El caso de Facundo Molares Schoenfeld es una de los más paradigmáticas en la historia reciente de la violencia latinoamericana. Fotoperiodista, argentino, de 46 años, con domicilio registrado en Trevelin, provincia de Chubut, Molares Schoenfeld fue identificado en noviembre de 2019 por la Policía boliviana en Santa Cruz de la Sierra, en la localidad de Montero, tras ser herido de bala.
Así, quedó bajo arresto, internado en medio de una fuerte crisis de salud, con reclamos realizados desde Argentina para su bienestar y la revisión de su caso para que sea repatriado. Su estado era delicado: había contraído COVID, presentaba una falla renal.
Molares Schoenfeld había viajado en 2018 a Santa Cruz de la Sierra, procedente de Colombia, para cubrir las elecciones bolivianas para la revista digital Centenario. Pero las sospechas eran graves. Según las autoridades bolivianas, Molares Schoenfeld había sido un supuesto miembro de la organización armada FARC en Colombia y había llegado a Bolivia para actuar como “instructor”, con el alias de “Camilo El Argentino”.
Evo Morales mismo pidió que Molares sea repatriado a la Argentina: fue un tema a tratar en la agenda de la reunión bilateral entre Alberto Fernández y el presidente Luis Arce. En noviembre de 2020, gracias a una gestión también por el canciller Felipe Solá, Bolivia revisó su caso bajo el argumento de que recibió tratos crueles y degradantes durante su detención bajo el gobierno de Jeanine Áñez. “En relación con la causa de Facundo Molares Schoenfeld, detenido en el Estado Plurinacional de Bolivia, la Cancillería argentina, a través del Consulado General de nuestro país en Santa Cruz de la Sierra, presentó una nota oficial al Juzgado interviniente, con copia a instancias superiores, marcando la urgencia de considerar la cesación de la prisión preventiva a la que se encuentra sometido el ciudadano argentino”, afirmó Cancillería en un comunicado de octubre de 2020.
Con el tiempo, Molares regresó al país para asentarse de vuelta en Trevelin. En los últimos meses, varios medios bolivianos aseguraban que el argentino seguía en Bolivia, aunque había vuelto a la Argentina de manera legal. Hoy domingo por la tarde, la división Interpol de la Policía Federal lo arrestó en la localidad chubutense: Colombia había puesto una circular roja sobre su cabeza.
El delito por el que se lo busca está relacionado, precisamente, a las FARC y a uno de los secuestros más agónicos de su historia: el del concejal Armando Acuña, cometido el 25 de marzo de 2009 en el municipio de Garzón.
El pedido emitido el 13 de octubre último por las autoridades colombianas desde la Fiscalía 162 Especializada DECOD Florencia incluye las calificaciones de secuestro extorsivo agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de fuerzas armadas y uso ilegal de uniformes e insignias.
Según información de la causa a la que accedió Infobae, Molares Schoenfeld está señalado como el supuesto responsable de capturar a Acuña, secuestrado en plena sesión y capturado durante más de un año. El argentino no fue acreditado en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la vieja guerrilla. Así, su nombre no fue incluido en negociaciones.
El truco para capturar a Acuña fue sumamente cruel. Un comando armado de la guerrilla -que pretendían ser militares colombianos y estaban vestidos como tales- entró el recinto del Concejo de Garzón, interrumpieron la sesión y obligaron a los asistentes a protegerse de una bomba que supuestamente estallaría.
Los concejales entraron en pánico, mientras los guerrilleros identificaron a los dirigentes. Se cree que pensaban llevarse a varios concejales. Sin embargo, un tiroteo protagonizado por un guardia de seguridad del edificio frustró el secuestro masivo y la columna Teófilo Forero de las FARC solo se llevó a Armando Acuña. El vigilante terminó muerto, lo mismo que un militar que intentó frenar la acción.
El 11 de febrero de 2011, tras 20 meses en la selva, Acuña fue entregado a una misión humanitaria. Ahora, queda por delante un duro proceso de extradición, en manos del juez federal Guido Otranto, a cargo en la jurisdicción. Dado el alto voltaje geopolítico del caso, el proceso -estiman fuentes alrededor del expediente- no será fácil.
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