El 28 de septiembre de 1990, el albañil Andrés Nuñez murió luego de ser detenido por policías bonaerenses. Cinco años después, uno de los efectivos confesó dónde estaba el cadáver. Al cumplirse 32 años del fatídico episodio se harán actos en su memoria y no solo se exigirá la fecha de inicio del juicio sino también un pedido para profundizar la búsqueda del policía acusado de comandar el secuestro.
La esposa de Nuñez, Mirna Gómez, encabezará dos actos en homenaje y pedido de justicia. En 1990, el hombre fue detenido en la ciudad de La Plata y, según se supo posteriormente, efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Plata lo torturaron hasta matarlo. Ahora, su familia espera que se de inicio al juicio contra 3 policías acusados de encubrir el caso.
Como parte de los actos, Gómez reveló que se colocará un busco en el Museo de la Memoria y el sábado 1 de octubre se hará una “jornada de lucha en la Plaza San Martín de La Plata para seguir reclamando justicia por Andrés”, indicó. Además, hará un pedido para la “búsqueda real del policía Pablo Gerez que está prófugo hace como 30 años” y es acusado de haber comandado el operativo.
Al respecto, la mujer detalló que se ofrece una recompensa por Gerez que es de “entre 2 y 4 millones de pesos”. Durante la golpiza que sufrió Núñez, estuvieron presentes otros policías que no intervinieron para frenar el hecho, por eso, Gómez consideró que también son torturadores y “estamos exigiendo la inmediata fecha de inicio del juicio contra los policías encubridores”.
El caso conmocionó al país en la época, dado que Núñez volvía de jugar al fútbol cuando fue detenido por una presunta investigación en torno al robo de una bicicleta. Estando en la dependencia policial, le colocaron una bolsa en la cabeza y lo golpearon en el estómago hasta ocasionarle la muerte. Luego llevaron el cuerpo a un campo en la localidad de General Belgrano, el cual estaba al cuidado del primo de Gerez.
En el predio los efectivos incineraron el cadáver de Núñez dentro de un tanque australiano en desuso. En 1995, es decir cinco años después del homicidio, el policía José Daniel Ramos decidió revelar dónde estaba el cadáver a cambio de recibir un beneficio en la causa judicial y fue así que hallaron el cuerpo.
A partir de la investigación realizada, en 2010 se condenó a prisión perpetua a Víctor Dos Santos y Alfredo González; la misma sentencia fue definida para Luis Raúl Ponce, a quién capturaron en Junín de los Andes durante 2012 y tras 22 años prófugo de la justicia.
Por su parte, Manuel Bouchoux abogado de Mirna Gómez reveló que por pedido de Casación, “se activó el juicio para 3 policías que estaban en la dependencia ese día, aunque no estaban en la sala de torturas”. De hecho, detalló que de los 3 policías, dos “no están presentes en el proceso, deben ser ubicados, pero esperemos lo sean pronto”.
En la causa, el ex policía Carlos Gustavo Veiga fue imputado por allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad, mientras que Zabala y Carrizo estaban en la dependencia policial mientras Núñez era torturado, por tal motivo, se los imputó por delito de omisión de impedir tormento. Además, se planteó que el policía Pedro Costilla también participó y si bien dicha situación no fue certificada en el expediente, ya habría fallecido.
Hasta el momento, Gerez es el único expolicía que continúa prófugo y de manera periódica suelen surgir datos sobre su posible paradero. De hecho, “se demoró a una persona bajo sospecha pero el cotejo de huellas dio negativo”, detalló Bouchoux.
Si bien pasaron más de tres décadas desde el crimen de Andrés Núñez, el abogado destacó que “la Sala II de la Cámara ya mandó la causa a Fiscalía para que ofrezca prueba, luego va a la defensa, y luego a nosotros como representantes de la víctima, por lo que esperamos que este juicio se inicie el año próximo”.
En agosto, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires resolvió que teniendo en cuenta que el hecho ocurrió en 1990 sumado a “lo peticionado por el Dr. Bouchoux en su carácter de particular damnificado, la Presidencia de la Alzada departamental deberá arbitrar los medios necesarios a los fines de la celebración del debate con el propósito de no irrigar mayores dispendios que retrasen la realización del debido juicio”, informó Télam.
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