Acusan a un ex fiscal de Rosario de usar una causa contra desarmaderos para intervenirle el teléfono a su ex novia y espiarla

Fernando Rodrigo, un ex fiscal de Rosario, está a punto de ir a juicio oral y público por supuestamente haber intervenido el teléfono de su ex pareja y de su círculo íntimo mientras era funcionario del Ministerio Público de la Acusación. Rodrigo renunció a su cargo en agosto de 2017, después de ser suspendido por incluir esas líneas telefónicas en pedidos de intervenciones en una causa donde él investigaba desarmaderos de autos.

Rodrigo fue llevado a audiencia preliminar este martes en el Centro de Justicia Penal, donde la fiscal Natalia Benvenuto lo acusó por el delito de peculado de trabajos y servicios públicos en concurso ideal con falsedad ideológica y uso de instrumento público agravado por su calidad de funcionario público.

La fiscal Benvenuto ya adelantó que pedirá en el juicio una pena de cinco años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en todo el país. Ese último dato resulta sensible, ya que Rodrigo está entre los tres ternados para cubrir un cargo como titular de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, según los nombres que elevó el 6 de junio pasado el procurador general de la Nación Eduardo Casal al Poder Ejecutivo a través del concurso número 114, que fue convocado a través de la resolución PGN Nº 21/18.

La demora en que haya una eventual condena se explica porque la investigación mantuvo durante estos años una discusión de competencia, ya que la defensa planteó que la causa debía debatirse en el fuero federal. Sin embargo, la decisión final tras varias presentaciones judiciales fue que la investigación sea realizada por la Justicia provincial.

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Rodrigo, al momento de ser imputado, se desempeñaba como jefe de una de las unidades fiscales de Investigación y Juicio, e intervenía en robo de vehículos que posteriormente eran desguazados en desarmaderos. En ese marco, presentó listas de líneas telefónicas para ser intervenidas, ya que según él, habían sido apuntadas en informes de inteligencia de la Policía de Investigaciones sobre personas sospechadas de los delitos.

De acuerdo a la evidencia exhibida por la fiscal Natalia Benvenuto, el ex funcionario judicial pidió entre agosto de 2016 y julio de 2017 “cinco interceptaciones de comunicaciones telefónicas y mensajes de texto respecto de doce números telefónicos”, que fueron otorgadas por jueces que habían interpretado que se trataba de personas involucradas en las investigaciones.

Rodrigo, según la acusación, llegó a obtener de esa forma 183 CDs con intervenciones telefónicas de su ex pareja, sus padres, hermanos y amigas. Incluso se mencionó en la imputación de que iba a retirar personalmente los materiales a la sede local de la Dirección Nacional de Captación de Escuchas.

La causa cobró impulso el 7 de agosto de 2017, cuando un empleado de Rodrigo detectó que uno de los teléfonos que tenían en la investigación por los desarmaderos de autos era de una compañera de trabajo y denunció a su superior. Eso le valió tener custodia policial por temor a represalias. La investigación fue asignada a Natalia Benvenuto, ya que era de otra jurisdicción, en este caso, de la localidad de Cañada de Gómez.

Ni bien trascendió la investigación en su contra, el fiscal tramitó una licencia psiquiátrica. El 11 de agosto de 2017, cuatro días después de que se desatara el escándalo, el fiscal general Jorge Baclini lo suspendió preventivamente por solicitud de la auditora del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich. Antes de que las autoridades analizaran la posible destitución, renunció a su cargo el 25 de agosto de aquel año y el entonces gobernador Miguel Lifschitz se la aceptó.

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