Para la Justicia, “Marcos” nunca se rindió. El hombre acusado de ser el inclaudicable señor de la cocaína en la Villa 1-11-14, el narco porteño definitivo, estuvo preso durante años, lo condenaron a 24 años de cárcel, condenaron a su mujer, a su suegra, a la amplia mayoría de su banda. Pero nunca rescindió el negocio, luego de tomar el poder a fines de los años 90s. Lo operó tras las rejas, a través de testaferros, compartió el poder en los pasillos del Bajo Flores para sobrevivir.
Fue un distinto. Vivió con opulencia en un country de Ezeiza con sus iniciales en el fondo de una pileta de lujo mientras sus competidores se rodeaban de ladrillo hueco sin revoque. Duró más que tantos otros, como Alionzo “Ruti” Mariños, su histórico socio, que intentó exterminar a su banda en una procesión religiosa de la comunidad peruana en el asentamiento, un macabro golpe ocurrido en 2005 que terminó con cinco muertos, entre ellos un bebé. El Bajo Flores nunca dejó de trabajar bajo su marca en el sistema de turnos y la distinción entre cocaína cara y barata, la “alta” y la “baja”, diferenciadas con precintos rojos y negros. Ese sistema sigue hasta hoy.
Así, la historia de “Marcos” atravesó generaciones de traficantes, sicarios, soldados, satélites y mulas enviadas desde Lima con droga de alta pureza en el estómago. También, atravesó generaciones de adictos, cuyas vidas destruyó por una bolsa de polvo.
Y hoy, finalmente, “Marcos” se fue.
Lo deportaron de vuelta a Perú en la madrugada del martes. El operativo fue realizado por la división Asuntos Migratorios de la PFA, que depende de la Superintendencia de Delitos Federales. Un convoy de 8 móviles con efectivos federales (entre los que se hallaban detectives de la División Asuntos Migratorios e integrantes del grupo especial GEOF) se hizo presente en el penal de Marcos Paz, donde Estrada estaba preso.
Sin embargo, instantes antes de salir y con el objeto de evitar posibles filtraciones, o un ataque de su banda para liberarlo, la Federal realizó un cambio sorpresa: aterrizaron un helicóptero y lo trasladaron por aire al aeropuerto de Ezeiza. Así, descendió del helicóptero flanqueado por efectivos fuertemente armados.
La decisión de deportarlo fue tomada el mes pasado por el Tribunal Oral Federal N°3 tras un pedido de la PROCUNAR, el ala de la Procuración encargada de investigar delitos de narcotráfico con el fiscal Diego Iglesias, que históricamente persiguió a “Marcos” junto con otros funcionarios que integraron el Juzgado Federal N°12.
“De alguna manera se tenía que ir. Esta es la única forma que tenemos para disminuir el poder de la organización. Porque ya tiene tres condenadas y nada cambia. Entonces pedimos que lo echen lo antes posible y es lo que resolvió el Tribunal”, dijo a Infobae una fuente judicial del caso. El razonamiento era obvio: la cárcel no era ningún impedimento para que opere.
El vuelo de la empresa Sky Airlines en el que fue enviado a Lima partió poco después de las 5 AM: un comisario inspector y dos sargentos primeros de la PFA custodiaron al capo. Personal diplomático de Perú también fue anoticiado del operativo.
Con “Marcos” en el aire, la Justicia y la PFA envían una señal al negocio narco del Bajo Flores, pero la paradoja es doble. Primero, qué hará el capo con su nueva vida, y qué harán sus segundas líneas y posibles sucesores: si pactarán con la paz o avanzarán hacia un baño de sangre.
Una guerra de sucesión narco suele ser una cosa grotesca. Los que vienen detrás rara vez tienen la cabeza fría de sus viejos jefes. En los últimos meses, el poder fue compartido entre “Marcos”, su hermano “Pity” y “Dumbo” Martínez Maylli, prófugo hace más de un año. Varios viejos lugartenientes fueron convocados desde Perú para ayudar a controlar la situación. “Los Antiguos”, los llamaban.
El relajamiento del control de Gendarmería en los barrios en la era de Sabina Frederic como ministra fue un factor en la balanza de los últimos años. Hoy, con Aníbal Fernández como ministro, fuentes en el Ministerio aseguran que intensificarán los operativos en la zona tras la salida de Estrada.
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