Mañana jueves, luego de más de dos años de proceso y más de 300 testigos, el Tribunal Oral Federal N°4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Jorge Gorini- dictará el veredicto en el juicio por el caso del holding de firmas Hope Funds, considerado la mayor estafa de la historia argentina.
El empresario Enrique Blaksley, ex presidente de Hope Funds, es el principal acusado bajo los delitos de asociación ilícita, estafa, lavado de activos de origen delictivo, captación de ahorros no autorizada e insolvencia fraudulenta, con un complejo entramado internacional de sociedades encabezado por la firma que lideraba. Allí, según la acusación en su contra, Hope Funds prometía intereses a ahorristas que entregaron su dinero en contratos de mutuo.
En octubre del año pasado, el fiscal general Abel Córdoba pidió diez años de prisión para Blaksley además de una fuerte multa: si es condenado de acuerdo a sus términos, deberá pagar seis veces los montos involucrados, una cifra que deberá definirse. La AFIP, querellante en el caso, requirió 12 años de prisión para el empresario, lo mismo que los también querellantes Hernán Vega y Victor Varone. Gonzalo Romero Victorica, el querellante inicial en el expediente, fue por más: pidió 18 años de encierro.
El perjuicio estimado en el expediente alcanzó los 1.500 millones de pesos en valor de 2017, casi 90 millones de dólares. Según la Justicia federal, tras una investigación de la fiscal Alejandra Mangano y la jueza María Romilda Servini, ese dinero fue despilfarrado o desviado a distintos paraísos fiscales con propiedades en Miami y Panamá.
La imputación alcanzó a otras 15 personas: como Federico Dolinkué -socio minoritario en Hope Funds y gerente administrativo y el encargado de formar las sociedades en el exterior-, Alejandro Miguel Carozzino; y la gerente comercial, su cuñada Verónica Vega. Pablo Andrés Willa, ex abogado de Blaksley y arrepentido en el expediente, también fue señalado como integrantes del núcleo jerárquico del grupo.
Para todos ellos, Córdoba pidió entre seis y cinco años de prisión, además de, tal como a Enrique Blaksley, reintegrar seis veces lo defraudado.
La defensa de Blaksley pidió su absolución.
El empresario fue detenido por la Policía de la Ciudad en su casa del country Pacheco Golf en abril de 2018 y fue enviado al penal de Ezeiza. Con el tiempo, la Justicia le ofreció la posibilidad de una fianza. A fines del año pasado, el Tribunal N°4 aceptó la oferta hecha por Mariano J. Varela, defensor de Blaksley, un “ofrecimiento de los bienes inmuebles aportados por María Blaksley y María Mercedes Blaksley y Javier Enrique Ochoa, como así también el correspondiente a María Mercedes Señorans” para satisfacer un pedido de fianza y lograr una prisión domiciliaria. La propuesta luego fue ampliada: se sumaron dos propiedades y seis vehículos, por un total de 391 millones de pesos.
El TOF N°4 ordenó que se habilite una tobillera electrónica y el embargo de los cinco inmuebles presentados, ubicados en zonas como San Isidro, Palermo y La Matanza, así como los autos, entre ellos un Audi Q2 a nombre de José Blaksley. El apellido de la familia es una constante en las titularidades presentadas. Dos tasaciones diferentes le pusieron un valor a ese Audi de más de 11 millones de pesos.
El inmueble que corresponde a Palermo, ubicado en Niceto Vega al 5.700, supera los 67 millones. Este inmueble, al contrario del resto, que eran propiedades de la familia Blaksley, se encuentra a nombre de un empresario oriundo de Bolivia que preside varias firmas constructoras sin vínculos societarios con los imputados, al menos según lo que consta en el Boletín Oficial. Este empresario, de 41 años, trabajó para varias constructoras en los últimos 15 años y solía cobrar una Asignación Universal.
Así, el principal acusado en la causa logró dejar la cárcel en diciembre último, según confirmaron fuentes cercanas al expediente.
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