El Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de La Matanza dará a conocer hoy el veredicto tras el juicio por el crimen de Roberto Sabo, el kiosquero que fue asesinado a balazos en noviembre de 2021 durante un asalto a su comercio en la localidad de Ramos Mejía. La lectura del fallo, con Leandro Daniel Suárez como único imputado, se llevará a cabo esta tarde después de las 14 de manera virtual.
El jueves pasado, el fiscal Sergio Alejandro Antín pidió que el acusado sea condenado a prisión perpetua, al asegurar que no existió un forcejeo entre la víctima y el homicida. Además, aseguró que el acusado “ejecutó” al comerciante de cuatro disparos. En su alegato, el funcionario judicial le pidió al TOC que condene a Suárez por los delitos los delitos de homicidio agravado criminis causae y robo agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad.
Del mismo modo, los abogados Fernando Burlando y Humberto Próspero, quienes representan como particular damnificada a la familia de Sabo, pidieron la máxima pena para Suárez. La defensa del acusado, por su parte, solicitó una condena de 15 años de cárcel por homicidio en ocasión de robo.
El asesino de Sabo no negó su responsabilidad, pero en la cronología de lo ocurrido intentó presentar un nuevo detalle. Según su versión, cuando escapaba del kiosco, Sabo se le abalanzó y lo tomó de lñas piernas. En ese momento, y siempre en base a los dichos del imputado, se produjo un forcejeo y fue ahí que disparó en cuatro oportunidades contra el comerciante.
La autopsia determinó que uno de esos proyectiles, de calibre .22 y disparado a corta distancia, lesionó el lóbulo de la oreja izquierda y después ingresó por el costado izquierdo del cuello y en la clavícula de la víctima. La bala quedó en el hombro. Otro de los disparos entró por el labio superior y salió por la encía. El tercero también fue desde cerca: le dio en el tórax y le perforó los pulmones y en el corazón, donde quedó alojado. Finalmente, el último tiro lo encontraron cerca del colon.
Según los que representan a la familia, la defensa de Suárez intenta quitarle el delito de robo criminis causae, que lo condenaría a perpetua, para instalar el de robo con resultado de homicidio.
Este cambio lo llevaría a una pena menor, que va de 10 a 25 años.
Tras el relato de Suárez, los abogados querellantes realizaron una serie de preguntas al acusado para desmoronar la estrategia. Según sostuvieron a Infobae, el imputado no supo cómo responderlas, alegando que no recordaba ciertos detalles del día del hecho. Sin embargo, el imputado tuvo presente algunos otros pasajes de lo ocurrido, como que antes de salir a robar había consumido alcohol y pastillas.
Así, para la querella, su declaración fue considerada como débil, ya que se notó que su única intención era reducir su posible condena a prisión perpetua. Cuando Suárez decidió declarar frente a los magistrados Diego Burgueño, Arturo Gavier y Lucila Pacheco, el padre de Sabo, Pedro, se quedó a escuchar el relato del imputado, mientras que los hijos de la víctima optaron por abandonar la sala.
Además del testimonio de Suárez, los jueces escucharon la declaración Paula, viuda de Sabo, quien constató el faltante de dinero y de algunas de las pertenencias de su esposo, sustraídas tras el crimen.
El asesinato de Sabo ocurrió el domingo 7 de noviembre de 2021. Suárez y una adolescente de 15 años llegaron hasta el kiosco a bordo de un remise que tomaron en Ciudadela. Armado con una pistola semiautomática calibre 7,65 y un revólver .22, el imputado le robó 10 mil pesos al comerciante y le disparó a quemarropa cuatro tiros.
Al momento de la fuga, el presunto asesino y su cómplice le robaron el auto al remisero que los había trasladado, pero lo chocaron a los pocos metros. Luego, decidieron ingresar a un supermercado de la zona para esconderse entre la gente y le sustrajeron la moto a un repartidor, pero no lograron concretar la huida: finalmente fueron detenidos en la zona.
Suárez volvió a la cárcel a poco más de un año de haber recuperado la libertad tras haber cumplido en agosto de 2020 una condena de casi seis años de prisión en un penal federal por dos robos.
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