La División Fraudes Bancarios, perteneciente al Departamento de Delitos Económicos de la Policía de la Ciudad, desarticuló una banda de estafadores que empleaba un sofisticado método con el que logró engañar a más de 8000 personas, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. La organización obtuvo casi 260 millones de pesos luego de efectuar al menos 100 mil débitos automáticos de tarjetas de crédito, sin que sus titulares lo aprobaran.
La investigación se inició luego de que miles de persona desconocieran pagos hechos con sus tarjetas a la empresa Taxi Fronteras S.A. por viajes que nunca se realizaron. La compañía estaba dada de alta en la Inspección General de Justicia (IGJ), radicada en el barrio porteño de Boedo, e incluso figuraban sus autoridades, quienes finalmente serían detenidas luego de casi dos meses de seguimientos y trabajo de campo por parte de los investigadores.
“‘Revivieron’ la empresa, pusieron dos presidentes de 20 años y con una base de datos empezaron a facturar los viajes”, afirma una fuente con acceso al expediente.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, los sospechosos fueron identificados como Thomas Joaquín Caricato, titular de la empresa; Cristian Daniel Athanasieva; Rafael Gustavo Fiocchetta y Rodrigo Nicolás Bucchioni Fernández. El Boletín Oficial marca un ingreso de mayo de 2019 en donde Caricato y Athanasieva se convertían en los nuevos directivos de la firma, que había sido registrada registrada en el rubro de taxis de la AFIP en 2013, dormida comercialmente, con una rescisión de ART que data de 2017. Ambos sospechosos tienen 24 y 27 años: Caricato está registrado como empresario en el fisco, Athanasieva en el rubro de alquiler de autos.
“Son básicamente prestanombres”, asegura una fuente clave en la causa: “Los capos serían Fiocchetta y Bucchioni”.
Bucchioni tiene un perfil interesante. Con 29 años, registrado como empresario en el fisco, ex empleado de una cadena de hamburgueserías y con domicilio en Palermo, tiene un rastro de cheques rechazados que llegó a superar el millón de pesos y que lo vinculan a otras empresas y socios. Fiocchetta, precisamente, es su socio en una firma conformada en junio de 2021 de acuerdo al Boletín Oficial. Su supuesto negocio: la intermediación financiera, el mismo rubro de la AFIP en el que se encuentra registrado Fiocchetta, de 47 años, un ex monotributista que también carga con una historia de cheques rechazados.
Para realizar sus estafas, los acusados supuestamente contaban con una infraestructura jurídica y bancaria que les servía de soporte para maniobras. Los movimientos con las tarjetas de crédito, que en muchos casos eran grandes cifras, acumulaban dinero en una cuenta de un banco de dónde después era extraído. Según la investigación, a través de una base de datos bancarios obtenido de forma ilícita, fingían viajes de taxi inexistentes.
“Era información de cuentas bancarias. La base de datos era fenomenal. Tenían a una empresa que, por ejemplo, contrataba a la empresa original y le hacían el descuento. También había particulares. Se sospechaba que consiguieron la base de datos original de la empresa en la compra, pero no hay registros. Hay todo tipo de damnificados. No se sabe si es phishing, captura de datos, o fueron por una lista fija”, continúa un detective.
En la investigación, a cargo de la jueza Alejandra Aillaud y la Fiscalía N°60, se recibió también la colaboración de las entidades bancarias, que aportaron datos sobre el titular de la empresa y de la cuenta. Fue así que obtuvieron la información necesaria para analizar los movimientos bancarios y dar con el paradero de los cuatro imputados. Hubo un paso muy simple que los hizo caer: las empresas de tarjetas de crédito comenzaron a reportar movimientos de stop debit, al ver que los usuarios desconocían las transacciones

Pero antes de la detenciones, la Justicia llevó adelante una maniobra ingeniosa: jugó con la desesperación de los imputados. Es que según confirmaron las fuentes a Infobae, luego de tener la información sobre las cuentas, decidieron congelar sus fondos y esperaron a que se acercaran hasta la sucursal de origen (una dependencia del Banco Galicia), ubicada en la localidad de Lanús, para retirar el dinero.
Ubicados en las inmediaciones de la sucursal, los policías, acompañados por efectivos de la DDI de Avellaneda, observaron cómo la banda insistió en poder sacar el dinero que de repente estaba congelado. Esperaron algunos días y fue entonces cuando decidieron actuar y arrestarlos.
Al momento de las capturas, les incautaron seis teléfonos celulares, 3.670 dólares, 6.800 pesos y los dos autos que usaban para moverse: un Fiat Cronos y un Renault Clio. De acuerdo con la investigación, los cuatro estafadores llegaron supuestamente a obtener un total de 258 millones de pesos y afectaron a un total de 8343 personas.

De la investigación participaron también la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 60 de la Capital Federal. Con el fin de recabar más pruebas, la jueza Aillaud ordenó realizar allanamientos en varios de los domicilios de los imputados, tanto en provincia de Buenos Aires como en la Ciudad.
Los detenidos fueron trasladados a las Alcaidías 6 y 13, donde quedaron a disposición de la Justicia, y continúa la investigación para dar con más lazos de la banda. Los autos, por lo pronto, fueron llevados a la playa judicial de la Policía de la Ciudad. Según indicaron las fuentes, por los documentos encontrados en las casas de los sospechosos, la División de Fraudes Bancarios cree que las ramificaciones de la banda podrían ser todavía más extensas y por eso la investigación no está cerrada. Hay, para empezar, varias empresas vinculadas a los sospechosos.
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