Luego de ser sobreseída de la causa en la que se investigan los crímenes de José Enrique del Río y María Mercedes Alonso —el matrimonio asesinado en agosto pasado en su casona de Vicente López—, la empleada doméstica Ninfa Aquino le solicitó a su abogado, Hugo López Carribero, que iniciara acciones legales contra el Estado provincial por haber estado detenida en un calabozo durante 13 días. El reclamo es por 100 millones de pesos.
“Me cagaron la vida y quiero cobrar lo que me corresponde”, dijo Aquino. Y agregó: “Ese dinero es para mis nietos, que son más pobres que una laucha”. Según trascendió desde su entorno, la mujer tomó la decisión en las últimas horas y se lo comunicó al letrado este miércoles. De esta manera, López Carribero junto a su equipo comenzará a confeccionar la demanda en las próximas horas.
Aquino también volvió a referirse a Martín Del Río, el hijo menor de las víctimas y ahora único imputado por el parricidio. Aseguró que siempre sospechó de él, pidió “que no salga más de la cárcel” y adelantó que irá al juicio a declarar en su contra.
Sus palabras se dieron en sintonía con las declaraciones que brindó ayer a la prensa, cuando resaltó que “jamás perdonaría” al acusado, debido a que considera que le hizo “mucho daño” al incriminarla al comienzo del expediente. En esa línea, dijo que le “arruinó la vida” y exigió: “Que pague por lo que hizo”.
“Por nada del mundo (lo perdonaría). Me hizo mucho daño Martín. Es una mala persona. La pasé mal los 13 días que estuve detenida. En mi vida me llevaron a un calabozo. Una, cuando está presa, no está bien”, aseguró entre lágrimas la mujer de 64 años.
Frente a los micrófonos que aguardaban por su testimonio, Aquino consideró “muy injusto” el hecho de haber sido inicialmente imputada en la causa y haber permanecido varios días detenida como supuesta entregadora del doble crimen. “Yo no puedo creer en la Justicia. Me hicieron mucho daño también. Me maltrataron, me hicieron cosas que no corresponden. Directamente, me acusaron de cosas que no cometí”, subrayó.
En otra de sus respuestas, Aquino lamentó el tormento que sufrió su familia mientras se desarrollaba la investigación. “A mis hijos los metieron en el calabozo. Los revolcaron desnudos para que digan que fueron ellos los que mataron a los señores. Fue muy injusta la Justicia con mi familia y conmigo”, aseguró.
Luego de quedar involucrada en el macabro asesinato del matrimonio Del Río, Aquino es consciente de que su futuro laboral es incierto. Pero aun así, sostiene el deseo de trabajar. “Yo no pido muchas horas ni muchos días, porque el cuerpo no me da. Estoy muy arruinada. Dormir arriba de esa piedra en el calabozo no me hizo bien. Me arruinó”, reconoció acongojada.
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La mujer de nacionalidad paraguaya que trabajaba hacía 12 años en la casa de las víctimas, fue la primera detenida del asesinato del matrimonio tras haber sido incriminada por el propio Martín del Río, quien les dijo a los fiscales que la cartera tipo sobre de cuero rojizo hallada en la casa de la empleada, y de la cual la mujer tenía una foto borrada en el celular, era una “reliquia familiar” de más de 40 años, donde su madre ocultaba la llave de la caja fuerte de la casa.
Sin embargo, los fiscales probaron que pertenecía a una colección de los años 2010/2011 de la firma “Prüne” y Aquino aclaró que su empleadora se la había obsequiado unos meses atrás.
López Carribero pidió su sobreseimiento y el fiscal de San Isidro Alejandro Musso adhirió al planteo. Así, seis meses y tres días después del doble crimen, Aquino fue desvinculada del caso.
“Llegada esta instancia del proceso, advierto que se configura un cuadro de certeza negativa que me permite afirmar que la Señora Aquino Chamorro no ha participado en el hecho ocurrido el 24 de agosto de 2022 en el cual se diera muerte a José Enrique del Río y María Mercedes Alonso, no sólo por haberse desvirtuado la incriminación que le realizara Martín del Río (...), sino también por haberse corroborado el descargo que aquella ensayara al deponer en forma injuriada, rechazando esa imputación. Siendo ello así, corresponde hacer lugar al sobreseimiento total”, concluyó el juez de Garantías N° 1 de San Isidro, Ricardo Costa.
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