hecho similar, una amenaza en el Riverside School de la localidad de Acassuso y para ello usó una plataforma de mail que tiene base en Suiza.
El problema, por otra parte, es recurrente. A mediados de 2017, la escalada de amenazas de bomba en la provincia de Buenos Aires llevó a que más de 500 mil alumnos sean evacuados de sus escuelas con más de tres mil amenazas a la línea 911, según cifras del Ministerio de Seguridad provincial. Dejarlas pasar dejó de ser una opción, con 120 causas iniciadas a padres y estudiantes y jóvenes demorados en aquel entonces.
Ese año, la Justicia federal en Comodoro Py labró un informe sobre las causas de intimidación pública que llegaron a una única fiscalía en los turnos judiciales de abril y octubre de 2016: de 77 expedientes por esa calificación, 70 fueron por amenazas contra 34 colegios distintos.
Entre todo este caos estudiantil, ninguna bomba real es encontrada: el Estado pierde tiempo y dinero en recursos policiales y judiciales desplegados. Sin embargo, otra preocupación creciente está detrás de este panorama, más allá de cualquier chiste de chicos: la posibilidad de un mass shooting, de que un joven que realice este tipo de amenazas dispare contra sus compañeros, tal como ocurre en Estados Unidos.
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