
Ya no hacen secuestros así, no en este país, no hace años. Hace falta cierta clase de criminal para llevarlos a cabo. El mensaje de WhatsApp fue enviado a Medellín, Colombia el 20 de agosto por la noche. Decía, en palabras terribles:
“Mire, no traten de ganar tiempo para un rescate, eso no es una solución porque lo tenemos fuera del territorio, ya han han habido avanses (sic) y por eso hemos aflojado”, afirmó el hombre del otro lado del teléfono. “A ustedes no les conviene que la ley se nos siga acercando”, continuó: “Porque les aseguro que si llegan cerca de donde está él antes de que lo rescaten nos tocará eliminarlo... La forma es hablar bien y avanzar con abonos”. Dijo que no habría forma de huir. Su selección de palabras para expresarlo fue acertada, quirúrgica. “Objetivo militar”, aseguró.
“Ustedes verán si se siguen perjudicando y escondiendo hasta que los encuentre... y les cobre con sangre, sin hablar, ni darle más oportunidades. Se los aseguro porque eso es robarnos. Y los ladrones tienen su trato”.
Luego, la retórica fue peor: “Empezamos a dar de baja a uno por uno hasta que nos paguen, pueden estar en Rusia, Holanda, España, en la USA, en cualquier parte del mundo, nosotros tenemos gente y vamos hasta el final hasta que nos paguen”.
Eso.
“Hasta que nos paguen”.
Del otro de la línea, en algún punto del conurbano bonaerense, J.B, empresario oriundo de Medellín, su suegra, su mujer y su hija bebé de dos meses esperaban a punto de pistola la liberación o la muerte. Sus captores pedían diez millones de dólares.

Los habían capturado hace ocho días, luego de que un comando de colombianos y argentinos irrumpió en el Country Golf Club Argentino de José C. Paz para llevárselos con fuerza extrema. Los criminales pensaron en todo. Hasta habían alquilado una propiedad por AirBNB para quedarse en el lugar.
Primero, fueron por la mujer y la bebé. Luego, esperaron a Benavides luego de que llegara a bordo de una camioneta Ford Ranger, acompañado de su custodio. Cuando el custodio se fue a comprar cigarrillos, atacaron.
La violencia fue elocuente: lo golpearon, lo lanzaron al suelo, lo ataron de pies y brazos y le vendaron los ojos mientras le exigían las claves de sus teléfonos. Lo desvalijaron luego. Se llevaron 200 mil dólares, cuadernos con contraseñas, wallets físicas de criptomonedas, un relox Rolex, dos cadenas -una con cadenas de diamantes blancos
J. había huido de Colombia junto a su familia, aseguran investigadores, tras supuestos negocios en criptomonedas que lo hicieron rico pero que arruinaron a otros, un desfalco. Llegó a fines de abril a la Argentina, de manera legal, yendo de un alquiler temporario a otro. Se cree que vino en familia a empezar de cero, comenzar una nueva vida con mucho dinero en el bolsillo. Ni siquiera tenía un documento argentino, nada que se le parezca.
También, se cree que su secuestro fue una posible venganza.

El custodio fue liberado como emisario para negociar el rescate, logró volver a Colombia. Allí, aseguró a la madre de Benavides que lo había capturado una supuesta célula del Cartel de Otoniel, el alias de Dairo Antonio Úsuga David, uno de los mayores capos colombianos de la actualidad.
La suegra, la hija y la mujer del empresario fueron liberadas, intentaron salir del país pero fueron frenadas en Ezeiza, una alerta migratoria pesaba sobre ellas. Las negociaciones ciertamente avanzaron. Incluso se llegó a evaluar la entrega de un departamento en Cali, se habían reunido los papeles.
Al final, no pagaron nada. Tras una investigación policial a cargo del Juzgado Federal de Campana, con la Sub DDI de Pilar de la Policía Bonaerense, la división Antisecuestros de la Policía Federal y el fiscal Sebastián Bringas, J.B fue encontrado en una casa del barrio cerrado Parque Irizar en Pilar junto a cuatro de sus captores y una Colt calibre .38. Al final hubo trece detenidos, que el juez Adrián González Charvay procesó este martes por secuestro extorsivo, con embargos de ocho millones de pesos a cada imputado. Fernando Magallanes, remisero, oriundo de Palomar, de 23 años, apodado “Messi”, fue arrestado como partícipe de la banda. Su auto Nissan fue visto cerca de la Ranger de la víctima, entre otros vínculos clave para la operación que terminó en el secuestro.
Una alta fuente en la Justicia federal confirma a Infobae que todavía no se encuentran acreditados los vínculos entre los acusados y el Cartel de Otoniel: la versión viene, principalmente, de J.B mismo.
Sin embargo, una pregunta básica queda: ¿vino al país un comando entero de delincuentes colombianos para secuestrar a un compatriota en suelo argentino? Muchos de los acusados no registran un ingreso al país, entraron de forma ilegal. La respuesta a esa pregunta, a la luz de los hechos, asegura un hombre clave en la Justicia federal, es SÍ.
Hubo una jugada previa al secuestro en el country, sumamente llamativa. Ocurrió el 30 de julio en la playa de estacionamiento del centro comercial denominado Torres del Sol, ubicado en la Colectora 12 de octubre de la Autopista Panamericana, en la zona de Pilar.
Allí, dos ex policías de la Bonaerense, Fernando Canda y Juan de Dios Romero, supuestamente intentaron llevarse a J.B a bordo del Nissan que Magallanes conducía y que fue alquilado por uno de los captores colombianos, con un Fiat Siena de auto de apoyo. Fue un intento de falsa detención, según la causa: vestían chalecos y apuntaban con armas. “Están detenidos, ¡policía!”, gritaron. También estaba presente el custodio de J.B. Pidieron auxilio, gritaron, lo que frustró la maniobra. Luego, las víctimas formularon una denuncia en la Justicia. Doce días después, la banda atacaba en el country. Los dos ex policías cayeron el 16 de agosto, con J.B todavía cautivo. Les encontraron el Siena. Una hipótesis
Canda, de 35 años, oriundo de Laferrere, había salido de la fuerza en 2015. Sus registros lo muestran como empleado de una empresa de salud hasta semanas antes del primer ataque. Cuando lo allanaron le encontraron su vieja credencial, una tonfa, chalecos refractarios. El ex policía también tiene una vieja historia. Fue juzgado en 2012, acusado de homicidio simple cometido con exceso en la legítima defensa, un proceso a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 4 del Departamento Judicial La Matanza.

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